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Siempre he considerado que José Antonio Marina era un filósofo francamente prescindible. Sus libros no aportan absolutamente nada de valor filosófico. Es un autor sumamente sobrevalorado. Lo que yo desconocía era su locura totalitaria. Últimamente nos ha obsequiado con la siguiente perla:
"La escuela tiene que formar ética y moralmente a los alumnos. ¡No me voy a fiar de la educación moral que les den sus padres!"
Ésta es la fantástica propuesta adoctrinadora de este… “pensador”. Se supone que habrá llegado a ella después de una larga reflexión filosófica de altísimo nivel.
Voy a analizar brevemente la cuestión de la educación pública en términos morales. Para un liberal el argumento moral debe prevalecer sobre el pragmático/práctico. Por tanto, habrá que dar respuesta a la pregunta de si alguien está violando los derechos de un tercero.
Veamos. Todos reconocemos la importancia de la educación. Todo el mundo es consciente de la necesidad de proporcionar a los niños y jóvenes las oportunidades de desarrollar sus mentes y estimularlos intelectualmente. No es de extrañar que la educación sea una de las prioridades para los padres. Éstos quieren que sus hijos estén bien educados porque es importante para su futuro.
Pero surgen algunas preguntas: ¿qué contenidos estudiarán? ¿Quién les enseñará? ¿Bajo qué circunstancias? En realidad, todas estas preguntas derivan de la principal: ¿quién lo decide? ¿Tienen los padres ese derecho?
Actualmente se acepta como dogma intocable que educar es una de las funciones legítimas (¿?) del Estado y no de los padres. Así, el Estado se convierte en el responsable de la formación de los jóvenes y cualquiera que lo cuestione se convierte en poco menos que un hereje.
Y, sin embargo, esto supone la violación de una de las libertades individuales básicas del ser humano: la libertad de elegir la educación de los hijos.
En ningún caso debe estar justificado que el Estado impida a los padres contratar libremente a los educadores que crean oportuno para sus hijos. Mediante acuerdos voluntarios, deben ser los padres los que decidan quiénes, qué y cómo se enseñará a sus hijos. Y tienen todo el derecho de hacerlo según su propio criterio.
Hay que eliminar la coacción en todas las relaciones humanas. En el caso de la educación, esa relación se da entre los productores (profesores y profesionales del sector) y los consumidores (padres e hijos). El Estado interviene coercitivamente en la educación de varias maneras:
1) Financiándola a través de impuestos.
2) Obligándola por ley.
3) Estableciendo los contenidos.
4) Decidiendo quién puede enseñar y quién no.
La meta de este racionalismo constructivista (que diría Hayek) en el sistema educativo es la ilusión histórica de la ingeniería social, es decir, el intento de controlar y diseñar la estructura de la sociedad. El objetivo es fiscalizar a los ciudadanos mediante la ideología estatal para subordinarlos a los deseos de los políticos de turno. Este deseo de perpetuarse en el poder hace que se busque vigilar la información y valoraciones que se han de transmitir a los alumnos. Desde luego no es de extrañar que la educación sea obligatoria, centralizada y dirigida.
El señor Marina, que seguramente será un ferviente admirador de Esparta, debería llegar a entender que en una sociedad libre debe existir una separación entre educación y Estado y que es inmoral e ilegítimo que el Estado se entrometa en la decisiones intrafamiliares.
Es una cuestión de derechos. Por cierto señor Marina, ¿me puede usted decir en qué sentido la libertad de los padres de elegir la educación de sus hijos viola los derechos de los demás ciudadanos?
El intervencionismo en la educación nos ha llevado a una situación terminal de fracaso escolar. Pero de la educación estatal en términos de eficiencia hablaremos en otro momento.
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