Sobre la escasez de agua y los trasvases

En este artículo publicado en Asturias Liberal y en Aragón Liberal hablo sobre la escasez de agua y la forma de solucionar este problema.

En cierta ocasión señaló Mark Twain que “el whisky es para beber; el agua, para pelear”. Y en España ya estamos otra vez en armas, viviendo una guerra de guerrillas que va durando ya demasiado. Todos peleándose por el agua.

Eso sí, todo ello adornado con originales malabares lingüísticos incluidos: trasvases, aportaciones momentáneas de agua, aportaciones hídricas, captaciones temporales de agua, conducciones urgentes de agua. En fin, que ya sabemos que lo mejor que saben hacer los socialistas es pervertir el lenguaje.

Vayan todos mis respetos hacia las ilustrísimas mentes pensantes que elaboran y diseñan estudios rigurosos estatales sobre trasvases, planes hidrológicos y desaladoras. Pero todos están gravemente equivocados.

La única solución para acabar con la escasez de agua es ponerle un precio de mercado, consecuencia de establecer derechos de propiedad. El problema de las leyes y regulaciones del agua es la ausencia de derechos de propiedad. Hay que introducir el derecho a poseer agua y a comprarla y venderla a precios establecidos libremente.

La falta de derechos de propiedad sobre el agua genera sobreexplotación. A menos que los individuos puedan controlar los recursos naturales como propiedad privada, los recursos serán objeto de abuso. Cuando demasiados individuos explotan un recurso sin dueño, nadie asume la responsabilidad del bien y se produce su agotamiento (y la destrucción ambiental). Esto se conoce como la “tragedia de los comunes” (Hardin). Este problema surge siempre que un recurso escaso se encuentra bajo propiedad colectiva, y no bajo propiedad individual. Ya se sabe que “lo que es del común, es del ningún”.

La introducción de derechos de propiedad claramente definidos sobre el agua incrementaría la cantidad disponible del recurso, ya que los propietarios tendrían incentivos económicos para producir y distribuir la mayor cantidad posible y evitar el despilfarro y el derroche. Se generaría una mayor eficiencia, eliminándose la escasez.

El precio del agua debe ajustarse a su verdadero coste. Debe depender de la oferta y la demanda. Cuando los políticos regulan el precio de un bien, la oferta y la demanda se distorsionan. Si el precio fijado es menor que el precio de mercado, la oferta disminuye y la demanda aumenta. Por el contrario, si el precio es mayor que el de mercado, la oferta aumenta y la demanda disminuye.

Por motivos políticos, el precio del agua es, simplemente, demasiado bajo. Los políticos han fijado el precio del agua artificialmente por debajo del precio de mercado, por lo que la demanda crece en exceso y se derrocha enormemente el agua. Es en la agricultura donde deben producirse los ahorros importantes. Los agricultores suelen tener una actitud muy ineficiente en el tema del agua. Y el gobierno motiva y es el causante de su mala gestión.

Evidentemente, el político va a argumentar que el agua es un derecho humano y debe proporcionarse gratis para que los pobres puedan tener agua. Siempre la eterna coartada de los pobres. La realidad es que a los pobres no les llega el agua ni por casualidad. Está visto que los gobiernos no consiguen solucionar el problema de la falta de agua. Sin embargo, la iniciativa privada ha conseguido llevar agua incluso a los desiertos.

No hay que ser ingenuos ni engañarse. Los grandes beneficiados no son los pobres ni los consumidores, sino los grupos de interés privilegiados que están fuertemente organizados, ejercen una gran presión política y acaban recibiendo las subvenciones. Especialmente los agricultores: el gobierno les subsidia la producción agrícola y subvenciona además el agua de riego. Y al resto de habitantes se nos dice que cerremos el grifo cada vez que nos lavamos los dientes y que nos duchemos en vez de bañarnos, cuando la mayor fuente de gasto de agua es el uso industrial y, principalmente, el agrícola (más del 70%).

Los recursos naturales no requieren un proceso de asignación diferente al resto de bienes simplemente porque puedan tener un mayor valor marginal. Es necesario definir y defender los derechos de propiedad para que la función empresarial obtenga la información necesaria, la iniciativa y el incentivo para llevar al agua donde más falta haga. Los políticos, en cambio, tienen una curiosa manera de gestionar los bienes y dar soluciones a los problemas de escasez de recursos: nacionalizan los recursos, deciden cuáles van a ser nuestras necesidades, favorece a sectores e industrias arbitrariamente, e intervienen en los precios. Como hemos dicho, los políticos benefician a los grupos de presión dando lugar a decisiones contrarias a los intereses de los ciudadanos (que nadie se molesta en defender). En fin, no es necesario insistir en la dimensión eminentemente inepta de los políticos.

Por cierto, hablando de catetos. Me aseguran que Marcel.lí Iglesias no ha dimitido todavía. Qué cosas.