¡Manos arriba, esto es una huelga!

En este artículo comento la huelga de transportistas del día 8 de Junio. Se ha publicado en Asturias Liberal (10/06/2008) y en Aragón Liberal (11/06/2008) y en Canarias Liberal (11/06/2008).


Es curiosa la costumbre que tenemos de llamar huelga a lo que claramente es una prueba de fuerza con rehenes (nosotros, los ciudadanos). Los huelguistas buscan favores y privilegios gubernamentales: o se accede a lo que piden o van a cortar carreteras, rajar neumáticos e incluso sabotear actos como la inauguración de la Expo de Zaragoza. Vamos, lo de siempre.

¿Y qué piden los asaltantes de carretas (o mejor dicho, de carreteras)? Pues entre otras cosas: el establecimiento de precios mínimos obligatorios, la prohibición de despidos y jubilaciones anticipadas. O sea, sacar dinero del bolsillo de los contribuyentes en beneficio de unos pocos privilegiados. Dicho de otra manera: socializar las pérdidas y vulnerar derechos. Y, claro está, todavía deberemos darles las gracias.

Voy a centrarme en el tema de los precios mínimos. Uno de los puntos reivindicativos de la plataforma huelguista es el siguiente:

“Normativa antidumping, especifica para el transporte de mercancías por carretera. Relacionada a precios observatorio de costes, actualizado bimensualmente. De obligado cumplimiento. Que se considere delito y sanción a quien no la respete. Precios mínimos antidumping, de obligado cumplimiento.”

Piden intervencionismo económico puro y duro. Exigen al gobierno que fije precios diferentes a los que se hubieran establecido en un mercado libre. Con los precios mínimos se pretende que todos los vendedores sitúen su producto o servicio por encima de un precio fijado arbitrariamente. Quien no lo haga, será multado o llevado a prisión.

La consecuencia es la contracción de la demanda y oferta artificial, que acaba produciendo sobrantes y excedentes (véase el caso del salario mínimo). Por lo tanto, van a existir vendedores potenciales dispuestos a vender a un precio menor que sin embargo no podrán hacerlo. Y aquí está la clave: se trata de eliminar a los vendedores que puedan vender más barato ya sea por ventaja comparativa o por otros motivos. Se trata de eliminar competencia.

Todo esto se adorna con la conocida demagogia vacía sin argumentos para ocultar intereses de estos importantes pequeños grupos que buscan beneficiarse a costa del resto de la sociedad.

Mediante los precios mínimos y las restricciones a la importación quieren apartar a sus rivales del mercado, cuando lo que nos interesa a los ciudadanos es una mayor competencia, que conduzca a un mayor acceso y una mayor variedad de productos y servicios a mejores precios.

Además quieren que los esquiroles reciban su merecido castigo. Por una parte lo recibirán de los huelguistas mediante la violencia y la intimidación de los piquetes. Éstos amenazan y agraden a los transportistas que no quieren ir a la huelga. Hay que recordar que la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), mayoritaria en el sector, no apoya el paro y considera la actitud de Fenadismer impresentable. CETM se ha quejado de las amenazas y sabotajes que ha recibido y que ha impedido el desarrollo normal de la actividad y ha pedido al Gobierno que garantice su derecho a no querer participar en la huelga, es decir, su derecho a querer trabajar.

Pero por otra parte, los huelguistas piden al Ministerio que “colabore” para que la huelga sea obligatoria, sancionando con 2.000 euros a quien se la salte. Uno de los puntos reivindicativos dice lo siguiente: “Método, norma o sistema que prohíba tajantemente cargas y descargas de conductores autónomos o asalariados. Mínima sanción de 2.000 € a los infractores. Servicio oficial del Ministerio correspondiente, con números de teléfono donde denunciar este tipo de abusos contra la dignidad del transportista.”

Es evidente que ante semejante presión callejera no debería haber negociación. Y sin embargo, el gobierno opta por las “llamadas a la calma”. Lo cual, no nos engañemos, acabará significando más subvenciones y más gasto público, cuando lo que podrían ir haciendo para empezar es reducir la fiscalidad de los carburantes y desregular este y otros sectores.