Nacionalismo liberal en Cataluña: ¿realidad o mascarada?

En este artículo publicado en el IJM, me pregunto si existe un nacionalismo liberal en Cataluña y explico las ideas que debería aceptar todo aquel que se autodenomine liberal.

Es posible leer y oír en medios de comunicación a personas que pertenecen (o están vinculados) a grupos nacionalistas catalanes (CIU, ERC) que aseguran mantener posturas liberales, y que incluso se definen como tales. Ante esto, cabe preguntarse si verdaderamente se está gestando una masa crítica de nacionalistas liberales en Cataluña, lo cual sería bueno y deseable desde mi punto de vista. Será necesario someter a estudio su ideario para ver si coincide con los postulados básicos del liberalismo. Comprobar, en definitiva, si defienden la mayoría de las ideas liberales o sólo aquellas que apoyen sus tesis nacionalistas. Para ello, mi intención es comentar los conceptos que creo que deberían ser aceptados por todo aquel que se considere defensor del individuo para que puedan ser aplicados al caso catalán.

Empecemos por el derecho a la autodeterminación. Pese a que es una postura que genera controversia, la secesión forma parte del pensamiento liberal. El liberal está (o debería estar) a favor del derecho a la secesión, es decir, a que una parte de los ciudadanos de un territorio decidan (libremente), mediante plebiscito, separarse del Estado del que hasta ahora forman parte. Para ser exactos, de lo que se estaría a favor es de hacer posible que los individuos se organicen políticamente de forma libre. Son los individuos, y no un ente colectivo, quienes deben decidir si pertenecen o no a un determinado Estado. En este sentido, una hipotética secesión de Cataluña debería ser contemplada como legítima, al menos a priori.

Lo cual no significa que la nación resultante vaya a regirse por principios liberales. Nada nos asegura que la parte secesionada vaya a ser más próspera económica y socialmente. Dependerá, en cada caso concreto, del rumbo de las políticas del nuevo Gobierno regional. Si bien es cierto que el reducido tamaño puede inducir a la moderación y a la limitación gubernamental debido a la "competencia política", tampoco existe una relación clara entre dimensión territorial y libertad económica (ver la diferencia entre Suiza y Albania). Efectivamente, un país pequeño debe competir con los demás por el capital y el trabajo, por lo que debe evitar que estos factores se desplacen y emigren hacia otros estados. Si la nueva nación secesionada desea prosperar, deberá imitar las prácticas de las sociedades más prósperas y avanzadas, es decir, deberá procurar que la intromisión en las economías y vidas particulares sea lo más reducida posible. En este sentido, la competencia política podría convertirse en un instrumento limitador (incluso más efectivo que las constituciones). Pero como hemos dicho antes, habrá que estudiar el caso concreto para comprobar si la secesión ha supuesto una mejora o un retroceso para sus ciudadanos.

Sin embargo, para los liberales el derecho de autodeterminación de las naciones no es un punto de partida, sino una consecuencia o deducción lógica de la máxima pretensión liberal: la autodeterminación del individuo. Es decir, que si fuera posible darle el derecho de autodeterminación a cada individuo, se le debería conceder automáticamente. El compromiso del liberal no es con una nación, sino con el individuo. De este hecho se extraen varias implicaciones que podríamos aplicar al caso de Cataluña.

La primera es que, en el caso de secesionarse una región, ésta no podría ejercer la violencia y la coacción para evitar que otros grupos minoritarios pudieran a su vez separarse. Se debería permitir, por tanto, la independencia dentro de la propia Cataluña. Significa esto, que si los ciudadanos de Barcelona quisieran independizarse de Cataluña, deberían poderlo hacer.

Una segunda implicación sería que un Estado no puede querer anexionarse otra región o nación sin el consentimiento de sus habitantes. Lo cual significa que, desde una perspectiva liberal, es inadecuado e inmoral hablar de la existencia y unión de los Països Catalans, ya que los habitantes de estos territorios no han mostrado expresamente su deseo de articularse políticamente con Cataluña (sino todo lo contrario). Querer anexionarse las Islas Baleares, Andorra, la Comunidad Valenciana, el Rosellón, la Franja de Aragón, la ciudad sarda de Alguer y la pequeña comarca murciana de El Carche supondría desconocer y violar el principio de autodeterminación.

Otra deducción lógica del principio de autodeterminación del individuo sería que el ciudadano debe poder elegir la lengua en la que expresarse y comunicarse con los demás. Debe existir, por tanto, liberalización lingüística. El liberal estará en contra de la imposición estatal de las lenguas, es decir, a que el Gobierno obligue a los ciudadanos a utilizar una determinada lengua ya sea en la educación, en su negocio o en cualquier otro ámbito. También debería ser considerado un ataque a las libertades individuales las subvenciones que directamente busquen favorecer una determinada lengua con respecto a las demás lenguas oficiales.

Relacionado con éste, está la libertad de educación. Una persona que se considere liberal deberá creer firmemente en una educación libre de intervenciones estatales que determinen qué asignaturas se deben cursar, en qué lengua deben darse y el contenido concreto de las mismas. Hay que oponerse a la regulación política de la enseñanza para que no acabe siendo un instrumento al servicio de los gobernantes.

Por último, también hay que señalar otras implicaciones (especialmente importantes en los tiempos actuales de crisis) que deberían ser asumidas por todo aquel que se autodenomine liberal: la eliminación de las intervenciones estatales en la economía, la disminución de los impuestos y del gasto público, la supresión de políticas expansionistas por parte de los bancos centrales y el cese de las emisiones de deuda pública, entre otros.

Es relativamente sencillo, entonces, determinar si existe un movimiento nacionalista liberal en Cataluña. Si comparten la inmensa mayoría de estos principios básicos que hemos señalado, su existencia será una (grata) realidad. Serán liberales, porque defienden al individuo ante todo. Entienden que el individuo está por encima de cualquier misticismo colectivista. Si por el contrario, no son capaces de hacer suyas las ideas expuestas anteriormente, será verdaderamente difícil hablar de nacionalistas liberales. Por tanto, habrá que resignarse y concluir que no son una realidad, sino una mascarada. Una mascarada nacionalista contra el individuo.

El error de las ayudas al sector del automóvil

En este artículo publicado en el Instituto Juan de Mariana explico las razones por las que creo que las ayudas y subvenciones directas al sector del automóvil serán contraproducentes.

El sector del automóvil está sufriendo un fuerte frenazo. Considerado por muchos analistas como la columna vertebral de la industria española, este sector significa el 8,5 % del PIB, el 25% de las exportaciones y alrededor del 8% del empleo a nivel industrial. Ante este gris panorama, el Gobierno español ha decidido acudir al rescate del sector, como era de esperar.

Cuando un Gobierno decide proteger o fomentar un determinado sector de la economía, lo puede hacer de distintas formas: estableciendo precios máximos o mínimos, imponiendo aranceles o mediante subvenciones, entre otras. En el caso español, Zapatero ha apostado por solucionar la situación del sector automovilístico mediante ayudas y subvenciones directas, argumentando que la caída de este sector arrastraría a otros muchos sectores y, por tanto, a toda la economía del país. Mediante el plan2000E se promete una subvención de hasta 2000 euros para la adquisición de un automóvil: 500 euros los aportaría el gobierno central, 1000 euros los fabricantes y 500 euros las comunidades autónomas que lo deseen.

Es cierto que la crisis de un sector como el automovilístico es perjudicial para la economía española. Pero lo que no está tan claro es que las medidas que ha propuesto el Gobierno socialista sean convenientes. Bajo mi punto de vista, no sólo no van a constituir ninguna ayuda para los ciudadanos, sino que estas medidas de intervención van a producir unos efectos contrarios de aquellos que se pretendía lograr, como expondré a continuación.

Veamos. ¿Por qué se ha visto especialmente afectado el sector del automóvil por la crisis económica? La razón es que durante una crisis económica, los individuos suelen reducir su consumo, ya sea ahorrando o atesorando. Esto sucede principalmente por dos motivos. El primer motivo es que se encuentran en una situación de incertidumbre respecto a sus futuros ingresos económicos. No saben si perderán su trabajo (si es que no lo han perdido ya), por lo que reducen su consumo para prevenir y anticipar momentos difíciles. Los primeros bienes y servicios que se resienten son los que los individuos consideran "un lujo", como es el caso de los automóviles, el turismo o el ladrillo. Estos gastos, como es lógico, se aparcan hasta que la situación económica sea más favorable y certera. Un segundo motivo por el que los individuos reducen su consumo es que observan como los precios de algunos bienes y servicios han disminuido y perciben que continuarán descendiendo en el futuro, por lo que deciden retrasar su consumo para hacerse con ellos a un menor precio en el futuro. Finalmente, a todo esto hay que unirle la dificultad de acceder al crédito (debido a la insolvencia de los bancos), cosa fundamental para la adquisición de un coche.

Ya solamente por esto que acabamos de exponer las ayudas al automóvil no funcionarán, porque como es obvio, alguien que está en paro (o cree que puede estarlo) no va a poder realizar una inversión en un coche simplemente porque rebajen su precio dos mil euros (en el mejor de los casos).

Pero es que además, las subvenciones al automóvil significan la transferencia de renta de los contribuyentes hacia ese sector. Todo lo que pierdan los ciudadanos será lo que gane el sector del automóvil. Es sencillamente un sistema de suma cero: todo lo que se les extrae a unos lo reciben los otros. Y esto significa que se transfiere riqueza coactivamente de unos sectores a otros de la economía, porque los ciudadanos no podrán gastarse el dinero que se les extrae vía impuestos en otras industrias, y éstas no obtendrán los ingresos que hubiesen tenido. El resto de industrias deberán disminuir sus ventas y restringir su producción para que se ayude y rescate al sector automovilístico. Los recursos, por tanto, no se asignarán eficientemente, ya que capital y mano de obra se trasladan a unas líneas de producción que en realidad no están siendo demandadas por la sociedad.

Se suele argumentar que hay que subvencionar directamente a la industria del automóvil porque si no dejará a muchos trabajadores en el paro en tiempos de crisis. Pero desgraciadamente para todos, es inevitable que haya desempleo en el sector. En su momento las empresas automovilísticas decidieron emprender nuevos proyectos de inversión animados por un aumento en la demanda provocada por las políticas de dinero barato orquestadas por los bancos centrales. Actualmente se han puesto de manifiesto estas malas inversiones, por lo que hay un exceso de recursos y mano de obra en ese sector debido a que los costes en que incurrieron las empresas no están realmente respaldados por ninguna demanda. La única forma de tratar esta situación de crisis es facilitar que los recursos y la mano de obra se trasladen a otros sectores más eficientes, rentables y competitivos.

Por tanto, la forma de luchar contra el desempleo en la industria del automóvil no es mediante subvenciones destinadas a intentar que las empresas conserven sus plantillas a toda costa (si no se quiere que las empresas quiebren o se vayan del país). Esto sólo significaría malgastar el ahorro de los ciudadanos, cuando lo que habría que hacer es favorecerlo, para que lo que se ahorra en bienes de consumo se invierta en bienes de producción.

La conclusión de las ayudas gubernamentales al automóvil es que, no sólo están beneficiando a un grupo a expensas de los demás, sino que están perjudicando a toda la economía del país porque se crea menos riqueza de la que se hubiera creado. No se puede querer solucionar un problema olvidando las reglas básicas de la economía. Sencillamente, perdemos y nos empobrecemos todos.

El G-20 y la persecución a los paraísos fiscales

En este artículo comento el motivo por el cual los paraísos fiscales son necesarios y por qué individuos recurren a ellos. Se ha publicado en el Instituto Juan de Mariana.

Organizaciones burocráticas internacionales como la OCDE, la Comisión Europea, las Naciones Unidas o el G-20 han lanzado un ataque coordinado a los paraísos fiscales. Todo ello apoyado por los países de altos impuestos y gobiernos ineficientes como Francia y Alemania.

En realidad, el quid de la cuestión es que los Estados necesitan financiarse. Esta es la raíz (o problema, mejor dicho) del asunto. En un principio, el cometido del Estado era permitir la convivencia pacífica mediante la defensa de la propiedad privada, el cumplimiento de los contratos y la defensa interior y exterior. Pero a partir del siglo pasado, los Estados se han atribuido un sinfín de funciones: educación, salud, pensiones, telecomunicaciones, energía, televisión, radio, entre otros (dependiendo del caso). Y evidentemente, mantener esas enormes estructuras burocráticas (de poder) es costosísimo.

¿Cómo obtiene el Estado recursos para financiarse? Básicamente puede obtenerlos mediante el cobro de impuestos, la venta de activos y servicios, endeudándose y emitiendo moneda. De todas estas vías para financiar los gastos del Estado, la principal es la impositiva.

Qué duda cabe que los Estados desearían aumentar ilimitadamente los impuestos pero se encuentran que, llegados a un determinado punto, no pueden recaudar más por mucho que sigan aumentando los impuestos. Esta es la intuición que plasmó Arthur Laffer (economista de la oferta) en la curva que lleva su nombre. En la época de Ronald Reagan, Laffer dibujo esta curva en una servilleta para explicar a Dick Cheney las ventajas de una rebaja fiscal (la servilleta está actualmente depositada en una vitrina en el Bookings Institution). La curva, que tiene forma de U invertida, relaciona el tipo impositivo medio y los niveles de recaudación. En este diagrama, se coloca el tipo impositivo en el eje de abscisas, y los niveles de recaudación en el de ordenadas. Al principio de la curva, cuando los impuestos son del 0% (es decir, no pagamos impuestos), la recaudación del Estado es lógicamente cero. A medida que se van aumentando los impuestos, la recaudación del Estado empezará a aumentar desde cero hasta alcanzar un punto máximo. En este punto se encuentra el tipo impositivo "óptimo", ya que es el que produce los mayores ingresos para el Estado. A partir de este momento, si el Estado continúa incrementando los impuestos, su recaudación irá descendiendo progresivamente, hasta llegar a cero en el caso de un gravamen del 100% (porque nadie se molestaría en trabajar si sabe que perderá todo lo que gana).

Pese a que tanto el tipo de gravamen óptimo como la forma de la curva no se pueden conocer/calcular (y además varían de un país a otro), la curva de Laffer es una intuición sencilla e interesante porque nos dice que a partir de un cierto nivel de impuestos, el Estado va a ingresar menos. Este descenso en la tributación se pueden deber a diversas causas: destrucción de la producción, porque los proyectos dejan de ser rentables y se abandonan (o ni se empiezan); sustitución de trabajo por ocio; o porque propician el fraude y la evasión fiscal hacia paraísos fiscales.

Pero estas son solamente consecuencias de la principal causa: los ciudadanos sienten que la presión fiscal es excesiva. Sufren esta carga impositiva en su vida diaria. La defensa del individuo debe empezar por evidenciar esto, y señalar claramente que esta confiscación es ilegítima e injusta porque las personas son dueñas de sí mismas y, por tanto, de lo que producen. Es en este sentido que el individuo ve a los paraísos fiscales como verdaderos refugios (hay que recordar que tax haven no significa paraíso sino refugio fiscal). Es decir, se refugia en destinos donde la actividad económica esté menos gravada. Y es que mientras las regulaciones no son exageradas, los ciudadanos no suelen oponerse a ellas. Pero llega un punto en el que los ciudadanos ("contribuyentes" se les denomina) no están dispuestos a aguantar más imposiciones. Consideran que el tipo es demasiado alto y empezarán a dejar de pagar impuestos, ya que será más rentable el fraude (o el ocio) que el trabajo y la inversión. Dicho de otra manera, cuando los impuestos son excesivos, la gente tenderá a no obedecer la ley.

La existencia de los refugios fiscales es positiva porque promueve la "competición fiscal" entre los países. La globalización ha reducido las barreras entre naciones facilitando el flujo de capitales y trabajo de unas a otras, por lo que los políticos sienten la necesidad de bajar los impuestos para que los trabajadores y las inversiones no crucen la frontera. Que los Estados compitan entre ellos ha provocado recortes de impuestos y diversas reformas fiscales (aunque quizás no tanto como desearíamos). Si no existiese esta presión competitiva, no tendrían ningún incentivo para llevar a cabo esas reformas.

La existencia de los refugios fiscales es, además, un imperativo moral. Y es que existen países del mundo (la mayoría) en los que no se respetan totalmente los derechos humanos. Se persiguen a minorías étnicas, religiosas y sexuales; la corrupción y las expropiaciones son muy corrientes y habituales; existe una gran inestabilidad política y económica; y se violan continuamente los derechos de propiedad y libertades civiles. Pues bien, la existencia de refugios fiscales es esencial para la gente que vive en este tipo de países inestables, ya que les permite proteger sus activos y propiedades. Si usted fuese un ciudadano de Zimbabwe, ¿depositaría tranquilamente sus activos en un banco zimbabwense sabiendo que el dictador Robert Mugabe puede confiscarlos cuando desee?

Los países que desean exterminar los refugios fiscales suelen ser los que tienen impuestos elevados. Evidentemente no les interesa participar en la "competición fiscal" que hemos comentado antes. Tienen derecho a adoptar las medidas fiscales que deseen oportunas para su país, pero no están legitimados para crear una especie de cartel internacional impositivo. Tratando de eliminar refugios fiscales están pidiendo que esos países pierdan su soberanía para favorecer a sus ineficientes estados del bienestar. Quizás habría que recordarles que las colonizaciones ya acabaron.

Artículos relacionados:

Nosotros, los "contribuyentes".
Los impuestos y la distorsión de precios.
Los impuestos y sus efectos: reducción de incentivos.

La insolvencia no se soluciona con liquidez y nacionalizaciones

En este artículo publicado en el Instituto Juan de Mariana comento que el problema de los bancos es de insolvencia y no de liquidez, por lo que es un error inyectarles más dinero y/o nacionalizarlos.

Los principales gobiernos del mundo encabezados por EEUU son conscientes de la magnitud de la crisis económica que sufrimos (la peor desde la Gran Depresión según Roubini y otros analistas destacados) y buscan desesperadamente remedios con el objetivo de aplacarla. Para hacer frente a la escasez de concesión de créditos a las familias y empresas, han tomado básicamente dos medidas: seguir inyectando liquidez y nacionalizar bancos (parcial o totalmente). Pero la aplicación de estas “soluciones” no ha aliviado la crisis en absoluto.

La primera de las medidas que implementaron fue la reducción de los tipos de interés para que se produjesen nuevas expansiones crediticias en la economía y los activos de los bancos volviesen a subir de precio. Esta es, por ejemplo, la política monetaria que ha llevado a cabo la Reserva Federal, mediante inyecciones masivas de liquidez y bajando los tipos de interés casi al 0%. Sin embargo, el problema que se les presenta a los bancos no es de liquidez, sino de insolvencia. Es decir, no es que no puedan conseguir financiación para mejorar su flujo de caja, sino que el valor de sus deudas está muy por encima al valor de sus activos. En su momento, las entidades de crédito se aprovecharon de los bajos tipos de interés para adquirir deuda a corto plazo para invertir a largo (hipotecas). Ahora los bancos son insolventes porque no pueden hacer frente a sus deudas, y eso no se soluciona con liquidez, sino liquidando malas inversiones. Bajar los tipos de interés no es la solución a un problema de insolvencia, ya que un banco quebrado no va a prestar el dinero que reciba, sino intentar saldar su deuda.

Al ver que la reducción de tipos no ha sido un buen instrumento para reactivar el consumo y el crédito, la siguiente medida que están tomando los gobiernos es nacionalizar los bancos (parcial o totalmente) al ver que hay bancos en riesgo de quiebra (cientos de pequeños bancos en EEUU). Es decir, adquirir activos inflados a los bancos para que se recapitalicen y concedan prestamos. Sin embargo, esto significa no entender el motivo por el cual se ha producido esta crisis coyuntural. En efecto, los bancos centrales, al reducir los tipos de interés de forma artificial y arbitraria, fomentaron que los bancos fuesen más flexibles y proclives a conceder créditos ya que se encontraban respaldados por ellos. Esta reducción de tipos hizo que apareciesen rentables negocios que en realidad no lo eran. Se indujo a actuar como si el ahorro de la sociedad se hubiese incrementado, cuando la realidad se trata de dinero inflacionario que han creado artificialmente gobiernos y bancos. Ahora que se han puesto de manifiesto los errores cometidos, es necesario un reajuste en la estructura productiva. Hay que liquidar los proyectos de inversión no rentables emprendidos y trasladar mano de obra y recursos productivos hacia sectores que los consumidores demanden más. Y eso sólo se efectúa mediante el ahorro voluntario de la sociedad, ya que únicamente a partir del ahorro puede surgir el crédito. Cuando los estados evitan que se liquiden las malas inversiones y aprueban planes de rescate como el del presidente Obama (838.000 millones de dólares), están consumiendo este ahorro voluntario de los ciudadanos, por lo que están agravando y alargando la crisis. En el caso de EEUU, esto puede acabar con el colapso del dólar y todo el sistema monetario. Como señaló el profesor Fekete, los activos tóxicos deberían ser liquidados inmediatamente y su titulización cancelada.

Por consiguiente, los gobiernos no deben incrementar artificialmente el crédito ni adquirir los activos tóxicos de los bancos técnicamente quebrados, sino llevar a cabo políticas que favorezcan el ahorro de los ciudadanos para financiar la recuperación económica. Y esto no se consigue mediante planes de estímulo, sino dejando que los bancos insolventes quiebren, reduciendo notablemente el gasto público, dejando de emitir deuda pública, disminuyendo los impuestos, y permitiendo que los precios de los activos inflados se ajusten.

Artículos relacionados:

Sobre las crisis económicas, los planes y demás intervenciones

Hay que abolir los Bancos Centrales

Hay que privatizar la moneda

Las crisis económicas y el desempleo

Mugabe y Keynes: únicos culpables de la hiperinflación de Zimbabwe

En este artículo publicado en el Instituto Juan de Mariana explico la hiperinflación de Zimbabwe, señalando a Mugabe como único culpable de la catástrofe que viven los zimbabwenses por aplicar políticas sociales y económicas que han fracasado una y otra vez.

De todos es conocido que Zimbabwe lleva toda esta década sufriendo una grave crisis económica. Con el dictador socialista octogenario Robert Mugabe en el poder desde la independencia del país en 1980, ha estado sumergida en una hiperinflación desde 2007. El que fuera uno de los países más ricos y prósperos del continente africano (no en vano se le denominó “el granero de África”) vio como su inflación se situaba en agosto a unos ¡230 millones por ciento! Un euro se cambiaba por 66.000 dólares zimbabwenses. La tasa de desempleo ya es superior al 90% y la moneda ha perdido totalmente su valor. Actualmente la oficina estatal de estadísticas ya ha dejado de publicar las cifras de inflación (por orden del gobierno), pero hay estimaciones que la sitúan en torno a billones por ciento. Parece claro que pasa por una de las hiperinflaciones más duras de la historia.

Esta espiral hiperinflacionaria fue iniciada y liderada por Mugabe cuando comenzó a implementar políticas inflacionistas, es decir, obligar al Banco de Reserva de Zimbabwe (RBZ) a incrementar la cantidad de dinero en el sistema económico para comprar la deuda emitida por su gobierno, lo que provocó una imparable subida de precios debido a la progresiva pérdida de valor de la moneda.

Los gobiernos utilizan la inflación para financiarse y poder realizar sus proyectos sin aumentar los impuestos (éstos son impopulares a partir de un cierto punto). En la Alemania de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, se recurrió a la inflación para financiar los enormes gastos bélicos. En el caso de Zimbabwe, se ordenó la impresión de billetes ex novo por parte del Banco de Reserva para financiar el gran déficit fiscal ocasionado por las nacionalizaciones de explotaciones agrarias en el año 2000.

El gobierno empezó a apoderarse de las explotaciones agrícolas de los blancos (fuente de desarrollo del país) para entregárselas a los negros, argumentando que de esta forma la producción y la riqueza aumentarían notablemente, además de mejorar la situación de los negros después de haber sido explotados por los blancos durante tanto tiempo.

La realidad es que lo único que ha conseguido Mugabe ha sido generar la primera hiperinflación del siglo XXI, dejar sin trabajo a casi toda la población y causar hambrunas y miseria. Ha quebrado la economía del país, ya que la producción del sector agrícola se ha derrumbado y los inversores extranjeros se han retirado completamente. Todo ello ha terminado hundiendo el ingreso tributario del gobierno provocando un enorme déficit fiscal. El gobierno reconoció hace más de un año que el déficit fiscal equivalía por aquel entonces al 40-45% del PIB.

Lenin dijo: “¿Queréis destruir una nación? Primero destruid su moneda”. Eso es exactamente lo que habrá pensado Mugabe. Su gobierno socialista creó ese dinero nuevo para que fuese gastado y utilizado en unos determinados bienes y servicios, que aumentaron de precio antes que los demás. Esto significa que no todo el mundo se beneficia por igual de esas impresiones de dinero, porque cuando el dinero entra en la economía, hay unos agentes que lo reciben primero y se benefician de él (grupos privilegiados y otros amigos del gobierno), gastándolo y consumiendo esos determinados bienes y servicios antes de que su efecto se refleje en los precios. La inflación afecta a la población de manera diferente.

Los habitantes zimbabwenses creyeron en un primer momento que la subida de precios de ciertos bienes iba a ser pasajera y que después de un cierto tiempo los precios descenderían a su nivel anterior. Pero llegó un momento en que se dieron cuenta que no se iba a regresar al escenario preinflacionario, es decir, que los precios seguirían siendo mayores mañana que hoy. ¿Qué hace la gente en estas circunstancias? Deshacerse de sus saldos de caja comprando bienes (¡incluso aunque no los necesiten!) porque los billetes quedan obsoletos rapidísimamente. Como los precios varían incluso a lo largo del día, corren a hacer colas en los bancos para retirar su dinero antes de que pierda todavía más valor. Los ciudadanos huyen del dinero y buscan sustituirlo por otros activos que conserven mejor el valor (principal función del dinero), comprando cualquier activo que pueda salvaguardar el valor de su riqueza. No es casualidad que se haya extendido el uso del oro, el dinero por excelencia.

El gobierno siguió gastando y el RBZ financiaba los gastos imprimiendo el dinero, pero la inflación nunca puede seguir indefinidamente. Tiene un límite: la muerte de la moneda. No importa si Gideon Gono (presidente del RBZ) sigue introduciendo más dinero, si sigue quitando 10 ceros a la moneda o si pone en circulación nuevas denominaciones de billetes para frenar la falta de liquidez. Finalmente la demanda de saldos de caja cayó hasta cero.

Que los ciudadanos pierdan todo el valor de su riqueza sólo parece preocuparle a Mugabe por una sencilla razón: pierde fuentes de financiación. En efecto, cuando el dólar zimbabwense colapsa, ya no puede ser utilizado como moneda de curso legal, por lo que ya no se puede exprimir más la imprenta. Pero tampoco puede recaudar más impuestos ni expropiar más tierras y bienes. ¿Cuál es la solución que ha tomado? Introducir una nueva moneda, es decir, permitir que los comercios acepten divisas extranjeras como forma de pago (la mayoría pone sus precios en dólares estadounidenses). Esta es la única manera que podrá seguir financiándose.

La verdad es que dos cosas parecen claras: que el ex-guerrillero no está dispuesto a dejar el poder en absoluto (después de casi 30 años), y que la culpa de la catástrofe que viven los zimbabwenses es sólo suya y de las políticas socialistas basadas en teorías keynesianas que aplicó su gobierno.

Y es que esta hiperinflación es fruto de seguir aplicando las mismas recetas keynesianas que han fracasado una y otra vez, es decir, políticas monetarias inflacionarias con la falsa creencia de que hay que incrementar la cantidad de dinero y el gasto público para que el desempleo desaparezca y la demanda aumente. Son estas recetas y no otras, las que han derrumbado la economía del país causando la escasez de alimentos, medicinas, divisas y combustibles; son éstas recetas, las que han provocado que la esperanza de vida haya caído hasta los 36 años y la tasa de mortalidad para los niños de hasta cinco años se haya disparado al 65% desde 1990; y son éstas recetas, las que han forzado a millones de zimbabwenses a emigrar. En definitiva: son éstas recetas y no otras, las que han convertido a “la joya” de África en una verdadera pesadilla.

11-M: la irresponsabilidad del Estado

Este artículo es mi humilde homenaje a las víctimas del 11M, donde además comento qué significaron las acciones del Estado para los individuos.

Hoy se cumplen 5 años de los atentados del 11 de marzo de 2004, también conocidos como 11-M. Madrid sufrió el mayor atentado terrorista perpetrado jamás en España. Sus 191 muertos y más de 1.500 heridos hacen imposible olvidarlo.

Yo no voy a hacer ningún análisis partidista. Todos los partidos españoles se comportaron de forma bochornosa aquellos días, intentando rentabilizar electoralmente los atentados de forma vil. Era de esperar. No creo que ninguno deba salvarse. Todos están en el mismo saco. Me interesan las víctimas, y lo que creo que debo comentar es qué significaron las acciones del Estado para los individuos, con el objetivo de ver si éste sobrepasó sus funciones legítimas. Lo cual significa reflexionar brevemente sobre la política exterior del Estado español en aquel momento para ver su responsabilidad en este asunto.

Veamos. Aunque el gobierno no entró formalmente en guerra porque sólo envió tropas destinadas a aportar ayuda humanitaria, incrementó y fomentó la hostilidad de los países intervenidos. Creo que tiene cierta lógica pensar que el apoyar de forma muy notoria la intervención en Irak, tomar partido en conflictos y estacionar tropas en otros países tuvo sus consecuencias. Tratar de vigilar y “hacer un mundo mejor, libre y democrático” para todas las naciones tiene un coste.

Directa o indirectamente el gobierno español tomo una posición de intervencionismo militar y, desde mi punto de vista, las acciones del gobierno en este sentido no protegieron a sus ciudadanos, sino que pusieron en peligro su seguridad de forma innecesaria. Mi opinión es que el Estado nos debe proteger de las genuinas amenazas externas, y no creo que Irak fuese una amenaza seria contra el pueblo español.

NOTA: No quiero que se confunda mi posición con la de los socialistas del PSOE. La diferencia reside en que mientras yo defiendo la no-intervención como principio general, los socialistas se opusieron a la intervención en Irak simplemente para sacar rédito político. La prueba está en que no tienen inconveniente en intervenir y enviar tropas a otros países siempre que lo consideran oportuno (véase Afganistán, Kosovo, Bosnia, Líbano, Kirguistán, Chad, Yibuti y otros países) o en vender armas a China, Cuba y Venezuela. Repito que no quiero que se identifique mis opiniones con la de ningún partido político. Creo que la diferencia entre el núcleo de mis posiciones y las suyas es abismal.

Volviendo a la cuestión. En cuanto a libertades individuales, no hay que olvidar que el intervencionismo militar siempre supone, en mayor o menor medida, la violación sistemática y creciente de derechos individuales y la expansión de la organización estatal. No sólo son sistemáticamente incapaces de cumplir su promesa de protegernos (función básica del Estado) y prevenir ataques terroristas sino que, además, utilizan las crisis para ampliar e incrementar su poder a expensas de las libertades y propiedades de sus ciudadanos/súbditos.

Con estas medidas intervencionistas sobre otros países, los gobiernos dificultan la armonía y la cooperación entre los ciudadanos del país y la gente de otras naciones. En vez de buscar el reducir los impuestos, el gasto militar y fomentar el libre comercio con otras naciones, hacen todo lo contrario. No contribuyen a la apertura y prosperidad económica y, desde luego, no contribuyen a “hacer el mundo mejor para todos nosotros y nuestros hijos”.

¿Quiénes pagaron el coste de los errores del Estado? Los mismos de siempre: los ciudadanos. Gente inocente, humilde y trabajadora, ajena a los conflictos creados por los Estados. Personas anónimas que se habían levantado esa mañana, como cada día, para ir a trabajar o estudiar con el objetivo de mejorar sus vidas y las de sus familias. Ciudadanos corrientes, de carne y hueso, que no persiguen los intereses y fines de un grupo de burócratas dictatoriales (sean del partido que sean), sino los suyos propios.

Nosotros deberíamos perder la inocencia de una vez por todas, y ellos deberían ser homenajeados y no olvidados. Descansen en paz.

Mises y la búsqueda de leyes universales que rigen la cooperación social

Me han publicado un artículo en la revista La Escuela Austríaca en el Siglo XXI de la Fundación Hayek con el título:

LUDWIG VON MISES Y LA BÚSQUEDA DE LAS LEYES UNIVERSALES QUE RIGEN LA COOPERACIÓN SOCIAL

Como dice Adrián Ravier (editor) en la presentación de la revista, en mi artículo ofrezco una defensa de la epistemología miseana, al mismo tiempo que presento una fuerte crítica al historicismo, al positivismo y al empirismo metodológico. También explico que para Mises, la sociedad debe organizarse de la forma que es posible organizarla, esto es, de acuerdo a las leyes que rigen la cooperación humana y no en base a cualquier utopía política.

Podéis verlo aquí (de la página 27 a la 32)

Los artículos de la revista son realmente interesantes y recomiendo mucho su lectura. El índice de la revista es el siguiente:

Una Entrevista con Ludwig Lachmann
Richard Ebeling y Gary Short

James M. Buchanan: La Política según un Economista
Adrián O. Ravier

El Mito del Monopolio Natural
Thomas J. DiLorenzo

Ludwig von Mises y la Búsqueda de las Leyes Universales que rigen la Cooperación Social
Juan Morillo Bentué

Los Efectos de la Práctica Democrática
Nicolás Cachanosky

No coloco aquí mi artículo entero debido a su extensión. De todas formas escribo aquí varios fragmentos sueltos, aunque recomiendo su lectura entera (a quien le puedan interesar estos temas…).

La investigación epistemológica de Mises estuvo dirigida a oponerse y combatir a los principales paradigmas que han dominado la ciencia económica: el empirismo, el historicismo y el positivismo.

Hay quienes han expuesto que la metodología de Mises es una construcción para apoyar su pensamiento liberal. Esto es falso. […] Si hay algo que busca Mises por encima de todo es construir una ciencia objetiva, es decir, una ciencia cuyas enseñanzas resulten válidas para todo tipo de actuación, independientemente del fin a que se aspire. Por el contrario, el enfoque político (ya sea liberal, socialista, nacionalista, comunista u otro) posee contenido subjetivo. Desea conseguir una serie de fines.

Para Mises, la sociedad debe organizarse de la forma que es posible organizarla, esto es, de acuerdo a las leyes que rigen la cooperación humana y no como “le plazca a cada uno”.

Mises creía en la existencia de leyes universales que rigen la cooperación social. Éstas son, según Mises, tan válidas, exactas y verdaderas como las de las ciencias naturales. Hay que estudiar las normas rectoras de la acción humana y de la cooperación social “a la manera como el físico examina las que regulan la naturaleza” aunque en el orden social no se da esa regularidad fenomenológica que observamos en el campo del funcionamiento del razonar humano y en el de los fenómenos naturales. Es necesario investigarlas y descubrirlas para que la Praxeología y su rama más desarrollada, la economía, “no sea una disciplina normativa de lo que debe ser”.