Los 110 km/h es lo de menos; el problema es el Estado

Artículo publicado en el IJM.

Ya lo decía aquél: no subestimes el poder del Lado Oscuro. A Zapatero no le ha hecho falta ni ponerse una máscara negra ni distorsionarse la voz para que nos demos cuenta de ello. Simplemente continúa con sus medidas liberticidas y sin sentido que nunca se le pasarían a nadie por la cabeza en su sano juicio y en la situación en la que se encuentra España actualmente.

Poco después de violar los derechos de los dueños de los bares al negarles la posibilidad de decidir si en su bar se fuma o no, el gobierno ha decidido tomar la medida de reducir el límite máximo de velocidad en las autovías de 120 a 110 Km/h. ¿Cuál es el motivo/justificación? Reducir el consumo energético del país, ayudándonos así a ahorrar. Toma ya. Se van superando.

No creo que haya mucha gente que se crea las explicaciones del gobierno (ya hay científicos que han demostrado que el ahorro de esta medida no llegaría ni al 2-3%). Más bien nos damos cuenta del afán recaudatorio que tiene el Estado.

Pero para mí lo preocupante del caso no son las medidas liberticidas de turno (que también), sino una serie de espantosas conclusiones a las que llegamos cada vez que se producen. Así, a bote pronto, se me ocurren algunas que ponen los pelos de punta:

1.- El Estado del Bienestar supone un continuo y progresivo avance en cuanto a la intervención y control de todos los aspectos de nuestra vida. Representa la más espectacular expansión del poder político sobre las vidas y los intereses de los ciudadanos. Instintivamente tiende a expandirse, acaparar más funciones, concentrar más poder y expoliar más dinero a los ciudadanos. Este énfasis regulador y expansionista se traduce en que es el hipertrofiado Leviatán pilotado por los políticos de turno el que se ocupa de nuestro futuro. En su afán de cuidarnos "desde la cuna hasta la tumba", el Estado se ha adueñado ilegítimamente del papel de eliminar nuestras incertidumbres y tomar decisiones por nosotros (y nuestro bien).

2.- La idea de que el Estado es un instrumento para transformar económica y socialmente las sociedades es compartida por todos los partidos políticos sin excepción. La única diferencia son los fines que se proponen alcanzar y los beneficiarios de sus políticas.


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