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21 de septiembre de 2009

La prostitución en las calles


Publicado en el Instituto Juan de Mariana.

La prostitución vuelve a ser noticia después de la publicación de fotografías en las que se observa la práctica explícita de la prostitución en plena vía pública en la zona de la Boqueria en el Raval de Barcelona. En ellas se puede ver a jóvenes mujeres inmigrantes manteniendo sexo con clientes.

Como los gobiernos legislan a golpe de titular, han tenido que ponerse a pensar sobre el tema, llegando a una montaña burocrática de propuestas arbitrarias (algunas verdaderamente ridículas) para esconder y difuminar el problema. Evidentemente, la experiencia nos hace pensar que no arreglarán absolutamente nada.

Desde mi punto de vista, la solución pasa por dos cuestiones: la legalización de la prostitución y la clara definición de la titularidad de las calles.

Primeramente, la prostitución debe ser aceptada como una profesión y debe ser legalizada. Una prostituta es simplemente una persona que intercambia voluntariamente servicios sexuales a cambio de dinero. La relación entre prostituta y cliente se establece porque ambos creen subjetivamente que saldrán beneficiados con el intercambio. Si el intercambio (practicar sexo a cambio de dinero) no viola los derechos de nadie, nadie tiene derecho a inmiscuirse y prohibir por la fuerza un acuerdo voluntario y libre entre dos personas.

Es totalmente legítimo que las personas mantengan relaciones sexuales con quien consideren oportuno siempre que las dos partes estén de acuerdo. Ninguna opción moral concreta puede utilizarse para justificar la prohibición y la ilegalización de la prostitución. En este sentido, la posibilidad de prostituirse es un derecho humano independientemente de si lo consideramos indeseable desde el punto de vista moral. La prostituta tiene todo el derecho de explotar su cuerpo como quiera. Si el Estado prohíbe la prostitución está convirtiendo actividades pacíficas en criminales.

Por otro lado, la prohibición nunca ha conseguido que la prostitución cese. Lo único que ha hecho ha sido desprotegerlas porque las ha dejado sin derechos (ni obligaciones), además de obligarlas a trabajar en malas condiciones de seguridad, limpieza, higiene y tranquilidad. Sobre la necesidad de legalizar la prostitución y las consecuencias de su prohibición hablé
más en detalle en otro artículo.

En cuanto a la prostitución en las calles, lo primero que conviene señalar es que es discutible que a las calles sólo se les deba dar el uso transitar por ellas y no otros posibles usos como pueden ser el de comerciar, mendigar, vivir, prostituirse, hacer grafittis o colgar carteles. Esto es así porque la sociedad no es un bloque compacto homogéneo, sino que las personas tienen distintos gustos y preferencias dependiendo de sus valores morales.

El problema surge porque estamos hablando de un bien cuya utilización/consumo es compartido por muchas personas. En el caso concreto de la prostitución, habrá gente que considere su práctica en la calle como una cosa normal y corriente, mientras que habrá otros que lo considerarán degradante y no desearán pasear con sus hijos (o sin ellos) por calles en las que se puedan ver prostitutas.

Ante esta situación, creo que el debate que surge está mal planteado. Normalmente la discusión gira en torno a la moralidad o no de la práctica de la prostitución. ¿Debe prohibirse del todo? ¿Debe permitirse pero no en la calle? ¿Sólo en lugares determinados? Pese a ser cuestiones importantes que se plantean automáticamente, en mi opinión son secundarias de cara a solucionar el problema, ya que el debate debería estar dirigido a reflexionar sobre la titularidad de las calles. Todas las preguntas anteriores se resuelven al tratarse este aspecto, ya que el titular será quién imponga las reglas y normas morales que han de cumplirse.

Pues bien, ¿de quién son los bienes públicos? ¿A quién pertenecen (realmente)? Aunque parezca que nos pertenece a todos los ciudadanos y que, por tanto, no hay propietarios reconocibles, en realidad sí que los hay: el gobierno (o ayuntamiento). Los gobiernos son los que deciden los usos de las calles. A efectos prácticos son los verdaderos dueños y propietarios, pese a que se denomine a esos bienes “públicos” o “colectivos” para dar la sensación de que tenemos la posibilidad de influir en las decisiones.

Lo que suele suceder en estas ocasiones es que el gobierno asume un rol totalmente pasivo hasta que se forma un conflicto o problema social. Y en ese momento decide actuar. Pero si ya hemos comentado que existen infinidad de diversas preferencias en la sociedad, ¿en base a qué criterios va a actuar?

No solamente su actuación es arbitraria, sino que está guiada y comandada por los grupos de presión. La decisión no es colectiva, no la toman los ciudadanos, sino que la toman grupúsculos de presión, que son pequeños en número pero muy organizados que ejercen presión sobre los políticos. Los distintos grupos intentar presionar para imponer su moral particular. Unos estarán a favor de la legalización y otros totalmente en contra; unos desearán que se pueda ejercer en la calle y otros en lugares apartados. En cualquier caso, su poder e influencia decantarán las acciones de los gobernantes. Y el ciudadano, inconsciente de este hecho, se sitúa (aunque no quiera) del lado de alguno de ellos.

La realidad es que no es posible determinar a priori los usos que se les dará a las calles si no son de titularidad privada, es decir, si no tienen un dueño claro y reconocible. La titularidad privada podría recaer en una comunidad de vecinos, personas individuales, empresas o asociaciones de comerciantes, entre otros.

La solución pasa por establecer derechos de propiedad claros que permitan evitar y solucionar conflictos entre las personas, y dejar que los procesos de mercado, espontánea y evolutivamente, acaben estableciendo qué opciones son las preferidas por un grupo de personas. De esa manera, los propietarios de la calle podrán decidir si se puede ejercer la prostitución, si no se puede ejercer en absoluto, o si solamente se puede ejercer en unas determinadas zonas.

Esta es la única manera de averiguar realmente cuál es el fin más adecuado que los propietarios creen que debe tener un bien (en este caso, las calles). Es la única posibilidad de conciliar pacíficamente distintas subjetividades. Mientras siga sin realizarse mediante este proceso, la decisión será política, es decir, coactiva y arbitraria. Y los problemas persistirán aunque se intenten enmascarar o tapar.

Artículos relacionados:



22 de abril de 2008

Sobre la prostitución y ¡Madrid! (y II)


Este artículo es la segunda parte del artículo publicado en asturiasliberal.org sobre la prostitución. Hablo de las consecuencias que provoca la ilegalización de la prostitución.

Actualización 1: se ha publicado también en el Instituto Juan de Mariana con el título de Las Diez consecuencias de ilegalizar la prostitución.

Actualización 2: Los dos textos míos sobre la prostitución se han publicado juntos en liberalismo.org con el título Por la legalización de la prostitución.


En el artículo anterior expuse los motivos por los cuales la prostitución es una actividad totalmente legítima desde el punto de vista ético. Ahora toca presentar las consecuencias que provoca su ilegalización.

Si de algo nos advirtió el gran Frédéric Bastiat fue de la necesidad de tener en cuenta las consecuencias no previstas de las acciones humanas y en particular de las políticas.

La experiencia de su ilegalización es instructiva porque muestra claramente los resultados desastrosos de tratar de suprimir una actividad pacífica y voluntaria mediante la ley coactiva (e ilegítima).


Consecuencias para las prostitutas:

1) Abandono institucional: las deja sin derechos ni protección.

Éste es el punto más importante. En el anterior artículo comentamos que la prostitución no dejaba de ser una profesión como cualquier otra en la que dos personas efectúan una transacción voluntaria. Ahora habría que añadir que: sin instituciones adecuadas una verdadera economía de mercado no es posible (Coase). Lo cual significa que sin el apoyo del Estado de Derecho, la prostitución no puede ejercerse sin inseguridad jurídica y social.

La ilegalización hace que dejen de ser sujetos éticos. No están regulados ni sus derechos ni sus obligaciones. Las prostitutas están desprotegidas y se les puede maltratar. Se les puede secuestrar, pegar, violar, robar y forzar a prostituirse. Están en una situación discriminada y sin derechos. Se ha demostrado que las prohibiciones no acaban con el problema sino que lo único que hacen es empeorar las condiciones de trabajo de las mujeres que seguirán ejerciendo. Trabajan en malas condiciones de seguridad, limpieza, higiene y tranquilidad.

Sabemos que no vivimos en un mundo ideal y que siempre se seguirán produciendo injusticias y abusos aunque se legalice la profesión. Sobre todo conociendo la nula eficacia e ineptitud de quién tiene que protegernos (véase Papá Estado). Pero lo que se debe buscar es lo siguiente: garantizar los derechos a aquellas mujeres que deciden trabajar en la prostitución y limitar los abusos que hoy ejercen sobre ellas en los burdeles.

Una vez legalizada la prostitución, las que quieran continuar en la clandestinidad (para no pagar impuestos) lo harán voluntariamente y bajo su responsabilidad. Deberán asumir los riesgos.


2) La ley no funciona, no consigue lo que se propone (reducir la prostitución).

Es bien conocido que la prostitución es tan antigua como la humanidad. Y todo parece indicar que la humanidad no está para muchos cambios, porque la prostitución sigue siendo demandada enormemente pese a su ilegalización.

Atendiendo a la gran cantidad de dinero que mueve, podemos asegurar que el mercado más antiguo de la historia no parece que vaya a desaparecer. Y sin embargo, pese a no violar los derechos de nadie, está ilegalizada.

¿Cómo puede el Estado decidir si se tiene que reducir una determinar profesión? ¿En base a qué? ¿En base a que a los políticos les parece una actividad denigrante? ¿Intrínsecamente perversa? ¿Deshumanizante? Quizás deberían reflexionar acerca de su profesión.

El objetivo que hay que proponerse no es reducir la prostitución, sino la reducir las víctimas del tráfico de blancas y personas. Y eso se consigue legalizando la profesión para establecer claramente la distinción entre prostitución voluntaria (decisión propia) y prostitución coactiva (esclavitud), y persiguiendo fuertemente la segunda.


3) Convierten a gente honesta y pacífica en criminales.

La ilegalización produce la estigmatización social y persecución de una trabajadora honesta y pacífica. Muchas veces los bancos son reticentes a concederles préstamos y las aseguradoras prefieren evitarlas. Sufren el menosprecio y la discriminación que todos conocemos.


Consecuencias de crear un mercado negro:

4) Crea en la sociedad “mercados” en donde la competición se basa en la violencia y no de forma pacífica como en el legales.

No están basados en el contrato y la cooperación. Aumenta la violencia y la inseguridad ciudadana.


5) El precio del servicio es mucho mayor en un mercado negro que en un mercado legal competitivo.

Todo producto en un mercado negro tiene un precio más alto porque la falta de oferta y falta de competencia provocan la escasez de los servicios que la gente considera indispensables. Llega al mercado una menor cantidad que la demandada. Existe más demanda que oferta y los clientes están dispuestos a pagar un precio más alto por el servicio que se les prohíbe. Además hay que pagar al intermediario clandestino.


6) Los servicios en los mercados ilegales son de una calidad menor que en los mercados legales competitivos.

La falta de competencia y de legalidad hace que no haya ni el control ni las exigencias que se darían en un mercado legal.


7) Provoca una delincuencia asociada.

Los enormes beneficios del mercado negro incentivan que los criminales violentos entren. Provoca una delincuencia asociada, a menudo muy violenta. Existe un submundo ilegal en el que se da inmigración ilegal, extorsión, tráfico de drogas, falsificación de documentos y delitos económicos que aumentan la delincuencia y la violencia. La legalización ayudaría a luchar contra el resto de actividades.


8) Hace que el sistema de justicia sea más corrupto.

La legalización acabaría con un foco importante de corrupción que aumenta en todos los niveles del Estado debido a la gran cantidad de policías, jueces y demás autoridades que han sido comprados, sobornados o extorsionados por las mafias, creando un gran ambiente de desconfianza por parte de la población hacia el sector público en general.


Consecuencias para el resto de la sociedad:

9) El Estado convierte actividades pacíficas en criminales.

Este punto es importante. Hay que derogar el artículo 188 del Código Penal, que prohíbe el proxenetismo, es decir, el dedicarse a la prostitución como empresario. Prohíbe que se establezcan relaciones laborales entre prostitutas y empresarios. Impide al empresario establecer tratos comerciales entre la prostituta y otra persona, aun con el consentimiento de las mismas. Hay que derogarlo porque hay que reconocer a la prostitución como profesión. Debe tener los mismos derechos laborales que las demás profesiones.

La prostitución se tendría que poder ejercer de forma autónoma o en contrato con algún empresario. Tienen que tener la posibilidad de establecer sus propios negocios.


10) Provoca un aumento de poder y gasto estatal.

Supone un gran recorte de libertades (impuestos, intervenciones, vigilancia) porque una enorme cantidad de recursos van destinados a prohibir y perseguir actividades pacíficas consensuadas en vez de perseguir a los verdaderos criminales y delincuentes.


Hay gente que defiende la legalización sólo por los elevados impuestos que recaudaría el Estado. A mí me parece que ésta sería precisamente una gran razón para no legalizarla. Además está demostrado que incentiva el que muchas prostitutas que ejercen por decisión propia lo hagan en la clandestinidad para no pagar impuestos.

La conclusión es que el Ayuntamiento se ha gastado nuestro dinero (que tanto nos cuesta ganar) en una campaña paranoica que no tendrá ningún tipo de resultado. En la próxima campaña para criminalizar al ciudadano seguramente nos mostrarán al niño negrito africano famélico muriéndose de hambre y dirán que es debido a que hay gente que paga por servicios sexuales.

Aunque yo propondría la siguiente: “Porque te quitamos TÚ dinero, NOS lo podemos gastar en campañitas liberticidas diversas”. ¿Qué tal?

16 de abril de 2008

Sobre la prostitución y ¡Madrid! (I)


En este artículo publicado en asturiasliberal.org explico los motivos por los cuales prostituirse debería ser totalmente legítimo éticamente. Debería ser un derecho humano.

Actualización 1: también se ha publicado en el Instituto Juan de Mariana aunque con el título de "Ética de la prostitución".

Actualización 2: Los dos textos míos sobre la prostitución se han publicado juntos en liberalismo.org con el título Por la legalización de la prostitución.

Si algo caracteriza a los políticos es su hipocresía, su mezquindad, su nula capacidad intelectual y, sobre todo, el absoluto desprecio que tienen a la libertad de las personas.

Los cráneos privilegiados del Ayuntamiento de ¡Madrid! (véase Gallardón y Ana Botella) han tenido la brillantísima idea de empapelar todas las estaciones de metro con una campaña publicitaria en contra de la prostitución que nos dice lo siguiente:

“Tú dinero hace mucho daño. Porque tú pagas, existe la prostitución”.

Todo ello bajo una imagen que muestra un prostíbulo de carretera con el nombre ‘Club Tráfico de armas’ en un caso y ‘Club Explotación de Mujeres’ en otro. En la radio se pueden escuchar cuñas como la siguiente:

"Soy un billete de 50 euros, y he visto muchas cosas… mi dueño es un proxeneta, y ahora estoy con muchos compañeros, porque nos van a cambiar por un kalashnikov... Tu dinero hace mucho daño. Porque tú pagas existe la prostitución"

La idea es culpabilizar al cliente insistiendo que su dinero es la causa de la explotación de la mujer y el tráfico de armas. Mucha demagogia y una memez, qué duda cabe.

En este artículo voy a tratar los motivos por los cuales la práctica de la prostitución es totalmente legítima éticamente. En el siguiente artículo hablaré sobre los efectos que tienen su prohibición e ilegalización.

Veamos. Si se tuviera que resumir todo el liberalismo en una sola idea ésta seria que: cada ser humano es propietario absoluto de sí mismo. Esto significa que cada persona debe ser la única que tome decisiones sobre su vida y sus propiedades, entre ellas su cuerpo.

Las personas, por tanto, pueden mantener relaciones sexuales con quien consideren oportuno siempre que las dos partes estén de acuerdo. Una prostituta es simplemente una persona que intercambia voluntariamente servicios sexuales a cambio de dinero. La palabra clave es ‘voluntariamente’, es decir, que se cumple lo siguiente:

1) La cooperación se basa en el contrato, en donde cada parte le entrega voluntariamente una cosa a alguien.

2) Se basa en la simetría porque las dos personas mantienen una posición de igualdad. No hay niveles ni subordinación.

3) cada uno de los participantes persigue sus propios fines.

El punto (3) es importante porque algunos nos intentan convencer de la necesidad de la ilegalización con el argumento de que la prostituta realmente no quiere hacer ese trabajo y está explotada.

Pero la verdad es que la relación entre prostituta y cliente se establece porque ambos creen subjetivamente que saldrán beneficiados con el intercambio. Un intercambio es económicamente posible solamente entre personas cuyas valoraciones de los bienes y de los medios de intercambio difieren en direcciones opuestas. Cuando existe una desigualdad en las valoraciones subjetivas. Cada uno valora el bien que va a adquirir en mayor grado que el bien que ya posee. Por lo tanto, las dos partes ganan porque, de lo contrario, el acuerdo no tendría sentido y no se efectuaría.

La prostituta, como todos nosotros, ejerce la función empresarial. Persigue un fin que ha descubierto que es importante subjetivamente para ella e intenta encontrar el medio que subjetivamente cree más adecuado para lograr ese fin. Y simultáneamente renuncia a otros fines y medios que considera menos importantes según su escala valorativa de fines. (Es importante señalar el carácter esencialmente subjetivo que tienen los fines, medios y costes.) Ha valorado los pros y los contras de las distintas opciones que se le presentan y se ha decantado por la más atractiva (económicamente o por otros motivos). ¿Por qué no se merece los mismos derechos que las demás profesiones?

Los servicios que presta la prostituta pueden ser a cambio de dinero y/o de otros bienes y servicios. A muchos lo que realmente les molesta es que haya dinero de por medio. Pero, ¿por qué la legitimidad de un acuerdo va a variar dependiendo de si se efectúa con o sin dinero?

Si el intercambio (practicar sexo a cambio de dinero) no viola los derechos de nadie, ¿con qué derecho alguien puede inmiscuirse y prohibir un acuerdo voluntario y libre entre dos personas?

Ninguna opción moral concreta justifica la prohibición y la ilegalización de la prostitución. En este sentido, la posibilidad de prostituirse es un derecho humano. La prostituta tiene todo el derecho de explotar su cuerpo como quiera.

Aviso para moralistas, feministas y demás liberticidas: que sea un derecho no quiere decir que se tenga que ejercer. En ningún momento estoy recomendando a la gente que se prostituya. Simplemente estoy diciendo que es una decisión estrictamente personal que no incumbe a terceros.

Una prostituta no es ninguna víctima. Lo es cuando el Estado ilegaliza la prostitución y la deja sin cobertura ni derechos legales. Y de esto precisamente hablaremos en el siguiente artículo.