Zapatero y el Estado como instrumento

En este artículo publicado en el Instituto Juan de Mariana hablo del peligro de que el Estado sea utilizado como un instrumento para transformar económica y socialmente las sociedades.

En el último congreso del PSOE, Zapatero expuso lo que será su gestión y su política. Embriagado por la aclamación de sus fieles, alcanzó la iluminación total, y en pleno Nirvana soltó las primeras perlas totalitarias que se le pasaron por la cabeza: “el Gobierno es para nosotros el instrumento, el camino” y “el cambio que invocamos va mucho más allá de una mera alternancia en el Gobierno”. Cuando todos nos preguntábamos a qué cambio se refería, afirmó que “el cambio es la transformación de la sociedad para que los valores humanos prevalezcan sobre el dinero o el poder. Ese es el cambio del que hablamos.” Pues nada, se agradece la aclaración demagógica.

Más allá de las medidas concretas que pretende tomar, lo que me interesa es resaltar su deseo explícito de utilizar el aparato estatal como instrumento y la convicción de que así debe ser.

La idea de que el Estado es un instrumento para transformar económica y socialmente las sociedades es compartida por todos los partidos políticos sin excepción. La única diferencia son los fines que se proponen alcanzar y los beneficiarios de sus políticas.

Se plasma así, el deseo de que las formaciones e instituciones sociales no sólo sean un producto deliberado de la voluntad humana, sino que sean, además, una construcción que el individuo puede moldear, alterar o modificar ilimitadamente a su antojo para satisfacer sus anhelos. En las democracias actuales, por ejemplo, se nos asegura que las medidas deliberadas que emplean las autoridades son para lograr la llamada “justicia social”. Es decir, que legitiman la coacción argumentando que las intervenciones son necesarias, benignas, sociales y a favor de los desfavorecidos.

Ciertamente, parece evidente que toda la maquinaria estatal es un instrumento, pero al servicio del poder político de turno. Conviene desmitificar la visión de un poder político carente de fines propios. El Estado es utilizado por el poder político para perseguir y alcanzar sus propios fines. Los políticos actúan praxeológicamente, pero no catalácticamente.

Para ello, los gobiernos buscan la legitimidad necesaria. ¿Cómo? Haciendo creer a la sociedad civil que es ella la que controla al Estado y se gobierna a sí misma, de forma que el gobierno es un mero mandado/sirviente que ejecuta las órdenes y deseos del pueblo soberano. De ahí los eslóganes que suelen utilizar: “el pueblo es soberano”, “juntos avanzamos”, “la voluntad común”, “hay demanda social de”, “juntos podemos”, “pacto social”, “el pueblo es sabio y ha decidido”. De esta forma consiguen que no sepamos dónde acaban ellos y dónde empezamos nosotros. Consiguen identificar sus intereses con los de la población. Sí, sé que recuerda a los antiguos totalitarismos, pero es que la democracia también puede ser totalitaria. Y vivimos en ella.

¿Cómo es posible que esto suceda? Básicamente porque, pese a la visión sentimental que tenemos de ella, en la moderna democracia no se ponen restricciones a los organismos gubernamentales. En la democracia moderna la tripartición clásica del poder se ha quebrado y los gobiernos han traspasado los poderes que las constituciones les habían asignado. Lo cual, dicho sea de paso, no la hace muy liberal, pese a que así la llamen. Hayek se refería a ella como democracia ilimitada, ya que el poder que se le otorga es ilimitado.

La primera consecuencia de una democracia ilimitada es que sus resultados no suelen ser los deseados o aprobados por la mayoría de la sociedad. Otra consecuencia es que el poder político se olvida del interés general para centrarse en ganarse el apoyo de grupos organizados de presión concediéndoles todo tipo de beneficios, que es lo mismo que decir que los gobiernos se centran exclusivamente en alcanzar sus propios fines (mantenerse en el poder), como hemos visto antes.

Si de algo tiene que ser instrumento el Estado es para garantizar el cumplimiento de las reglas independientes de fines (de mera conducta que diría Hayek) y el cumplimiento de los contratos, que es lo que garantiza la convivencia pacífica, la cooperación social y la libertad. Si la existencia del Estado tuviera alguna justificación, sería única y exclusivamente para que utilizase el monopolio de la coacción para realizar estas funciones. Un Estado “sin políticas”, un Estado “mínimo”. No parece que éste sea el rumbo que vaya a tomar el actual estado del bienestar.

Y esto es, lamentablemente, lo que permite a Zapatero y a los políticos hablar del carácter instrumental del Estado y utilizarlo para invadir todas las esferas de nuestras vidas que deseen. Éste es el principal motivo por el que el socialismo, como comentó Schumpeter en Capitalism, Socialism and Democracy, a pesar de no poder mantener sus promesas y de ser una alternativa peor para la mayoría de la gente que un sistema basado en el libre mercado, está destinado a triunfar.

El poder político contra la Iglesia

En este artículo publicado en el Instituto Juan de Mariana explico los motivos por los cuales la Iglesia debe independizarse totalmente del Estado y autofinanciarse.


El gran error que cometemos los cristianos es tener la ingenua creencia de que la Iglesia puede colaborar y cooperar con los poderes del Estado en la tarea de dar solución a los problemas sociales.

Ya señaló Hegel que el Estado era Dios sobre la Tierra. El filósofo alemán profesaba una platonizante admiración por el Estado, era un colectivista radical y poseía un estilo verdaderamente infumable, pero en su afirmación no podía estar más en lo cierto. Hoy más que nunca, la figura del Estado, cualquiera que sea el partido que gobierne, está deificada. Todo lo puede y todo lo debe solucionar. Esto es fomentado y aprovechado por el poder político, que sólo existe por y para sí mismo.

Si algo caracteriza al estado democrático actual es la hipertrofia legislativa y la mentalidad constructivista en las ciencias jurídicas. La ley se ha convertido en un medio para conseguir fines políticos. Así, la justicia consiste en la arbitraria estimación sobre la base de la impresión más o menos emotiva que produce el resultado final y concreto del proceso social al Gobierno de turno. De esta forma, el estado democrático se ha convertido en una institución moral. Se adueña de la moral y la legisla, es decir, elige los fines que deben perseguir los individuos y se los impone.

En su camino encuentra un gran obstáculo: aquellas organizaciones que ponen a disposición del individuo una visión del mundo, unas creencias, una forma de pensar, un modelo de vida y una moral. Entre ellas se encuentra la Iglesia y el cristianismo.

Y es entonces cuando se evidencia que los poderes políticos del Estado tienden a aplastar cualquier alternativa moral, ya sea amenazando a la Iglesia con cortar la financiación de los colegios concertados por su oposición a la asignatura de Educación para la Ciudadanía o incluso diciendo que la Iglesia "no respeta o ignora principios esenciales de la democracia" por oponerse públicamente a una determinada medida política.

De todas formas, haríamos mal en pensar que sólo los socialistas sienten un profundo desprecio hacia la Iglesia. Sería un tremendo error. González Pons, vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, no dudó en recurrir al chantaje cuando hace una semana aconsejó a la Iglesia y a los obispos que no fuesen demasiado críticos con su partido porque "la Iglesia va a necesitar el apoyo del PP esta legislatura". Es bueno que este señor, que ya vemos que es cristiano cuando le conviene, nos haya revelado la verdadera naturaleza de los políticos: simples matones de barrio, no seres angelicales cuyo único fin en la vida es preocuparse de nuestro bienestar, nuestra autorrealización y nuestra felicidad.

Precisamente por este motivo la Iglesia debe abandonar la falsa ilusión de poder "colaborar" con el Estado, cualquiera que sea el partido que gobierne. La Iglesia debe privatizarse, es decir, rechazar y devolver el dinero que obtiene del Estado por poco que sea. No puede actuar como si de un grupo de presión se tratase (véase la SGAE o el cine español). Éstos intentan obtener, mediante favores oficiales, ganancias que nunca lograrían en un mercado competitivo. A cambio, deben prestar al poder político su apoyo incondicional. Estos grupos organizados necesitan de este tráfico de favores para sobrevivir.

La Iglesia no puede actuar con esta lógica porque su naturaleza es radicalmente distinta a la de estos grupos privilegiados. La clave está en lo que le pide el Estado a cambio de su limosna, que es básicamente que no proteste ante las imposiciones morales y el adoctrinamiento ideológico. Vamos, que le pide que renuncie a lo que es. Le pide su destrucción. Los grupos parasitarios viven gracias al Estado mientras que la Iglesia sobrevive a pesar del Estado, aunque parezca lo contrario.

La Iglesia debe autofinanciarse por completo. Ante esto surge la pregunta de si se lograría la suficiente financiación privada para mantener todas las actividades de la Iglesia. Pero esa pregunta es engañosa y no podemos contestarla hasta que la Iglesia se convierta en una institución totalmente independiente del poder, porque las relaciones actuales de los cristianos con nuestra Iglesia se encuentran distorsionadas.

Y es que los cristianos no conocemos las necesidades reales de nuestra Iglesia y, por lo tanto, no sabemos en qué medida debemos contribuir, hasta dónde debe llegar nuestro compromiso y nuestro esfuerzo. Tendemos a creer que lo que se obtiene del Estado es suficiente. Desconocemos si su estructura está sobredimensionada o no para el número de fieles actuales, pero lo que sí es cierto es que muchos cristianos despertarían y se preocuparían mucho más de mantener a la Iglesia que tanto les da y que tan importante es para ellos. Aparecerían iniciativas curiosas como Buigle, que quiere convertirse en página de inicio y motor de búsqueda de todos aquellos que sienten aprecio por las ideas y la labor cristiana y que dona íntegramente el dinero que genera a la Iglesia Católica. Otra manera de defender lo que nos importa es apoyando las iniciativas de organizaciones como Hazte Oír, que ha ayudado a que empresas como Heineken, Ocaso, el Corte Inglés o Fujitsu hayan retirado la publicidad de programas que ofenden claramente a la Iglesia.

Además, la Iglesia debe rechazar los fondos que recibe del Estado porque hay que respetar el que haya gente que no se identifique con los valores cristianos y no quiera que su dinero se destine a proyectos cristianos.

En cualquier caso, la idea de este artículo es que los cristianos debemos de darnos cuenta de que el actual estado democrático del "bienestar" supone un continuo y progresivo avance en cuanto a la intervención y control de todos los aspectos de nuestra vida y, por tanto, también conlleva la destrucción de la Iglesia porque le pide que abandone sus creencias, le usurpa muchas de las funciones que tendría en una sociedad libre y pervierte las relaciones con sus fieles.