Nosotros, los contribuyentes

En este artículo comento el día a partir del cual dejamos de trabajar para el Estado: el Freedom Tax Day. Se ha publicado en Asturias Liberal (20/06/2008).

El totalitarismo precisa de la corrupción del lenguaje para tenernos engañados sistemáticamente. Sólo hay que considerar cómo nos llaman a los que pagamos impuestos: ¡contribuyentes!

Hay que admitir que es una palabra bien buscada por los manipuladores, porque la palabra contribuir tiene una connotación de voluntariedad, de solidaridad, de hermandad. Queda muy… social. Y ya sabemos que al nombrar la palabra social entramos inmediatamente en una especie de hipnosis colectivista.

Pero si conseguimos desanclarnos de la existencia ilusoria por un momento y pasamos a la existencia real, comprobamos que los impuestos, como su nombre indica perfectamente, nos han sido impuestos, es decir, que no hemos podido elegir el no entregarlos. Vamos, que no son una generosa donación como nos quieren hacer creer.

Por suerte la RAE sí que ha entendido la naturaleza de nuestra condición, al definir al contribuyente como “persona obligada por ley al pago de un impuesto”.

A pesar de todo tenemos nuestro día: el Tax Freedom Day, que indica el número de días de trabajo que a lo largo del año se necesitan para satisfacer las obligaciones tributarias (los impuestos de la Renta, los indirectos, el de Sociedades, el IVA, los Especiales, las cotizaciones a la Seguridad Social, etc). Dicho claramente: es el día a partir del cual dejamos de trabajar para el Estado.

La Institución Futuro ha situado el día de la liberación fiscal en el 22 de Mayo (aunque varía según las diferentes comunidades autónomas y ciudades). Es decir, de media, los españoles dedicamos casi cinco meses de nuestro trabajo al pago de impuestos. Sólo a partir de ese día, los frutos de nuestro trabajo van a parar a nuestro bolsillo. Claro que podría ser peor, porque en el caso de los daneses cae en el 29 de junio.

Lo más inquietante es la evolución ascendente que hay tenido en España. En 1975 nos librábamos de Hacienda sobre el 10 de marzo; en 1985 sobre el 12 de abril; en 1995 en torno al 30 de abril; y ahora, en 2008, el 22 de mayo.

El llamado Estado del Bienestar es insaciable. Se apropia coactivamente de la riqueza que tanto esfuerzo nos cuesta ganar y, con la coartada de la redistribución y de los pobres, lo malgasta en actividades que no le son propias. Además, si conseguimos salir del Matrix colectivista, nos daremos cuenta que la redistribución nunca es de ricos a pobres sino de grupos desorganizados a grupos organizados. Esto significa que los únicos beneficiados son los políticos y los grupos de presión, que continuamente se intercambian favores para alcanzar sus fines a costa de todos nosotros.

La defensa del individuo debe empezar por evidenciar esto, y señalar claramente que esta confiscación es ilegítima e injusta porque las personas son dueñas de sí mismas y, por tanto, de lo que producen.

¡Manos arriba, esto es una huelga!

En este artículo comento la huelga de transportistas del día 8 de Junio. Se ha publicado en Asturias Liberal (10/06/2008) y en Aragón Liberal (11/06/2008) y en Canarias Liberal (11/06/2008).


Es curiosa la costumbre que tenemos de llamar huelga a lo que claramente es una prueba de fuerza con rehenes (nosotros, los ciudadanos). Los huelguistas buscan favores y privilegios gubernamentales: o se accede a lo que piden o van a cortar carreteras, rajar neumáticos e incluso sabotear actos como la inauguración de la Expo de Zaragoza. Vamos, lo de siempre.

¿Y qué piden los asaltantes de carretas (o mejor dicho, de carreteras)? Pues entre otras cosas: el establecimiento de precios mínimos obligatorios, la prohibición de despidos y jubilaciones anticipadas. O sea, sacar dinero del bolsillo de los contribuyentes en beneficio de unos pocos privilegiados. Dicho de otra manera: socializar las pérdidas y vulnerar derechos. Y, claro está, todavía deberemos darles las gracias.

Voy a centrarme en el tema de los precios mínimos. Uno de los puntos reivindicativos de la plataforma huelguista es el siguiente:

“Normativa antidumping, especifica para el transporte de mercancías por carretera. Relacionada a precios observatorio de costes, actualizado bimensualmente. De obligado cumplimiento. Que se considere delito y sanción a quien no la respete. Precios mínimos antidumping, de obligado cumplimiento.”

Piden intervencionismo económico puro y duro. Exigen al gobierno que fije precios diferentes a los que se hubieran establecido en un mercado libre. Con los precios mínimos se pretende que todos los vendedores sitúen su producto o servicio por encima de un precio fijado arbitrariamente. Quien no lo haga, será multado o llevado a prisión.

La consecuencia es la contracción de la demanda y oferta artificial, que acaba produciendo sobrantes y excedentes (véase el caso del salario mínimo). Por lo tanto, van a existir vendedores potenciales dispuestos a vender a un precio menor que sin embargo no podrán hacerlo. Y aquí está la clave: se trata de eliminar a los vendedores que puedan vender más barato ya sea por ventaja comparativa o por otros motivos. Se trata de eliminar competencia.

Todo esto se adorna con la conocida demagogia vacía sin argumentos para ocultar intereses de estos importantes pequeños grupos que buscan beneficiarse a costa del resto de la sociedad.

Mediante los precios mínimos y las restricciones a la importación quieren apartar a sus rivales del mercado, cuando lo que nos interesa a los ciudadanos es una mayor competencia, que conduzca a un mayor acceso y una mayor variedad de productos y servicios a mejores precios.

Además quieren que los esquiroles reciban su merecido castigo. Por una parte lo recibirán de los huelguistas mediante la violencia y la intimidación de los piquetes. Éstos amenazan y agraden a los transportistas que no quieren ir a la huelga. Hay que recordar que la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), mayoritaria en el sector, no apoya el paro y considera la actitud de Fenadismer impresentable. CETM se ha quejado de las amenazas y sabotajes que ha recibido y que ha impedido el desarrollo normal de la actividad y ha pedido al Gobierno que garantice su derecho a no querer participar en la huelga, es decir, su derecho a querer trabajar.

Pero por otra parte, los huelguistas piden al Ministerio que “colabore” para que la huelga sea obligatoria, sancionando con 2.000 euros a quien se la salte. Uno de los puntos reivindicativos dice lo siguiente: “Método, norma o sistema que prohíba tajantemente cargas y descargas de conductores autónomos o asalariados. Mínima sanción de 2.000 € a los infractores. Servicio oficial del Ministerio correspondiente, con números de teléfono donde denunciar este tipo de abusos contra la dignidad del transportista.”

Es evidente que ante semejante presión callejera no debería haber negociación. Y sin embargo, el gobierno opta por las “llamadas a la calma”. Lo cual, no nos engañemos, acabará significando más subvenciones y más gasto público, cuando lo que podrían ir haciendo para empezar es reducir la fiscalidad de los carburantes y desregular este y otros sectores.

Sobre la gestión de nuestra incertidumbre (y nuestras vidas)

En este artículo hablo sobre cómo el Estado se ha adueñado ilegítimamente de la gestión de nuestra incertidumbre y nuestras vidas. Se ha publicado en el Instituto Juan de Mariana (03/06/2008) en el Instituto Independiente (03/06/2008) y en Aragón Liberal (08/06/2008).


Una implicación fundamental de la existencia de la acción humana es la incertidumbre inerradicable del futuro. El ser humano actúa para modificar el presente y conseguir sus objetivos en el futuro. Por tanto, la acción presupone la incertidumbre, porque si los actores conociesen los eventos del futuro no actuarían, ya que no podrían aspirar a cambiar situaciones futuras. El futuro está por hacer pero es incierto, y su desconocimiento nos causa inquietud y desamparo.

Pues bien, la pregunta clave que debemos contestar es: ¿quién gestiona nuestra incertidumbre? Dicho de otra manera, ¿quién nos proporciona los mecanismos para afrontar este futuro desconocido inquietante? Sólo hay dos respuestas posibles a esta pregunta: el Estado o el mercado.

El Estado del Bienestar supone un continuo y progresivo avance en cuanto a la intervención y control de todos los aspectos de nuestra vida. Representa la más espectacular expansión del poder político sobre las vidas y los intereses de los ciudadanos. Instintivamente tiende a expandirse, acaparar más funciones, concentrar más poder y expoliar más dinero a los ciudadanos.

Este énfasis regulador y expansionista se traduce en que es el hipertrofiado Leviatán pilotado por los políticos de turno el que se ocupa de nuestro futuro. En su afán de cuidarnos desde la cuna hasta la tumba, el Estado se ha adueñado ilegítimamente del papel de eliminar nuestras incertidumbres.

Así, solemos creer que es función y tarea del Estado el garantizarnos la cobertura de un amplio conjunto de necesidades como las pensiones, la asistencia sanitaria, la permanencia del puesto de trabajo, el pleno empleo perpetuo, la vivienda o el subsidio de paro. Además, creemos que lo consigue; que lo hace sin perjudicarnos; que los únicos efectos que tiene su intervención son la seguridad y la estabilidad; y que, por tanto, nos tiene que gustar y debemos dar gracias por ello.

¿Cuál es el argumento que utiliza el Estado “Nodriza” para legitimar su acción abastecedora de servicios? Respuesta: el Estado interviene porque la sociedad no es capaz de solucionar y cubrir unas determinadas necesidades. Cualquiera que cuestione este hecho será considerado como ignorante y radical.

Y sin embargo, el mercado puede ofrecer una solución a todos estos problemas. Algunos hablan de que lo que ofrece el Estado no está sujeto al análisis económico. Pero la aplicación de la teoría económica sólo requiere medios escasos y fines alternativos. Además la teoría económica explica la conducta humana teniendo en cuenta cómo reaccionan las personas a los incentivos y a las restricciones.

Veamos un ejemplo. ¿Cómo afronta una persona la incertidumbre de que pueda ser despedida en un futuro por su empresa (ya sea porque ésta quiebre o decida deslocalizar)? Tres de las medidas que toma el Estado para “proteger” nuestro futuro son:

Primero, pagándonos el paro. Esto se traduce en que la gente prefiera quedarse en casa y posponer la búsqueda de trabajo todo lo que puedan. Al actuar sobre los incentivos naturales de las personas se cambia su comportamiento, y si los beneficios derivados de una opción se incrementan, la gente escogerá esa opción. Se incentiva la no producción. Y todo esto obligándonos a los demás a pagar estos gastos, ya que un bien puede proveerse “gratis” a un individuo (o grupo) sólo si otros lo pagan. Se concede el subsidio a unos con cargo al ahorro de otros. El paro es provocado y estimulado por el Estado mediante las intervenciones, las regulaciones laborales y las subvenciones. Un ejemplo son las leyes de salario mínimo, que hacen que el salario de un trabajador pase a ser superior a su productividad marginal, enviándolo directamente al paro.

Segundo, forzando a su empresa a no despedirlo. Se tiende a pensar que el empresario no tiene otra cosa que hacer que echar a la gente a la calle, pero en la inmensa mayoría de las ocasiones, si se despide es por absoluta necesidad. El empresario no puede hacer frente a las pérdidas y no le queda más remedio que despedir o cerrar la empresa. Si las empresas tuviesen la confianza de firmar unos contratos que no se volviesen un problema insuperable en tiempos difíciles, se incrementarían las oportunidades de encontrar trabajo (en especial se fomentaría el trabajo indefinido y la estabilidad del puesto de trabajo). Además los costes sobre los despidos reducen el salario del trabajador, porque el empresario introduce esa incertidumbre en el cálculo empresarial. Libertad para contratar debería significar también libertad para despedir, porque si el miedo a contratar es alto, se desalienta en muchas ocasiones la creación de empresas y la existencia de empresarios, que son imprescindibles para crear empleos y riqueza.

Y tercero, no dejando que la empresa cierre. La finalidad y sentido único de la existencia de una empresa es la satisfacción de los consumidores. Si una empresa no tiene beneficios, su existencia no tiene sentido. Impedir su cierre sería mantener una estructura productiva que está malgastando medios y recursos escasos. Esos trabajadores y recursos se deben dirigir a producir otros bienes y servicios que sigan satisfaciendo a los consumidores. Mantenerla sería subvencionarla a costa de otras empresas.

Vemos que todas las medidas que toma el Estado no sólo no nos ayudan, sino que crea un mercado laboral poco dinámico, ineficiente y rígido, y la sociedad en su conjunto sale perjudicada.

¿Qué haría una persona ante la posibilidad de ser despedido en un futuro si el Estado no interviniese? ¿Podría hacer frente a estas cuestiones sin la intervención gubernamental?

Lo primero que notaría el ciudadano sería que aumentaría su renta porque tendría que pagar menos impuestos debido a que el Estado tendría menos funciones/tentáculos.

Podría, por ejemplo, tener un seguro de paro, que le proporcionase seguridad ante la posibilidad de perder su trabajo en el futuro. Evidentemente, este tipo de seguros existirían si desapareciese el monopolio del Estado. De hecho, ya existen. Estas empresas buscarían fines lucrativos y se moverían en un entorno de competencia. Sería posible contratar un seguro de paro de la misma manera que se puede tener un seguro de coche, accidentes, sobre bienes, hogar, vida, salud, empresas, viajes, deportes, navegación, ahorro, comerciales, vida, pensiones, comercios, oficinas, caza y pesca, animales domésticos, etc.

La gente podría contratar un fondo de inversión como instrumento de previsión.

Al eliminar el incentivo del subsidio de paro, se fomentaría el ahorro. La gente ahorraría de cara a hacer frente a cualquier eventualidad del futuro. Además, al llegar a la etapa más avanzada de su vida, se habría acumulado un capital para sus futuros años. Actualmente, con el Estado del Bienestar, llegamos con lo mínimo y nuestro futuro depende totalmente del Estado. Se fomenta, por tanto, que haya más ahorradores y menos derrochones.

Esto, unido a la abolición de regulaciones, leyes, multas, prohibiciones, impuestos y negociaciones colectivas, eliminaría los altos costes de entrada y salida, y haría que el mercado laboral fuese dinámico y flexible, reduciéndose enormemente el número de parados.

El gobierno no es apto para dirigir nuestros asuntos ni nuestro futuro. En el mercado están más claros los incentivos y las responsabilidades mientras que el intervencionismo las disuelve. Se debe dejar al individuo administrar su riqueza totalmente, y no hurtarle ámbitos de gestión de su vida y propiedades.

¿Cuáles son los principales efectos de que el Estado se encargue de nuestros asuntos personales? La usurpación desemboca lógicamente en la infantilización y la irresponsabilidad de los ciudadanos, porque los derechos positivos reemplazan a la responsabilidad; y se elimina la autonomía para dar paso a la dependencia. El Estado, al arrebatar la responsabilidad, siembra la semilla de la destrucción de la esencia del ser humano. El inducir a la dependencia significa contribuir al parasitismo, es decir, fomentar lo peor del ser humano. Todo ello desemboca, finalmente, en una sociedad más injusta.