Los empresarios tienen pánico a contratar… ¡y con razón!

Publicado en el IJM.

Los empresarios tienen pánico a contratar. Esto es lo que dijo Miguel Ángel Fernández Ordoñez, el gobernador del Banco de España. Algo con lo que no puedo estar más de acuerdo.

La lástima es que luego dice aquello de "flexibilizar el mercado laboral manteniendo la protección social" (ya se sabe que el Estado del Bienestar es sagrado e intocable). Esto es un sinsentido intelectual y moral, una contradicción en sí misma, porque son precisamente las supuestas medidas para conseguir esa "protección social" las que producen que exista más destrucción de empleo y que los obstáculos para crearlo sean insalvables.

Por mucho que nuestros sabios gobernadores, economistas, intelectuales y políticos nos den grandes discursos sobre la reducción de empleo, el mercado laboral y nos hablen de las grandes utopías de la humanidad, la realidad diaria es la que es.

Y lo que nos encontramos en el día a día no es que los empresarios no contraten porque son avariciosos o porque los bancos no den crédito. Las razones por las cuales los empresarios no contratan son sencillísimas de entender:

1.- La Seguridad Social que tiene que pagar la empresa por los trabajadores

Las cuotas de la Seguridad Social que la empresa debe pagar le suponen un aumento de costes laborales del 35% (de media). Brutal. La empresa no puede disponer de ese 35% para mejorar su negocio. Debido a este incremento espectacular en los costes, la mayoría de PYMES ven reducidos sus márgenes hasta el punto en que una gran cantidad de negocios acaban cerrando. Y hace que la mayoría de las empresas que empiezan no puedan ser viables. Así de simple. Aquí no hay poesía.

2.- Las indemnizaciones que deberá pagar la empresa en caso de despido

Por si fuera poco el elevado incremento que suponen las cuotas de la SS para la empresa, el empresario debe correr el riesgo de tener que desembolsar mucho dinero en caso de tener que despedir al trabajador. Abaratar el despido haría que la contratación de nuevos trabajadores aumentase automáticamente. Esto, que inicialmente puede resultar paradójico, es de fácil explicación: el empresario estará más dispuesto a contratar a nuevos trabajadores si sabe que en tiempos difíciles éstos no supondrán una carga pesadísima (muchas veces insuperable). Las indemnizaciones son otro evidente motivo para tener pánico a contratar a alguien.

3.- Los convenios y negociación colectiva

Las negociaciones individuales entre trabajadores y la empresa no son posibles. En su lugar, estas negociaciones deben hacerlas los "representantes" de unos y de otros. Lo que acaba pasando es que los salarios no pueden adaptarse a la situación concreta que atraviese la empresa. ¿Y esto que significa? Pues que las empresas no pueden fijar libremente los salarios que les permitan sobrevivir. Si las empresas tienen problemas empresariales no pueden negociar los sueldos con los trabajadores. Este hecho, claro está, será muy tenido en cuenta por el empresario que está pensando en contratar a alguien.

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¡Indignaos!... reclamando más Estado y menos libertad

Publicado en el IJM.

La portada del panfleto facilón y demagogo de Hessel dice que es un "alegato contra la indiferencia y a favor de la insurrección pacífica". Parece ser que esta recopilación brillante de sofismas económicos y topicazos anticapitalistas va dirigida a los jóvenes, para invitarlos a desperezarse y a cambiar la indiferencia por una indignación activa. Habrá que entender indiferencia como todo aquello que no sea reclamar más intervención del Estado en nuestras vidas y en la economía.

En otro momento, ya he comentado la falta de honestidad de Hessel, típica del "buen intelectual", que consiste en criticar el sistema capitalista, pero aprovecharse de él al mismo tiempo. En el caso de Hessel, no duda en denostar al sistema capitalista y a los medios de comunicación, pero no ha dudado en utilizarlos para promocionar su producto. Incluso le ha puesto un precio (capitalista) a su panfletito. Y, sobre todo, no ha renunciado a las ganancias. Todo muy honesto.

Pero quizás lo peor del mini-documento de Hessel es lo que intenta transmitir a los jóvenes.

Primero, transmite la idea de que el Estado debe intervenir activamente en sus vidas para resolverles los posibles problemas que vayan teniendo en la vida. Es decir, que su vida, cuerpo y posesiones dependen de decisiones externas a él. Cuidados desde la cuna hasta la tumba. No hay que preocuparse de anticiparse al futuro porque ya estará la dulce mano del Estado para recogernos y acompañarnos.

Lo cual significa destruir toda iniciativa individual a favor de la iniciativa política; significa fomentar e institucionalizar el parasitismo, ya que los ciudadanos saben perfectamente que viven a costa de extraer renta a otros ciudadanos; y significa delegar sus responsabilidades vitales como son su salud, su futuro, su trabajo y su educación. Y esto no es más que sacar lo peor del ser humano. Eso es lo que comunica directa e indirectamente Hessel. Desde luego, eso no me parece que sea vivir una vida plena y responsable.

Otro nefasto efecto que tiene el panfleto fascista-comunista de Hessel para los jóvenes es que no les ayuda a comprender los fenómenos económico-políticos, lo que hará que tomen decisiones erróneas en el presente y futuro. Pongamos por ejemplo el sistema de pensiones público. Si alguien verdaderamente cree que este sistema es viable y necesario, actuará de forma muy distinta a alguien que entiende que este sistema es totalmente inviable por ser un sistema piramidal. El primero cree que percibirá una buena y segura jubilación cuando se retire laboralmente; el segundo sospecha que no recibirá nada. El primero no se preocupará demasiado en ahorrar e invertir en el presente para acumular y aumentar su riqueza de cara al futuro; el segundo se convertirá de inmediato en un ahorrador e inversor, consciente de que nadie le va a pagar su retiro. El primero no debe actuar con perspectiva a futuro; el segundo sí, y rápido. El primero es un funcionario y parásito; el segundo es un empresario y emprendedor. La diferencia entre uno y otro es abismal. Y sus futuros también lo serán.

Hessel, claro está, fomenta el primer caso. Desde luego, no creo que sea un modelo intelectual a seguir por los jóvenes. Y menos, en la situación de crisis actual.

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Los eurodiputados y la casta política

Artículo mío publicado en el IJM.

Dejo varios fragmentos:

Lo que ha puesto de manifiesto la situación no es lo mucho que gastan los políticos (cosa que ya sabíamos), sino la verdadera naturaleza de la política y de su casta. Siempre nos han dicho que los políticos son seres angelicales y sirvientes altruistas del ciudadano. También llevamos en nuestro ADN educativo (gracias a la educación estatal) que, a pesar de que los políticos de turno sean corruptos y malos, la política es honesta en sí misma; simplemente hace falta que suban al poder otros políticos que sean buenos y altruistas; si hubiera políticos honrados en el poder, dicen algunos, todo sería diferente. Estos son unos errores intelectuales insostenibles y negligentes a estas alturas.

Y es que la teoría de la acción humana también se aplica a los políticos. Es posible la aplicación y la extensión del análisis económico a las instituciones y procesos políticos. El análisis político puede resolverse en consideraciones a las que hace frente el individuo como agente decisor. Partiendo de esta base, que no es otra que la del individualismo metodológico, el comportamiento de los burócratas y políticos es maximizador del presupuesto público, principalmente buscando sus propios intereses y después el bienestar social.

El político, como cualquier otro agente social, está motivado por la persecución de sus propios intereses y busca alcanzarlos teniendo en cuenta las limitaciones que tiene. Y para ello no duda en utilizar el presupuesto público, principalmente para proponer infinidad de programas públicos. No es difícil deducir que el beneficio (social) de la acción política es inferior a su coste.

Podéis leerlo entero aquí.

Los 110 km/h es lo de menos; el problema es el Estado

Artículo publicado en el IJM.

Ya lo decía aquél: no subestimes el poder del Lado Oscuro. A Zapatero no le ha hecho falta ni ponerse una máscara negra ni distorsionarse la voz para que nos demos cuenta de ello. Simplemente continúa con sus medidas liberticidas y sin sentido que nunca se le pasarían a nadie por la cabeza en su sano juicio y en la situación en la que se encuentra España actualmente.

Poco después de violar los derechos de los dueños de los bares al negarles la posibilidad de decidir si en su bar se fuma o no, el gobierno ha decidido tomar la medida de reducir el límite máximo de velocidad en las autovías de 120 a 110 Km/h. ¿Cuál es el motivo/justificación? Reducir el consumo energético del país, ayudándonos así a ahorrar. Toma ya. Se van superando.

No creo que haya mucha gente que se crea las explicaciones del gobierno (ya hay científicos que han demostrado que el ahorro de esta medida no llegaría ni al 2-3%). Más bien nos damos cuenta del afán recaudatorio que tiene el Estado.

Pero para mí lo preocupante del caso no son las medidas liberticidas de turno (que también), sino una serie de espantosas conclusiones a las que llegamos cada vez que se producen. Así, a bote pronto, se me ocurren algunas que ponen los pelos de punta:

1.- El Estado del Bienestar supone un continuo y progresivo avance en cuanto a la intervención y control de todos los aspectos de nuestra vida. Representa la más espectacular expansión del poder político sobre las vidas y los intereses de los ciudadanos. Instintivamente tiende a expandirse, acaparar más funciones, concentrar más poder y expoliar más dinero a los ciudadanos. Este énfasis regulador y expansionista se traduce en que es el hipertrofiado Leviatán pilotado por los políticos de turno el que se ocupa de nuestro futuro. En su afán de cuidarnos "desde la cuna hasta la tumba", el Estado se ha adueñado ilegítimamente del papel de eliminar nuestras incertidumbres y tomar decisiones por nosotros (y nuestro bien).

2.- La idea de que el Estado es un instrumento para transformar económica y socialmente las sociedades es compartida por todos los partidos políticos sin excepción. La única diferencia son los fines que se proponen alcanzar y los beneficiarios de sus políticas.


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España debe quebrar

Artículo publicado en el IJM.

Ya son bastantes los analistas que creen que España suspenderá pagos. A estas alturas, ya no parece que sea una imposibilidad metafísica caer en default. Ante esta situación, existirán tres posibles “soluciones”: utilizar algún fondo de rescate, monetizar deuda o dejar quebrar al país. Yo apuesto claramente por la tercera, es decir, dejar que España quiebre.

Me explico. El Fondo de Rescate ha demostrado ser un error tanto en la práctica como en la teoría. En la práctica, sólo hace falta ver a Grecia. Se le inyectaron 110.000 millones de euros, de los cuales 80.000 millones los pagamos todos los europeos. No han servido absolutamente para nada. Un coste que no recuperaremos y que tiene un coste de oportunidad brutal. Esto ya nos lo avanzaba la teoría: si se regala dinero a un país, no tendrá ningún incentivo de realizar reformas estructurales serias. A esto hay que unirle que, en realidad, este Fondo no llegaría ni a unos 350.000 millones de euros en caso de tener que rescatar a España.

Monetizar deuda sería otro peligroso error. A pesar de que es un recurso bastante usado por muchos bancos centrales de países como EEUU, Japón y Gran Bretaña, utilizar la política monetaria no arreglará los problemas europeos. Poner la máquina de imprimir billetes del BCE en marcha (y, por tanto, crear dinero de la nada) para adquirir obligaciones de Estados y empresas en dificultad lo único que conseguirá será devaluar el euro estrepitosamente (aunque sea de forma indirecta) además de incorporar a su balance bonos de baja o nula calidad crediticia a precios sobrevalorados. Esto sin contar que vulnera los principios básicos sobre los que se ha construido la Unión Monetaria.

Finalmente nos queda la opción de dejar quebrar a España, o a cualquier país que se encuentre en situación similar. Esto es, para empezar, una medida justa. ¿Para quién?...

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¿Prohibición del tabaco en los bares? Cuestión de derechos (de propiedad)

Publicado en el IJM.

Con el tema de la prohibición del tabaco en bares y restaurantes quizás mucha gente cae fácilmente en la tentación totalitaria, incluso gente que se autodenomina liberal. Me refiero a estar de acuerdo con la prohibición porque nosotros no somos fumadores y nos molesta profundamente el humo cuando estamos en el bar o restaurante.

Veamos. Que consumir tabaco es dañino para la salud no lo voy a negar (pese a las exageraciones de algunos), como tampoco voy a negar que el humo de los fumadores moleste y perjudique a los no fumadores. Es una realidad. De hecho, yo no he fumado en mi vida y me molesta mucho el humo de los fumadores. Mucho.

Pero esta ley supone un ataque a la libertad individual en toda regla, ya que la libertad no consiste en amoldar a la sociedad a mis gustos y preferencias, sino a permitir otras acciones y estilos de vida siempre que no me agredan.

¿Pero no es una agresión en toda regla el tener que soportar el humo de los demás en los bares? Pues no. Rotundamente no. Pensar así es confundir derechos. Y es que no es el fumador pasivo el que tiene derecho a que no se fume en el bar, sino que, por el contrario, es el dueño del bar el que tiene derecho de discriminar quién entra en su propiedad (derecho de admisión) y lo que se hace dentro de ella, como cualquiera de nosotros en nuestra casa. Sería él el que decidiese si se puede fumar o no en su local. Un bar puede denominarse "espacio público" y estar "abierto al público", pero no es una propiedad pública, es una propiedad privada.

El fumador pasivo puede hacer que el humo de los fumadores deje de molestarle: no entrando en bares en los que se pueda fumar. Nadie está obligado a entrar en ningún bar. Tan sencillo como eso. De lo contrario, sería obligar a un propietario (dueño del bar) a que pierda derechos y soberanía sobre sus propiedades. Algo absurdo, totalitario y liberticida.

En un intento de justificar lo injustificable, este gobierno también ha utilizado el argumento de que así se protegerá a los trabajadores del sector de la hostelería, que son grandes fumadores pasivos. Otra absurdidad. Primero, porque el propietario de la empresa es el dueño del bar y no el resto de trabajadores. Las reglas del negocio y las decisiones empresariales las toma él. Nadie está obligado a trabajar para él a punta de pistola. Segundo, ¿el gobierno les ha preguntado a todos los trabajadores del sector su opinión o simplemente se ha limitado a "opinar" en su nombre? Y tercero, parece ser que el gobierno no es consciente de las pérdidas que van a tener los bares y restaurantes. Se calcula que aproximadamente un 20% de la facturación, ya que su efecto se notará principalmente en las sobremesas. Esto significa más paro. Probablemente los trabajadores preferirían seguir aspirando humo antes que irse al paro. Creo yo. El desempleo también es muy malo para la salud...

El gobierno ha creado una nefasta solución para un conflicto que en una sociedad libre está totalmente resuelto: que cada propietario decida dónde y cuándo se permite fumar en su empresa, local o propiedad.

Y, sin embargo, el gobierno ha decidido imponer estilos de vida agrediendo derechos individuales de propiedad. Por eso es importante oponerse frontalmente a esta ley, porque después de ésta vendrán otras. La ambición totalitaria del Estado no tiene límite. Sólo el que los ciudadanos acepten.

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¡Especuladores, llévense su dinero de España cuanto antes!

Artículo en el IJM.

La situación económica europea actual es tremendamente delicada. El rescate de Grecia y la insolvencia de Irlanda han puesto de manifiesto la verdadera viabilidad de las economías periféricas, los llamados PIIGS. Portugal parece ser el siguiente en declarar su insolvencia y la situación con España es incluso más crítica, ya que la magnitud de este rescate sería difícilmente abordable por el resto de los socios europeos.

Pocos se fían ya de las finanzas de los PIIGS, en especial la de España. El tan cacareado Fondo de Rescate de 750.000 millones de euros se presenta como insuficiente para salvar la situación española. En realidad, este Fondo no llegaría ni a unos 350.000 millones de euros en caso de tener que rescatar a España.

Poco ha tardado el Ejecutivo en culpar a los especuladores de todos los males de España y en hablar del famoso “ataque especulativo”, que encarece la deuda y desestabiliza los mercados. Cualquier cosa antes que admitir su responsabilidad. Como si los problemas de España viniesen de tener unos puntitos más de deuda… En fin, que ya sabemos que para el gobierno todo aquel que compra deuda nacional es un inversor, y todo aquel que la vende o no compra es un malvado especulador que quiere hundir a España.

En realidad, sí que dependemos de los inversores/especuladores. Son los únicos que pueden salvarnos. ¿Cómo? ¿Comprando deuda nacional? No, todo lo contrario: llevándose su dinero de España inmediatamente. Cuanto más rápido, mejor. Ya tardan.

Hay dos principales motivos por los cuales esta huida de capitales sería un beneficio para todos.

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Los sindicatos: un apéndice más el Estado

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La acción sindical es inmoral por numerosas razones. A su modus operandi claramente violento (véase piquetes), y a su supuesta representación (totalmente falaz), se le une su forma de financiarse.

Una de las contribuciones que cabe destacar del sociólogo alemán Franz Oppenheimer es su distinción entre medios políticos y medios económicos. Creo que viene muy a cuento al hablar de los sindicatos.

El berlinés explicaba que el ser humano dispone básicamente de dos medios (opuestos entre sí) para obtener los medios necesarios para vivir y alcanzar sus deseos y fines: a) el trabajo de uno mismo y el intercambio equivalente de su propio trabajo por el trabajo de otros, y b) la apropiación no recompensada del trabajo de otros (robo). Los denominó medios económicos y medios políticos, respectivamente.

Una sociedad libre está regida por medios económicos. Las organizaciones, empresas y particulares obtienen su financiación mediante acuerdos y transacciones voluntarias.

Los sindicatos no obtienen su financiación de esta manera. Saben perfectamente que ellos no se pueden regir por reglas de libre mercado, voluntariedad y la libertad de elección. Ellos deben seguir una estrategia de coacción y obligatoriedad (a través de medios políticos) porque con simplemente un 10-15% de trabajadores afiliados les sería imposible existir. La sociedad le está diciendo a este tipo de organización que no es útil, que no es rentable y que está desperdiciando los valiosos recursos escasos de que dispone (capital y trabajo) en unos proyectos deficientes, en lugar de destinarlos a otros más demandados y prioritarios.

La fuente de financiación directa más importante de los sindicatos la encontramos en los Presupuestos Generales del Estado. Cobran del Ministerio de Trabajo cerca de 16 millones de euros. Eso sin contar con lo que ingresan de las comunidades autónomas. Por ejemplo, de 2004 a mediados de 2009, la Junta de Andalucía concedió subvenciones a UGT y CCOO por importe de 260 millones de euros. Sólo en el segundo trimestre de 2009, las organizaciones sindicales recibieron 125 millones de euros del Estado. Y para qué hablar de lo que reciben para cursos de formación y para los liberados sindicales… Todo esto a costa de nuestros salarios.

Depender de las subvenciones del gobierno de turno reduce terriblemente la independencia, la autonomía y la libertad de los sindicatos, hasta el punto de no ser más que un mero apéndice del Estado. No en vano, los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO han sido los principales aliados de Zapatero por su silencio y complacencia con la política económica del gobierno.

Si George Sorel levantase la cabeza y viese cómo los sindicatos se han convertido en organizaciones burocráticas financiadas por el “Estado Burgués”, se volvería inmediatamente a la tumba para no verlo.

El 29-S no es suficiente

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Partiendo de la base de que no me parece que una huelga general convocada por unos sindicatos estatales acabe siendo beneficiosa para las personas ni para la economía de un país en absoluto, sí que creo que la huelga del día 29 ha tenido algún aspecto positivo (aunque no suficiente como explicaré después). A saber: que la gente ha podido comprobar el modus operandi real de los sindicatos. No el teórico, sino el real.

Empezando con su retórica marxista rancia y caduca del siglo XIX. Desde luego, hay que estar muy trasnochado para hablar de “transformar las estructuras de poder”, de “explotación y opresión de los obreros por parte del capital”, de los “conflictos de clase” o de la “solidaridad de la clase obrera”. La gente del siglo XXI los percibe como meros clichés carentes de toda relación con la realidad.

Además, el pasado día 29 se pudo saber exactamente la función de los piquetes: intimidar y coaccionar a personas libres. La mayoría de los trabajadores han sufrido esta forma de hacer de los sindicatos, y se han dado cuenta de sus métodos violentos e injustos. De poco vale que se le aplique el adjetivo de “informativo”. Porque, ¿de qué nos quieren informar? ¿De que se ha convocado una huelga? ¿De los motivos de la misma? Entiendo que ellos están situados en pleno siglo XVIII, pero los demás terrícolas estamos viviendo en plena sociedad de la información y la tecnología. No solamente no necesitamos que nos informen justo el día de la huelga, sino que además han tenido mucho tiempo para ello.

Es fácil comprender que son meras excusas para intentar enmascarar las agresiones sindicales. La violencia de los piquetes y sindicalistas no siempre es física. También es verbal o psicológica, intimidando y amenazando con represalias o venganzas a aquellos trabajadores que expresen su deseo de ir a trabajar el día de la huelga.

Es curioso que a los sindicalistas se les llene la boca hablando de Estado de Derecho, cuando en realidad son un grupo muy minoritario de la sociedad que utiliza métodos violentos para coaccionar a los que no piensan como ellos. Curiosa manera de defender al trabajador.

Sólo por esto, creo que la huelga no ha sido en vano. Pero es insuficiente. La aristocracia sindical no perderá poder sobre la sociedad hasta que se les derrote moral e intelectualmente.

Moralmente, por dos razones. Primero, porque su existencia se debe única y exclusivamente a las subvenciones. Sólo en 2009 el gobierno destinó a los sindicatos la friolera de 193 millones de euros (para comprar su silencio por el 20% de paro, se supone). En una sociedad libre, las organizaciones y empresas se financian voluntariamente, pero los sindicatos saben perfectamente que ellos no se pueden regir por reglas de libre mercado, voluntariedad y la libertad de elección. Ellos deben seguir una estrategia de coacción y obligatoriedad (a través de medios políticos), porque con simplemente un 10-15% de trabajadores afiliados les sería imposible existir. La sociedad le está diciendo a este tipo de organización que no es útil, que no es rentable y que está desperdiciando los valiosos recursos escasos de que dispone (capital y trabajo) en unos proyectos deficientes en lugar de destinarlos a otros más demandados y prioritarios. Y esto va ligado con la segunda razón moral: con un 10-15% de afiliados, representan y toman decisiones por el 85% de los trabajadores españoles. Si esto es libertad y si esto es defender la libre voluntad del trabajador, ¡venga Dios y lo vea!

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¿Aumentar la tributación a las SICAV?

Publicado en el IJM.

Verdaderamente, la socialdemocracia llega a mermar las capacidades intelectuales de (muchos de) sus súbditos. Distorsiona el sentido común de maneras insospechadas. Si no, no es fácil explicar que la mayoría de la gente se crea que subir los impuestos a las rentas muy altas es una medida positiva para la economía y para el país en general.

Uno de los mayores ataques lo sufren las sociedades de inversión de capital variable, las SICAV. Estos instrumentos de inversión han sido objeto de polémica casi desde su creación. Son instituciones de inversión colectiva que adoptan forma de Sociedad Anónima y que tienen por objetivo la captación de fondos de los accionistas, que invierten en la sociedad para gestionarlos y proporcionarles el mayor rendimiento posible. Se trata de una figura constituida para gestionar el patrimonio de los inversores con un nivel de activos elevado.

El punto más polémico es que estas sociedades, como el resto de las sociedades que gestionan fondos de inversión, tributan al 1% en el impuesto de sociedades, lo cual supone una ventaja fiscal importante.

No les falta tiempo a los lumbreras económicos de los gobiernos y de múltiples medios de comunicación para proponer una subida del Impuesto de Sociedades a todas las instituciones de inversión colectiva, desde el 1% actual hasta el 18%. Esta medida, dicen, tendría un efecto recaudatorio de más de 15.000 millones de euros.

Esto no deja de ser wishfull thinking típicamente liberticida e intervencionista. La realidad es que el ser humano no permanece inmóvil e impasible ante un cambio de circunstancias en su entorno. ¿Qué significa esto aplicado a las SICAV? Pues simplemente, que los inversores, que son personitas de carne y hueso como usted y como yo, ante una subida espectacular del gravamen lo que van a hacer es evitar sufrirla. Por el comprensible hecho de que no desean que el gobierno de turno dilapide su fortuna en obras públicas y financiando a grupos de presión.

Estos pasos en falso de los gobiernos solamente empobrecen a sus poblaciones. Para muestra, un botón: recientemente supimos que el 70% de las grandes fortunas abandonan el País Vascodebido a la decisión del gobierno autonómico de elevar la tributación de las SICAV del 1% al 28% en el Impuesto de Sociedades. 65 de las 92 SICAV que había domiciliadas en Vizcaya, Guipúzcoa y Álava al inicio de 2010 se han registrado en otras comunidades, principalmente Madrid. Unos 420 millones de euros han dejado el País Vasco. Y se estima que para finales de año, las 27 sociedades que quedan en el País Vasco también hagan las maletas y abandonen la región.

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Abaratamiento del despido: prosperidad y justicia

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Si hay alguna acción imprescindible para mitigar el impacto de la crisis actual y conseguir salir lo antes posible de ella, ésa es la reforma del mercado de trabajo. Es, sin duda, la más necesaria para la economía española y no admite más dilación, ya que está relacionada con el déficit público y la recuperación del sistema financiero.

En su incompetencia, el ejecutivo de Zapatero, influido por una mentalidad claramente keynesiana, ha esperado para hacer una insuficiente reforma laboral. Ahora, en plena crisis, con más de 4 millones de parados (tasa de paro del 20%) y un déficit de más del 10% del PIB, quizás habrá caído en la cuenta de la necesidad de hacer reformas en el mercado laboral, después de que la situación sea tan insoportable que ya no hay muchos inversores dispuestos a prestarnos dinero, es decir, que ya no puede seguir endeudándose más.

Y ciertamente, realizar una reforma en época de crisis siempre es más costoso y doloroso que hacerlo cuando realmente se deben llevar a cabo las reformas, esto es, en las épocas de bonanza. (Aznar podría tomar buena nota de esto). Pero ya conocemos la inclinación de los gobiernos (en especial el de Zapatero) de legislar a porrazo de urgencia. Pero lo crucial con la reforma laboral no es hacerla rápido, sino hacerla bien.

Bajo mi punto de vista, una buena reforma laboral es aquella que permite reducir los costes laborales,que son el coste total en que incurre el empleador por la utilización de factor trabajo.

Se pueden destacar tres principalmente: los costes salariales, las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social y las percepciones no salariales (entre las que se encuentran las indemnizaciones por despido). De estos tres costes, hay dos cuyas reformas son prioritarias: las cotizaciones a la Seguridad Social y las indemnizaciones por despido.

Me voy a centrar en la segunda, el abaratamiento del despido, porque creo que es la más significativo para la empresa. (En cuanto a la necesaria reducción de la cotizaciones a la Seguridad Social por parte de la empresa, hay que decir que realmente sería un beneficio para el trabajador y no tanto para la empresa, ya que lo que la empresa no pagase a la Seguridad Social se lo debería ofrecer necesariamente al trabajador para competir por el factor trabajo, por lo que sus costes laborales acabarían siendo los mismos).

Abaratar el despido hace que la contratación de nuevos trabajadores aumente automáticamente. Esto, que inicialmente puede resultar paradójico, es de fácil explicación: el empresario estará más dispuesto a contratar a nuevos trabajadores si sabe que en tiempos difíciles éstos no supondrán una carga pesadísima (muchas veces insuperable).

Lo que puede llevar a un empresario a querer despedir a un trabajador puede ser la mala situación económica de la empresa o la mala actitud y rendimiento del trabajador (ciertamente, todos conocemos casos en que un empleado que lleva muchos años en la empresa deja de rendir lo que se le supone y en muchos casos hasta genera discordia y conflictos con sus compañeros, pero la empresa no puede despedirlo por los altos costes que supondría su despido).

Desde luego, el poder llegar a estas dos situaciones y tener que asumir los altos costes de la indemnización de despido supone para el empresario un escenario poco alentador y arriesgado de cara a la contratación de trabajadores. Sin embargo, si el empresario sabe que no deberá incurrir en esos elevados costes laborales en caso de que la situación se torne mala, será mucho más proclive a incorporar nuevos trabajadores a la plantilla. Es de sentido común.

En este sentido, hay que darse cuenta que el abaratamiento del despido y el aumento de la contratación son dos caras de la misma moneda. Un marco laboral más flexible no hace que los empleados sean echados, sino que sean contratados.

Realmente, lo perjudicial de la situación no es que existan las indemnizaciones por despido, sino que éstas no se puedan pactar voluntariamente por las partes. Aquí reside el problema.

Las actuales indemnizaciones de despido suponen una injusticia tanto para la empresa como para el trabajador. Para la empresa, porque el único criterio que debería tener en consideración un empresario a la hora de despedir a un trabajador es su productividad, es decir, si cumple bien o mal las tareas pactadas con él en su momento, y no cuanto tiempo lleve en la empresa. Y para el trabajador porque, debido a que las indemnizaciones de despido están ligadas al tiempo de permanencia, en situaciones de dificultad económica para la empresa se acaba despidiendo a personas más jóvenes o que llevan menos tiempo en la empresa por el único motivo de que cuesta menos despedirlas, aunque estén mejor preparadas o su productividad sea mejor. Además, cualquier empresa responsable hace provisiones en previsión de las futuras indemnizaciones de despido que le puedan surgir, y esto se hace con cargo al salario de los trabajadores.

Ciertamente, el abaratar el despido es una medida antipopular en una sociedad tan dependiente del Estado como la actual, que no ha caído en la cuenta de las nefastas consecuencias para la persona que tiene que el Estado se adueñe ilegítimamente de los asuntos principales de nuestra vida (como, por ejemplo, el trabajo: nuestra libertad para contratar y ganarnos el sustento).

Pero el gobierno debería recapacitar qué interesa más, su popularidad o la prosperidad económica del país. Y ciertamente, sin la eliminación de las indemnizaciones de despido, España será un país menos prospero y, sobre todo, más injusto.

Los especuladores huyen de Zapatero

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El Gobierno, sus adláteres y un gran número de intelectuales no han tardado en acusar a los especuladores de ser los culpables del sobrecoste en la financiación del estado y la caída de la bolsa. Con lo fácil que hubiera sido para el Gobierno mirarse al espejo para encontrar al culpable… Pero ya sabemos que es más fácil (y sobre todo más conveniente) para la casta política inventarse un chivo expiatorio sobre cuya cabeza se puedan cargar todas las culpas del pueblo y expulsarlo al desierto entre el griterío y las imprecaciones del pueblo contra él.

Y es que la condena de la especulación es un recurso que los políticos suelen llevar a cabo cada vez que la economía no funciona como ellos quisieran, es decir, cuando la realidad no se ajusta a sus deseos e intenciones políticas… El especulador suele aparecer siempre como el malo de la película, como un agente que crea escasez y pobreza aprovechándose de las necesidades de la sociedad. Vemos en los medios de comunicación como se les acusa de hacer que el precio de la gasolina, la comida y las viviendas aumenten constantemente. Al hacerlos parecer los enemigos públicos número uno, es fácil proponer que la especulación deba ser regulada e incluso prohibida.

Pero lejos de ser así, los especuladores son imprescindibles en la sociedad y la economía.

Todos, sin excepción, especulamos en el mercado debido al conocimiento incompleto que tenemos del futuro. En este sentido Ludwig von Mises decía “los capitalistas, los terratenientes y los trabajadores, todos ellos, por fuerza, son especuladores”. El inversor que compra unas acciones en lugar de otras porque cree que obtendrá más ganancias, especula de la misma manera que un agricultor que este año plante patatas en vez de arroz porque piensa que le será más rentable.

Especulamos económicamente, ya que debemos prever nuestras futuras necesidades. Por ejemplo: cuando compramos más leche esta semana porque sabemos que será más cara la semana que viene; cuando adquirimos bienes antes de julio porque en ese momento subirá el IVA; cuando compramos un casa porque vemos que puede revalorizarse y podremos venderla a un mayor precio; cuando pagamos un seguro de vida, médico o de coche aunque nunca lo utilicemos, etc.

No solamente eliminar la especulación es técnicamente imposible, sino que tendría consecuencias negativas para la sociedad.

El especulador tiene un papel fundamental en la economía básicamente por dos razones. Primero, porque reasigna recursos en el tiempo. Lo cual permite beneficiarse tanto al especulador como a los consumidores, ya que permite distribuir la oferta de bienes a través del tiempo. Si un especulador piensa/descubre que existirá una escasez en el futuro de petróleo, lo comprará hoy a precios bajos para venderlo en el futuro a precios mayores cuando exista esa escasez. Traspasa los periodos de abundancia relativa a los de escasez.

Segundo, el especulador cumple una función de estabilización de precios. El especulador (exitoso) compra cuando ve que los precios aparecen subvalorados, haciendo subir los precios. Por el contrario, vende cuando los precios están sobrevalorados, por lo que hace que el precio baje. De esta manera nivela los precios.

Los especuladores, o inversores como se les debería llamar, basan su acción en la previsión y en la anticipación. Están dispuestos a asumir riesgos (porque no pueden adivinar el futuro) en base a la información que disponen en ese momento. Y las noticias provenientes de España sobre las acciones de su gobierno no incitan mucho a invertir y apostar por ella. La mala atmósfera financiera española hace que los inversores teman interferencias arbitrarias en su capital y ganancias.

Como he dicho al principio, si el Gobierno quiere conocer al culpable de la situación, sólo hace falta que se mire al espejo. Así de fácil. En lugar de acusar a los especuladores de antipatriotas o desestabilizadores cuando mueven el capital financiero del país, deberían darse cuenta que lo hacen para protegerlo de la atroces medidas económicas que lleva a cabo el Gobierno español. Está claro que nuestros políticos no entienden el funcionamiento de los mercados. Cierto es que los mercados tienen un funcionamiento complejo que Zapatero (ni nadie) podrá aprender en dos tardes. Pero lo que sí que debería estudiar Zapatero son los motivos de la falta de credibilidad de su Ejecutivo. Igual así conseguiría que los inversores no huyesen despavoridos de España.

¿Seguro que la subida del IVA no creará distorsiones?

Artículo en el IJM.

Según afirmó Elena Salgado, ministra nada menos que de Economía, la inminente subida del IVA del próximo julio no causará distorsiones y efectos perjudiciales en la economía española. Uno no puede dejar de sorprenderse de que afirmaciones como ésta salgan de la boca de una ministra de Economía, que idealmente debiera ser la persona que más sabe de economía de España o, al menos, la que mejor asesores económicos tuviera.

Antes de entrar a comentar las distorsiones, hay que decir que la subida del IVA (o de cualquier otro impuesto) no solamente creará numerosas y perjudiciales distorsiones en nuestra economía, sino que no solucionará en ningún caso el problema de nuestro déficit, como ya comenté en un anterior artículo.

Dicho esto, lo que está claro, al menos económicamente hablando, es que el incremento del impuesto se trasladará a precios. En otras palabras, los comerciantes se verán en la obligación de “cobrar” la subida al consumidor. El gran afectado es el consumidor, como (casi) siempre.

Por lo tanto, aquí tenemos la primera gran distorsión: en el escenario actual de crisis económica, la subida del IVA va a causar que sea más difícil salir de esta crisis. Incluso la Comisión Europea advirtió que la tímida recuperación que se esperaba para el segundo trimestre se vería truncada por la subida del impuesto. Se estima que costará 1.000 euros anuales a cada familia. Nada menos. Y esto significa que las personas tendrán menos recursos para hacer frente a sus deudas y reestructurarse financieramente. Lo cual significa que seguiremos en recesión. Eso sin contar que la subida del IVA no “la pagarán los ricos” (como se suele decir demagógicamente), sino que recaerá sobre las rentas más bajas y los pensionistas. ¿Pretende la ministra Salgado hacernos creer que esto no supone una tremenda distorsión?

Además, ¿no habían quedado nuestros queridos gobernantes, consejeros y economistas keynesianos que lo que había que promover era el consumo? Si la demanda es débil ya de por sí, una persona sensata se preguntaría cómo pretenden estimularla castigando el consumo con la subida del IVA. El sentido común nos dice que si los bienes y servicios son más caros y nuestra renta permanece constante, no podremos adquirir el mismo número de bienes que adquiríamos antes (o tendremos que endeudarnos más todavía…). Si yo antes destinaba 100 euros a comprar una serie de bienes y ahora estos mismos bienes cuestan 110, está claro que me veré forzado a comprar menos cantidad. Zapatero, que ya sabemos que nació con otra lógica cerebral, afirmó que “[la subida del IVA] es la medida que ahora menos daño hace al consumo y a la recuperación de la actividad”.

La ministra Salgado, no obstante, nos intenta convencer de que sólo un 50% de la subida se trasladará a precios. Quizás sea así, quién sabe. Pero si los empresarios no repercuten el 100% de la subida al consumidor es porque no pueden hacerlo debido a que la gente no consumiría lo mismo, con lo que deberán absorber el incremento del impuesto ellos mismos, con las consiguientes pérdidas y reducciones de márgenes. En algunos casos eso significará una pérdida de competitividad y la descapitalización de la empresa, y en otros casos se traducirá en el cierre de la empresa y la destrucción de empleo.

Desconozco si la ministra considera esto una distorsión, pero en cualquiera de los dos casos, significará un descenso en la actividad económica. Y es que los impuestos siempre suponen un castigo a los que producen, que son el motor del crecimiento económico y son los que aumentan el nivel de vida de todos, haciendo que el país sea más rico y próspero. El resultado es un nivel de vida más bajo y menores oportunidades de empleo. Cosa que pagan los trabajadores, los accionistas y los consumidores, empobreciéndose la sociedad en su conjunto. El Estado debería premiar a los emprendedores y productores que innovan, invierten, trabajan y crean, porque son ellos los creadores de riqueza.

Por eso, cuando desde el gobierno se nos dice que no queda más remedio que subir los impuestos porque el Estado no ingresa lo suficiente, habría que recordarles que la recaudación del Estado no se ha reducido porque los impuestos sean bajos, sino porque se ha dilapidado/hundido la actividad económica.

La ministra Salgado nos muestra lo que un buen político demagogo (valga la redundancia) no puede olvidar bajo ningún concepto: nunca valorar y reflexionar acerca de los posibles efectos secundarios de sus decisiones; pensar que, después de que ellos metan la manaza en la economía, todo va a quedar igual, nada se va a alterar, todas las variables permanecerán constantes. Lo cual significa pensar que el ser humano no reacciona ante un cambio de circunstancias, que no le afecta nada, que actuará igual pase lo que pase en su entorno. Curiosa manera de entender la economía y la naturaleza humana…

Y mientras tanto, Zapatero con su peculiar lógica cerebral va afirmando que “empezamos a dejar atrás la recesión”.

¿Subida del IVA? ¡No, gracias!

Artículo en el IJM en el que me posiciono en contra de la subida del IVA.

A estas alturas no queda ni un solo analista medianamente serio que crea en la capacidad de España de reducir su déficit a un nivel inferior al 3% del PIB para 2013 como fija el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC). Actualmente ronda el 10%. Una de las medidas que el gobierno quiere tomar para alcanzar el objetivo de pagar la deuda galopante es la famosa subida del IVA: del 16% al 18% en el tipo general, del 7% al 8% en el reducido.

Antes de comentar la conveniencia o no de las subidas del IVA, se debería pensar cómo es posible haber llegado a esta situación, es decir, por qué se llega a estos gigantescos niveles de déficit. Los motivos son básicamente dos:

El primero, es el tremendo gasto público que proviene de la imparable expansión de los estados del bienestar, que suponen un continuo y progresivo avance en cuanto a la intervención y control de todos los aspectos de nuestra vida. El Estado, pilotado por el poder político de turno es actualmente el encargado de garantizarnos la cobertura de un amplio conjunto de necesidades como las pensiones, la asistencia sanitaria, la permanencia del puesto de trabajo, el pleno empleo perpetuo, la vivienda o el subsidio de paro. Y, evidentemente, pese a sus promesas y discursos sobre la gratuidad de estos servicios, éstos se deben pagar (y muy caro, por cierto).

El segundo motivo por el cuál se llega a este escenario deficitario es la inclinación y preferencia de los gobiernos a financiar ese gasto público con otras herramientas que no sean los impuestos, como por ejemplo, endeudándose o emitiendo moneda principalmente (en el caso de España, esta última vía no es viable gracias a Dios). Y es que los Estados deberían financiarse exclusivamente con los impuestos de los ciudadanos. De esta manera existiría un límite para el gasto estatal. No podrían gastar más de lo que ingresan. Al mismo tiempo son impopulares, por lo que no podrían aumentarlos ilimitada y alegremente. Sin embargo, los gobiernos desean gastar más por motivos populistas, por lo que deben recurrir a generar inflación o emitir deuda para financiarse. Además, aprovechan que el ciudadano no es plenamente consciente del impacto que tienen en su renta estas vías alternativas de financiación estatal.

Dicho esto, creo que es un grave error subir el IVA para intentar solucionar el déficit español (realmente creo que subir cualquier impuesto siempre es un error y una medida empobrecedora para todos). Para empezar, el dinero recaudado por esta subida será de unos 5.150 millones de euros, mientras que el déficit es de más de 120.000 millones de euros.

No sólo no reducirá significativamente el déficit, sino que impedirá la salida de la crisis. Este es mi principal argumento en contra de la subida del IVA. ¿Por qué? Porque dilapida la renta de los ciudadanos y empresas, con lo que evita que salden sus deudas y que puedan reestructurarse financieramente. Despilfarra los recursos necesarios para que la crisis se vaya superando progresivamente. El gobierno debería favorecer el ahorro privado, pero no para consumirlo él en nuevos programas de gasto público prescindibles y subvenciones a sectores, sino para que pueda ser puesto a disposición de los intermediarios financieros y, de esta manera, favorecer la inversión.

Si lo que quiere el gobierno es recaudar y tapar de esa forma el déficit, ¿qué mejor que estimular la recuperación cuanto antes? De esa manera podrá recaudar más porque la actividad económica y productiva será mucho mayor que la actual. Pero para ello hay que liberar recursos para que el sector privado genere riqueza. Y eso sólo se puede hacer bajando los impuestos, las trabas burocráticas, ayudando a liquidar las malas inversiones, haciendo que los factores productivos se dirijan hacia áreas más productivas y rentables y… ¡recortando notablemente el gasto público!

Por tanto, la solución no pasa por subir los impuestos, sino por que el Estado mengüe. Para empezar, podría eliminar los Planes E, reducir un 10% el sueldo de los funcionarios, eliminar ministerios (el primero el de Igualdad, que queda muy progresista y moderno en época de bonanza, pero que resulta menos gracioso con un 20% de paro), eliminar subvenciones y retirar las ayudas a sectores específicos.

Desafortunadamente, ya sabemos por experiencia que el Estado prefiere aumentar la coacción sobre ciudadanos y empresas antes que menguar lo más mínimo. Y ese es otro motivo principal por el cual no deben subir los impuestos: no volverán a bajar. Históricamente se ha demostrado que el Estado incumple la promesa de volver los impuestos a su situación anterior. Sencillamente, los impuestos no habría que subirlos ni “temporalmente” como predican algunos.

El fracaso del sistema de pensiones y la "previsión social"

Publicado en el IJM.

Con la propuesta del Ejecutivo de retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años se vuelve a abrir el debate sobre las pensiones. Lo cual no está mal, porque nos permite examinar el sistema actual y reflexionar sobre él, algo necesario en un sistema democrático. Sin embargo, el problema no es nuevo. Ya hace más de 15 años que economistas y expertos en la materia vienen planteando la necesidad de reformar el actual sistema de pensiones.

La raíz del problema es que el sistema es de reparto. Las pensiones actuales las pagan los trabajadores actuales, es decir, que los pensionistas no reciben lo que han ido ahorrando o invirtiendo, sino que viven de las cotizaciones de los que trabajan a día de hoy. Este sistema, que no deja de ser piramidal (como Madoff y Afinsa), se va sosteniendo mientras el número de cotizantes sea mucho mayor que el de pensionistas.

El problema surge cuando la pirámide poblacional se va invirtiendo debido a la baja natalidad y al aumento de la esperanza de vida, momento en el que cada vez es más difícil pagar las prestaciones, y éstas cada vez son menores. En España se estima que para 2049 habrá 15 millones de personas mayores de 65 años y diez millones de menores de 16 años, lo cual significa que más del 50 por ciento de la población no estará en edad de trabajar dentro de 40 años.

Sin embargo, este esquema piramidal, pese a ser igual de fraudulento que los demás, tiene una peculiaridad: que puede no suspender pagos. El Estado puede hacer que la pirámide no caiga. Eso sí, bajando cada vez más las pensiones (o subiendo los impuestos). Estrictamente hablando, siempre será posible garantizar su solvencia, si por solvencia entendemos que el tener o contar con medios suficientes para satisfacer las propias deudas y cumplir con los compromisos adquiridos. En el caso de las pensiones, a lo único que se ha comprometido el político es a dar una prestación, pero nadie sabe la cantidad.

El político recurrirá, por tanto, a manipulaciones constantes y sistemáticas para no dejar caer el sistema. Esto quiere decir que, si no se apuesta por cambiar el modelo, siempre se deberán ir haciendo "reformas" para evitar su inherente quiebra.

Un posible parche consiste en incrementar el número de años para cobrar la pensión, es decir, aumentar la edad de jubilación. Otro puede ser ampliar a toda la vida laboral el periodo de cómputo de la pensión. En este último caso se ve claramente como la prestación debe reducirse forzosamente, ya que el importe de la pensión tomará los primeros años de trabajo, que son aquellos en los que se cobra menos sueldo. En definitiva, es evidente que con cualquiera de estas medidas/parches nos quedará menos dinero y no se podrá contar con una pensión digna.

Las pensiones entran dentro del sistema implementado por el Estado denominado "previsión social", que se nos asegura que son un conjunto de prestaciones en beneficio de los trabajadores y de sus familiares, que tienen por objeto elevar su nivel de vida económico, social, cultural e integral. Busca generar condiciones de seguridad a los ciudadanos durante toda su vida. Un ejemplo serían las pensiones públicas, que deben atender las necesidades de la población cuando por su avanzada edad disminuya su capacidad de trabajo.

Pero la realidad es que este sistema ni protege ni prevé nada. Y por supuesto, no es social. No mejora la condición de los trabajadores; no ayuda a superar la pobreza, sino que la aumenta; no elimina las desigualdades y discriminaciones, sino que las incrementa; no consigue aplacar los riesgos en empleo, salud, educación y previsión; no protege a quienes más lo necesitan y, además, genera condiciones de más incertidumbre al término de su vida laborar activa.

Desde luego, si seguimos con la idea de que “el Estado proveerá” sólo tendremos una pobre, complicada y amargada vejez.

Venezuela devaluada

Publicado en el IJM.

No cabe duda que Hugo Chávez, presidente de Venezuela, es coherente. Este dictador con vocación de cómico no engaña a nadie; se le ve venir. No quiere saber nada de la economía capitalista y actúa en consecuencia. Todas sus acciones son consecuentes con lo que él llama “el socialismo del siglo XXI”, que a estas alturas de la película ya sabemos que viene a ser el socialismo de toda la vida.

Y ahí está la tragedia de Venezuela, porque los resultados de las medidas económicas implantadas por Chávez también acabarán siendo las del socialismo de siempre: pobreza y escasez generalizada.

El viernes 8 de enero, el gobierno de Hugo Chávez anunció la devaluación de la moneda. Posiblemente se inspiró en su admirado Lenin, que en una ocasión dijo: "¿Queréis destruir una nación? Primero destruid su moneda". Así, desde el lunes 11, comenzaron a regir dos nuevos tipos de cambio en el país. El llamado “bolívar fuerte" sufrió ajustes. Pasó de la paridad oficial actual de 2,15 bolívares por dólar, a una de 2,6 y a otra de 4,3 bolívares por dólar. Lo que significa dos devaluaciones, una de casi el 21% y otra del 100%.

¿Qué hizo la población ante esta circunstancia? Deshacerse de sus saldos de caja comprando bienes en tiendas y supermercados (¡incluso aunque no los necesitasen en ese momento!) porque sabían que se iba a producir una notable subida de precios (al doble en algunos casos) debido a que los bolívares iban a perder muchísimo poder adquisitivo.

Ante esto, Chávez no dejó pasar la ocasión para mostrar su estilo matonesco y su ineptitud económica. Aseguró que no hay ninguna razón para que nadie incremente los precios, y que no aceptaría que ningún comerciante burgués especulador (Chávez dixit) subiese los precios de los productos. Incluso instó a la población a “denunciar públicamente al especulador para que ellos [el ejército] interviniesen”. Un estilo que sólo identificamos al recordar los grandes totalitarismos del siglo XX.

Evidentemente, pese a las bobadas chavistas, los precios deben subir forzosamente debido al aumento notable de los costes. Imaginemos el caso de un comerciante que vendía a 700 bolívares un determinado producto que había adquirido previamente por 500. Si ahora ese producto le pasa a costar 1000 bolívares, resulta un poco difícil que prospere su negocio si lo sigue vendiendo a 700. Es decir, o suben los precios o desaparecen los negocios, no hay más salidas posibles.

Los ciudadanos, a su vez, por mucho que Chávez se ponga colérico, tratarán de huir de los bolívares para sustituirlos por otros activos/monedas con la intención de salvaguardar el valor de su riqueza. Los particulares acuden al mercado negro, donde pueden adquirir dólares a unos 6 ó 7 bolívares.

Menos suerte tienen las empresas extranjeras de cierto tamaño (sobre todo las españolas, colombianas y estadounidenses), que tienen que pasar obligatoriamente por el Banco de Venezuela para que les cambien sus bolívares a dólares (u otra divisa extranjera). Debido al criminal control de cambios que opera desde 2003, la Comisión Nacional de Administración de Divisas (CADIVI) procesa las demandas de conversión de moneda de las empresas. Éstas son obligadas a mostrar el origen de sus beneficios y luego solicitar la repatriación de dividendos a CADIVI. ¿Qué pasa con las empresas españolas que operan en Venezuela? Pues ha sucedido que después de la devaluación, y debido a que el Gobierno sigue teniendo la llave para que las filiales de empresas españolas paguen dividendos a sus matrices, éstas han visto reducirse a la mitad sus ingresos, beneficios, recursos y dividendos. Así de fácil. De un plumazo totalitario.

En realidad, el único que saldrá beneficiado con estas devaluaciones es el gobierno liberticida de Chávez, que al recibir más bolívares por cada dólar ingresado por petróleo, tendrá más fondos para poder cubrir el presupuesto y las numerosas obligaciones sociales de gasto que tiene. También podrá saldar y hacer frente a sus deudas, como, por ejemplo, pagar a los proveedores de servicios de la petrolera estatal PDVSA.

Y es que vivir gracias al petróleo (aporta cerca del 50% de los ingresos del presupuesto nacional y del 90% de las divisas que entran en el país) tiene un problema, a saber, que cuando los ingresos por petróleo disminuyen, dejan ver las consecuencias del socialismo chavista en Venezuela: existe escasez de agua y alimentos (la importación de alimentos se ha disparado); la inflación en 2009 fue del 25%, la acumulada es de más de 700%, y la deuda pública está cerca del 200%; las expropiaciones están a la orden del día; el número de funcionarios se ha casi triplicado; las exportaciones del sector privado venezolano son inexistentes; y han aumentado notablemente el número de pobres y enfermedades.

Y es que, desgraciadamente, lo que ese sátrapa llamado Chávez está consiguiendo con su gobierno incompetente, no es devaluar el bolívar, sino devaluar a Venezuela entera.

Sociedad subvencionada, injusta, pobre y dependiente

Publicado en el IJM.

La sociedad actual se caracteriza por la búsqueda desesperada de subvenciones y ayudas públicas. Aunque esto es inherente a los estados modernos del bienestar, la situación se agrava notablemente en épocas de fuerte crisis económica como la actual. Sin embargo, una sociedad subvencionada es, por definición, una sociedad más pobre, menos próspera y más injusta.

Las subvenciones no dejan de ser transferencias unilaterales del Gobierno hacia particulares o hacia determinados sectores para alentar actividades económicas específicas (véase las ayudas al sector del automóvil, las subvenciones a los agricultores o las ayudas al cine español, entre otros).

El Gobierno extrae riqueza de quienes la han creado (eficientemente), y la reparten/redistribuyen entre aquellos particulares o grupos de presión que no son capaces de obtener ganancias en un mercado libre. De esta manera, las actividades subsidiadas por el Gobierno son aquellas que no podrían desarrollarse sin algún tipo de apoyo externo. Los gobiernos utilizan su legitimidad para poner el dinero de millones de ciudadanos en manos de intereses particulares, que buscan el favor y privilegio estatal para mejorar su cuenta de resultados porque no pueden satisfacer las preferencias de los consumidores en un mercado competitivo. Todo este proceso acaba desembocando en un tráfico de favores sin fin; lo que escuela de la Public Choice denomina logrolling. De esta manera se pervierte la democracia y el Estado de Derecho y la sociedad acaba siendo más injusta.

Además, la subvención no crea riqueza, sino que la destruye. Los subsidios se otorgan a particulares independientemente de la rentabilidad que tengan en el mercado. Los recursos no se asignarán eficientemente, ya que capital y mano de obra se trasladan a unas líneas de producción que en realidad no están siendo demandadas por la sociedad. Las ayudas públicas distorsionan los mercados porque se lleva a cabo una asignación de recursos distinta a la que se llevaría a cabo por los procesos de mercado mediante transacciones voluntarias. Las subvenciones incentivan a grupos a actuar como si la escasez no existiese, por lo que se resta eficacia y se maximiza la escasez. Lo cual desemboca en una sociedad menos próspera y más pobre.

También es una sociedad más dependiente y menos autónoma. Los individuos creen que el Estado debe tomar partido en las grandes cuestiones de nuestra vida, ya sea dándonos ayudas directas individuales, ya sea "salvando" a nuestro sector, o ya sea "garantizándonos" la cobertura de un amplio conjunto de necesidades como las pensiones, la asistencia sanitaria, la permanencia del puesto de trabajo, el pleno empleo perpetuo, la vivienda o el subsidio de paro, así como otros programas sociales de diversa naturaleza. Esto acaba generando una sociedad más infantil y menos autónoma, porque el parasitismo sustituye a la responsabilidad individual.

Los intermediarios y los agricultores (otra vez)

Publicado en el Instituto Juan de Mariana.

Cíclicamente, como si de una crisis se tratase, los agricultores sacan los tractores a la calle para reclamar ayudas para su sector. Hace unas semanas, miles de agricultores se manifestaron en Madrid convocados por las tres grandes organizaciones de ámbito estatal: Asaja, COAG y UPA. Señalan, como cada vez, que los intermediarios son los culpables de que los productos agrícolas se encarezcan desmesuradamente y denuncian sus amplios márgenes. No dudan en mostrarlos como un grupo privilegiado de especuladores que se enriquecen a costa de agricultores y consumidores. Este "argumento" (por llamarlo de alguna manera) significa no entender absolutamente nada de economía.

Veamos. La clave está en darse cuenta de que el producto que el agricultor recoge no es un bien de consumo, sino simplemente un paso intermedio en el proceso productivo. Y es que los consumidores (es decir, cualquiera de nosotros) no queremos ese bien que el agricultor acaba de recolectar. No tiene ningún valor para nosotros; no nos es de ninguna utilidad. No es un bien de consumo porque, entre otros motivos, no tenemos acceso a él y/o desconocemos su existencia.
Económicamente hablando, la manzana que el agricultor de Extremadura recoge en su campo no es el mismo bien que la misma manzana comprada por nosotros en el supermercado. Un producto sólo puede ser denominado "de consumo" cuando ha pasado por todas y cada una de las necesarias etapas de transformación del proceso productivo, se ha acercado y se ha puesto al alcance del consumidor. Mientras no sea así, ese bien "no existe" para el consumidor, y de ahí que no tenga ningún valor.

Por tanto, los agricultores son solamente una etapa más de la producción, de igual importancia que los transportistas, distribuidores, publicistas, controladores de calidad, mayoristas, minoristas y demás prestadores de servicios que son indispensables para que el producto acabado de consumo esté a disposición del consumidor.

Si no fuesen económicamente analfabetas, estas organizaciones agrícolas y de consumidores sabrían perfectamente que los intermediarios son totalmente imprescindibles. Deberían imaginarse que no me sale a cuenta desplazarme a Canarias cada vez que se me antoje un platanito; que no voy a coger el coche en dirección a Galicia cuando desee comer pulpo de calidad; que no volaré hasta Argentina o Uruguay para degustar su carne; o que no voy a ir a la Rioja para comprar el vino que necesito esta noche. Paradójicamente, los principales beneficiados de la existencia de intermediarios son precisamente los agricultores.

Si eliminamos a los intermediarios o intentamos aminorar coactivamente las ganancias de su negocio, lo único que conseguiremos es crear una escasez de alimentos, como ha sucedido en la historia en otros regímenes con economías planificadas.

Lo único que verdaderamente deberíamos exigir es que no haya barreras de entrada para realizar la actividad de intermediario, es decir, que no se pongan trabas a cualquier persona que quiera (intentar) ejercer de intermediario. Si esto es así (mercado libre), no cabe más que concluir que los profesionales que actualmente están realizando esos servicios son los más eficientes. Son los que ofrecen la mayor calidad a un menor precio. Esto es debido a que los procesos de competencia hacen que los servicios mejoren de calidad y bajen de precio, ya que los empresarios intentarán realizar su labor lo más eficazmente posible y con costes cada vez menores para imponerse a sus competidores. El que no lo consiga deberá cerrar y será expulsado del mercado.

Por tanto, si tan buen negocio es ser intermediario, ¿por qué no se dedican a ello los agricultores? ¿Es que hay alguna barrera de entrada legal que se lo prohíba?

Pero estos lobbies que dicen defender el campo español y a los consumidores pisotean y obvian las leyes más básicas de la economía para conseguir lo que verdaderamente quieren: privilegios. Por eso han centrado sus esfuerzos en exigir la intervención del Gobierno (¡cómo no!) para que regule/fije precios y márgenes de comercialización cuando se trate de productos de primera necesidad. Se entiende que los productos de primerísima necesidad son casualmente los suyos.
Y, como siempre, parece que han conseguido (o conseguirán) lo que se proponen. Es de esperar que los subsidios a los agricultores sean pagados por todos los contribuyentes de forma directa o indirecta. Directa, mediante impuestos que irán destinados a incrementar su partida presupuestaria; indirecta, al provocar que los precios que deberán pagar por los alimentos sean más elevados.

Se beneficia claramente a unos sectores en detrimento de la mayoría, que acaba pagando sus costes. Lo cual supone una curiosa manera de entender la democracia por parte de los gobernantes, ya que permiten que intereses particulares prevalezcan sobre los derechos individuales del resto de ciudadanos. Y es que una vez más se demuestra que la política está reñida con la ciencia económica más básica.

Los empresarios y las crisis

Publicado en el IJM.

Cuando hablamos de crisis económicas solemos señalar las malas inversiones que se han llevado a cabo por parte de los empresarios. En realidad, lo característico de las crisis económicas no es el hecho de que los empresarios se equivoquen al llevar a cabo sus proyectos e inversiones (cosa que ocurre en cualquier lugar y tiempo), sino que se equivoquen todos a la vez. Es decir, que ocurran errores colectivos simultáneos. Y es precisamente esta circunstancia la que debe ser explicada por una teoría del ciclo correcta.

En este sentido, la teoría del ciclo austriaca que hemos expuesto brevemente en otro artículo, explica cómo se produce esta grave descoordinación social en ámbitos como el dinero y el crédito bancario, y cuál es el papel del empresario.

Un empresario es, en sentido amplio, todo ser humano que actúa con perspicacia (alertness, en palabras de Israel Kirzner) para descubrir y darse cuenta de las oportunidades de ganancia subjetiva que surgen en su entorno, y establece un plan de acción para aprovecharse de ellas. En sentido estricto/económico, un empresario es todo aquel que guía los procesos de producción para satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores. Para ello, se arriesga adquiriendo factores de producción en el presente para vender los productos terminados en el futuro y obtener una ganancia.

La función empresarial tiene una capacidad coordinadora. Los empresarios se dan cuenta de la situación de desajuste o descoordinación que se da en el mercado debido a la inevitable dispersión y limitación del conocimiento de oferentes y demandantes y, movidos por la creencia subjetiva de que existe una oportunidad de beneficio empresarial, crean nueva información y la transmiten a lo largo del cuerpo social. De esta manera se coordinan los comportamientos desajustados de los individuos del mercado. De esta manera los empresarios coordinan los planes de los individuos de la sociedad.

Habiendo comentado estos puntos, debemos preguntarnos si existe alguna relación entre estos aspectos y el desencadenamiento de las crisis. La respuesta es que sí, y tiene su origen en la pretensión de los bancos centrales de fomentar un crecimiento estable y sostenido mediante la manipulación de la oferta monetaria y el tipo de interés. Al reducir los tipos de forma arbitraria, se fomenta que los bancos sean más flexibles y proclives a conceder créditos ya que se encuentran respaldados por los bancos centrales. Esta distorsión de los tipos de interés hace que los empresarios emprendan proyectos que ven rentables pero que en realidad no lo son (desplazando para ello capital y trabajo).

De esta manera se desencadena un proceso de descoordinación intertemporal, ya que el tipo de interés es un importante fenómeno de mercado que relaciona los bienes presentes con los bienes futuros y tiene un papel protagonista en los procesos empresariales de coordinación intertemporal porque regula la relación entre consumo, ahorro e inversión.

Vemos como, de esta forma, se pervierte/distorsiona el necesario ajuste de los comportamientos presentes y futuros que realiza la función empresarial en el mercado de intercambio de bienes presentes por bienes futuros, lo cual provoca una generalizada mala inversión de los recursos y factores productivos e imposibilita que se descubran las situaciones de desajuste que se dan en la sociedad.

Cabría también preguntarse si los empresarios pueden evitar participar en este proceso de descoordinación (que además puede suponer su ruina) rechazando los préstamos que reciben del sector bancario. Mi respuesta es que hay pocas posibilidades de que puedan conocer y anticiparse a las distorsiones señaladas anteriormente, ya que difícilmente podrán saber si el préstamo que se le ofrece procede de un aumento del ahorro real de la sociedad o, por el contrario, se trata de dinero inflacionario que han creado artificialmente gobiernos y bancos.

El endeudamiento de los Estados modernos

Publicado en el Instituto Juan de Mariana.

Es una práctica corriente y ampliamente extendida en el mundo moderno que los Estados gasten más dinero que el que recaudan debido a los compromisos políticos y sociales que asumen.

Cuando un gobierno se endeuda ocurre lo mismo que cuando lo hace una persona, familia o empresa: el contraer deudas le permite gastar más en el presente. ¿Qué es lo que haría una familia en esa situación? Lógicamente procuraría disminuir los gastos (e incrementar los ingresos si es posible) para saldar sus deudas. Esto, que resulta tan evidente para familias y empresas, no lo es si se trata del Estado.

Los gobiernos tienen una clara tendencia/preferencia a financiar sus gastos con deuda. De esta manera pueden gastar todo lo que quieran en el presente sin preocuparse mucho por las consecuencias, que vendrán en el futuro.

La forma de obtener financiación de los gobiernos es obteniendo préstamos o emitiendo bonos. En el primer caso, los gobiernos recurren a una institución financiera para obtener un préstamo, que tendrá derecho posteriormente a demandar el capital más un interés determinado. Los bonos son títulos de la deuda pública de un país emitidos por la tesorería del Estado que devengan un interés fijo y son emitidos a largo plazo (aunque existe una gran cantidad de variantes al respecto). A la llegada de la fecha de vencimiento se paga al poseedor su valor nominal. Debido al gran peso de las deudas contraídas, es habitual que, entre los gastos del Estado, se incluya una considerable partida dedicada al pago de los intereses y del capital de la deuda asumida.

En el caso de Estados Unidos, Obama se gastó 3,2 billones de dólares para llevar a cabo sus grandes planes y rescates financieros. No ha alcanzado los objetivos que se proponía, pero sí ha conseguido tener un desequilibrio presupuestario memorable. El déficit público se ha disparado y ha alcanzado cifras históricas. Para hacer frente a este déficit, el Gobierno Federal va a tener que emitir nueva deuda pública y pedir prestado al exterior una enorme cantidad de dinero para hacer frente a la necesidad de financiación sin precedentes.

La deuda pública se puede clasificar en interna o externa. La primera sería aquella cuyos acreedores son ciudadanos del propio país, mientras que la segunda sería la que está en poder de acreedores extranjeros. También suele darse el nombre de deuda externa a la denominada en moneda extranjera. La (principal) diferencia entre tener deuda en moneda extranjera o local, es que en el segundo caso se puede recurrir a emisiones suplementarias de moneda nacional para atenderla. Esta “licuación” hace que exista, evidentemente, una presión de tipo inflacionario, ya que las emisiones se producen sin respaldo de bienes producidos por el país.

Volviendo al caso de Estados Unidos. China es el principal acreedor del gobierno estadounidense junto con Japón. El gobierno chino ha considerado en el pasado que los bonos del Tesoro americano eran buenos activos (sino los mejores) para invertir en ellos. Sin embargo, la desastrosa política económica llevada a cabo por las autoridades monetarias estadounidenses, ha hecho que el dólar se deprecie enormemente. Esto ha hecho que los chinos empiecen a desconfiar en los bonos del Tesoro americano, ya que prevén que los beneficios serán cada vez menores. China reducirá (lógicamente) su compra de activos estadounidenses nominados en dólares; su tenencia de bonos irá en descenso; y diversificará sus activos con el objetivo de no tener demasiada deuda pública americana. Si los inversores extranjeros son incapaces de absorber la creciente oferta de bonos por parte del Tesoro, Estados Unidos tendría un serio problema justo en el momento en que se enfrenta a la mayor necesidad de financiación de toda su historia.

Señalar, para finalizar, que los gobiernos pueden seguir incrementando su deuda hasta el punto en que no haya nadie capaz/dispuesto a seguir prestando por el riesgo de incumplimiento. Es decir, los estados también pueden caer en default. Y es que las políticas keynesianas que abogaban por presupuestos deficitarios como remedio para activar el crecimiento económico, han contribuido enormemente al endeudamiento y colapso de los estados modernos.