Los eurodiputados y la casta política

Artículo mío publicado en el IJM.

Dejo varios fragmentos:

Lo que ha puesto de manifiesto la situación no es lo mucho que gastan los políticos (cosa que ya sabíamos), sino la verdadera naturaleza de la política y de su casta. Siempre nos han dicho que los políticos son seres angelicales y sirvientes altruistas del ciudadano. También llevamos en nuestro ADN educativo (gracias a la educación estatal) que, a pesar de que los políticos de turno sean corruptos y malos, la política es honesta en sí misma; simplemente hace falta que suban al poder otros políticos que sean buenos y altruistas; si hubiera políticos honrados en el poder, dicen algunos, todo sería diferente. Estos son unos errores intelectuales insostenibles y negligentes a estas alturas.

Y es que la teoría de la acción humana también se aplica a los políticos. Es posible la aplicación y la extensión del análisis económico a las instituciones y procesos políticos. El análisis político puede resolverse en consideraciones a las que hace frente el individuo como agente decisor. Partiendo de esta base, que no es otra que la del individualismo metodológico, el comportamiento de los burócratas y políticos es maximizador del presupuesto público, principalmente buscando sus propios intereses y después el bienestar social.

El político, como cualquier otro agente social, está motivado por la persecución de sus propios intereses y busca alcanzarlos teniendo en cuenta las limitaciones que tiene. Y para ello no duda en utilizar el presupuesto público, principalmente para proponer infinidad de programas públicos. No es difícil deducir que el beneficio (social) de la acción política es inferior a su coste.

Podéis leerlo entero aquí.

El 29-S no es suficiente

Publicado en el IJM.

Partiendo de la base de que no me parece que una huelga general convocada por unos sindicatos estatales acabe siendo beneficiosa para las personas ni para la economía de un país en absoluto, sí que creo que la huelga del día 29 ha tenido algún aspecto positivo (aunque no suficiente como explicaré después). A saber: que la gente ha podido comprobar el modus operandi real de los sindicatos. No el teórico, sino el real.

Empezando con su retórica marxista rancia y caduca del siglo XIX. Desde luego, hay que estar muy trasnochado para hablar de “transformar las estructuras de poder”, de “explotación y opresión de los obreros por parte del capital”, de los “conflictos de clase” o de la “solidaridad de la clase obrera”. La gente del siglo XXI los percibe como meros clichés carentes de toda relación con la realidad.

Además, el pasado día 29 se pudo saber exactamente la función de los piquetes: intimidar y coaccionar a personas libres. La mayoría de los trabajadores han sufrido esta forma de hacer de los sindicatos, y se han dado cuenta de sus métodos violentos e injustos. De poco vale que se le aplique el adjetivo de “informativo”. Porque, ¿de qué nos quieren informar? ¿De que se ha convocado una huelga? ¿De los motivos de la misma? Entiendo que ellos están situados en pleno siglo XVIII, pero los demás terrícolas estamos viviendo en plena sociedad de la información y la tecnología. No solamente no necesitamos que nos informen justo el día de la huelga, sino que además han tenido mucho tiempo para ello.

Es fácil comprender que son meras excusas para intentar enmascarar las agresiones sindicales. La violencia de los piquetes y sindicalistas no siempre es física. También es verbal o psicológica, intimidando y amenazando con represalias o venganzas a aquellos trabajadores que expresen su deseo de ir a trabajar el día de la huelga.

Es curioso que a los sindicalistas se les llene la boca hablando de Estado de Derecho, cuando en realidad son un grupo muy minoritario de la sociedad que utiliza métodos violentos para coaccionar a los que no piensan como ellos. Curiosa manera de defender al trabajador.

Sólo por esto, creo que la huelga no ha sido en vano. Pero es insuficiente. La aristocracia sindical no perderá poder sobre la sociedad hasta que se les derrote moral e intelectualmente.

Moralmente, por dos razones. Primero, porque su existencia se debe única y exclusivamente a las subvenciones. Sólo en 2009 el gobierno destinó a los sindicatos la friolera de 193 millones de euros (para comprar su silencio por el 20% de paro, se supone). En una sociedad libre, las organizaciones y empresas se financian voluntariamente, pero los sindicatos saben perfectamente que ellos no se pueden regir por reglas de libre mercado, voluntariedad y la libertad de elección. Ellos deben seguir una estrategia de coacción y obligatoriedad (a través de medios políticos), porque con simplemente un 10-15% de trabajadores afiliados les sería imposible existir. La sociedad le está diciendo a este tipo de organización que no es útil, que no es rentable y que está desperdiciando los valiosos recursos escasos de que dispone (capital y trabajo) en unos proyectos deficientes en lugar de destinarlos a otros más demandados y prioritarios. Y esto va ligado con la segunda razón moral: con un 10-15% de afiliados, representan y toman decisiones por el 85% de los trabajadores españoles. Si esto es libertad y si esto es defender la libre voluntad del trabajador, ¡venga Dios y lo vea!

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Chávez: el matón en acción

En el siguiente video con el matón de Chávez como protagonista, yo destacaría 3 cosas:

1) se ve claramente el tipo de Estado de Derecho que reina en Venezuela.

2) parece que Chávez se ha comido todas las arepas de Venezuela y Colombia juntas.

3) los voceros, parásitos y rémoras que aplauden y jalean a la Orca Asesina cuando devora a una inocente presa.

Sociedad subvencionada, injusta, pobre y dependiente

Publicado en el IJM.

La sociedad actual se caracteriza por la búsqueda desesperada de subvenciones y ayudas públicas. Aunque esto es inherente a los estados modernos del bienestar, la situación se agrava notablemente en épocas de fuerte crisis económica como la actual. Sin embargo, una sociedad subvencionada es, por definición, una sociedad más pobre, menos próspera y más injusta.

Las subvenciones no dejan de ser transferencias unilaterales del Gobierno hacia particulares o hacia determinados sectores para alentar actividades económicas específicas (véase las ayudas al sector del automóvil, las subvenciones a los agricultores o las ayudas al cine español, entre otros).

El Gobierno extrae riqueza de quienes la han creado (eficientemente), y la reparten/redistribuyen entre aquellos particulares o grupos de presión que no son capaces de obtener ganancias en un mercado libre. De esta manera, las actividades subsidiadas por el Gobierno son aquellas que no podrían desarrollarse sin algún tipo de apoyo externo. Los gobiernos utilizan su legitimidad para poner el dinero de millones de ciudadanos en manos de intereses particulares, que buscan el favor y privilegio estatal para mejorar su cuenta de resultados porque no pueden satisfacer las preferencias de los consumidores en un mercado competitivo. Todo este proceso acaba desembocando en un tráfico de favores sin fin; lo que escuela de la Public Choice denomina logrolling. De esta manera se pervierte la democracia y el Estado de Derecho y la sociedad acaba siendo más injusta.

Además, la subvención no crea riqueza, sino que la destruye. Los subsidios se otorgan a particulares independientemente de la rentabilidad que tengan en el mercado. Los recursos no se asignarán eficientemente, ya que capital y mano de obra se trasladan a unas líneas de producción que en realidad no están siendo demandadas por la sociedad. Las ayudas públicas distorsionan los mercados porque se lleva a cabo una asignación de recursos distinta a la que se llevaría a cabo por los procesos de mercado mediante transacciones voluntarias. Las subvenciones incentivan a grupos a actuar como si la escasez no existiese, por lo que se resta eficacia y se maximiza la escasez. Lo cual desemboca en una sociedad menos próspera y más pobre.

También es una sociedad más dependiente y menos autónoma. Los individuos creen que el Estado debe tomar partido en las grandes cuestiones de nuestra vida, ya sea dándonos ayudas directas individuales, ya sea "salvando" a nuestro sector, o ya sea "garantizándonos" la cobertura de un amplio conjunto de necesidades como las pensiones, la asistencia sanitaria, la permanencia del puesto de trabajo, el pleno empleo perpetuo, la vivienda o el subsidio de paro, así como otros programas sociales de diversa naturaleza. Esto acaba generando una sociedad más infantil y menos autónoma, porque el parasitismo sustituye a la responsabilidad individual.

Telma Ortiz “La Cooperante”: borboneando, que es gerundio

Sobre el nombramiento "a dedo" de Telma Ortiz en el Ayuntamiento de Barcelona. Publicado en Asturias Liberal y Aragón Liberal.

Uno no gana para sustos déspotas y totalitarios. De una de éstas no saldremos, para qué engañarnos. Hete aquí que Telma Ortiz, hermana de la princesa Leti, se incorpora al Ayuntamiento de Barcelona como subdirectora del Proyecto del Departamento de Relaciones Internacionales con el objetivo de fortalecer los vínculos de Barcelona con Asia y el área del Pacífico.

Lo primero que uno piensa es de dónde debe provenir la utilidad de que Barcelona tenga un departamento de relaciones internacionales. La verdad es que es difícil ver el interés de tener pseudo-embajadas barcelonesas esparcidas por todo el mundo (hasta ahora en países iberoamericanos; algunos africanos como Guinea, Sahara y Etiopía; y europeos como Bosnia y especialmente Sarajevo).

Lo lógico sería que, en tiempos de crisis, la Administración rebajase sus costes/gastos y aligerase su estructura para que el dinero destinado a esos proyectos se quedase en los bolsillos de los contribuyentes. Y, sin embargo, lo que se lleva a cabo es una ampliación del arco de países beneficiarios, ya que Asia nunca fue objetivo de ese departamento.

El puesto que ocupará Telma Ortiz es, por tanto, un cargo de nueva creación ya que no existía previamente en el Consistorio. Josep Roca, director del Área Internacional la ha fichado sin concurso. La remuneración de esta categoría profesional puede oscilar entre 20.649 y 62.699 euros. Los puestos de subdirector en las administraciones públicas son puestos de nivel 30, de los más altos de la Administración, reservados a funcionarios de categoría superior y amplia calificación y experiencia.

Lo condenable de la situación es que ha sido nombrada “a dedo”, es decir, que no ha accedido a la función mediante los controles oportunos. No ha superado ninguna prueba, examen u oposición. De hecho, parece ser que se presentó a las oposiciones de AECI (Agencia Española de Cooperación Internacional), dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, y no solamente no aprobó, sino que su clasificación fue considerablemente baja. A esto hay que añadirle el hecho de que es dudoso que reúna todos los requisitos para acceder al puesto público, como por ejemplo, el nivel C de catalán.

Es fácil concluir que se le ha nombrado por ser quién es, es decir, un miembro de la Familia Real. Vamos, es lo que se suele denominar coloquialmente un “enchufe”. Lo cual constituye un insulto monumental a todos los opositores del país, además de suponer una desigualdad ante la ley y una falta de respeto a todos los ciudadanos.

Si la chica tiene capacidad o no para desempeñar el cargo es otra cuestión. La verdad es que dicen que es una chica con unas capacidades limitadas y una trayectoria mediocre hasta que su hermana se convirtió en princesa. De todas formas, si tantas cualidades y capacidades tiene La Gran Cooperante, ¿por qué no se ha interesado en ella ninguna ONG, fundación o empresa privada?

Lo que no se entiende es como el Rey, consciente de que un miembro de la Familia Real no puede ostentar cargos públicos ni inscribirse en un partido político, no la haya colocado en una empresa privada en vez de una pública.

Y es que el Rey tiene una evidente responsabilidad en todo esto: o bien ha influido directamente en que se coloque a la hermana de Leti en el puesto, o bien no impide que esta señorita acceda a un puesto público aprovechándose de sus vínculos con la Casa Real.

En cualquiera de los dos casos, permite que se imponga el privilegio por delante del mérito, lo cual significa que está consistiendo que se beneficie a unos españoles y se perjudique a otros. Está promoviendo la desigualdad entre los españoles directa o indirectamente. Y esto conlleva un descrédito grave para la Familia Real.

No creo que la institución de la Monarquía quede muy bien parada. Este tipo de sucesos lamentables constituyen una de las mejores campañas anti-monarquía. Uno no puede dejar de preguntarse qué clase de asesores tiene la monarquía española. ¿Qué ejemplo constituye la Monarquía para los españoles en este momento? No quiero entrar aquí en el eterno debate de monarquía o república. Quizás en otro momento. Lo que quiero señalar, y de lo que estoy totalmente seguro, es que la institución de la monarquía se resiente fuertemente cuando surgen este tipo de hechos.

Y es justo que así sea. Es justo que quien promueva, apoye o no haga nada para evitar la injusticia y la desigualdad, caiga en descrédito y su popularidad se desplome. Ya se trate de políticos, monarcas o presidentes de repúblicas.

En este sentido, el creciente empeño que tiene la Monarquía española de acabar en un museo tampoco nos va mal a los liberales, ya que revela que la verdadera naturaleza de los dirigentes no es la de seres angelicales cuyo único fin en la vida es preocuparse de nuestro bienestar, nuestra autorrealización y nuestra felicidad.

Aunque, en realidad, es lógico pensar que los más felices con estos acontecimientos son los republicanos, que ven como con este nombramiento “a dedo” cae el prestigio que había conseguido la Monarquía durante tantos años. Y es que para bien o para mal, tanto si nos gusta o no, creo que la III República está un poco más cerca.

Honduras, espejo de América Latina

En este artículo publicado en el IJM comento los sucesos acontecidos en Honduras señalando que tanto Zelaya como los golpista incumplieron el orden constitucional.

Manuel Zelaya, el depuesto presidente de Honduras, pretendía manipular la Constitución hondureña para eternizarse en el poder. Todo a imagen y semejanza del presidente venezolano Hugo Chávez, por el que Zelaya se sintió atraído justo desde el momento en que ganó las elecciones hondureñas. Prueba de ello fue que no tardase en proclamarse socialista y amigo de Hugo Chávez una vez aterrizó democráticamente en el poder hondureño.

Zelaya fue advertido repetidamente por la Corte Suprema de la ilegalidad de su referéndum, ya que la Constitución de la República de Honduras prohíbe explícitamente la reelección presidencial (artículo 239). Cuando la Asamblea Nacional Constituyente aprobó la Constitución en 1982, estableció que varios artículos fuesen irreformables o “pétreos” mediante el artículo 374. No sólo prohíbe que se reforme dicho artículo, sino que también manda castigar a quien proponga dicha reforma. Teniendo esto claro, es evidente que las intenciones de Zelaya de utilizar un referéndum (“encuesta de opinión”, según él) para posibilitar la reelección eran claramente inconstitucionales.

La situación se agravó definitivamente cuando Zelaya ordenó a las Fuerzas Armadas que llevasen a cabo la logística del referéndum. El general Romeo Vásquez se negó por considerarlo inconstitucional y fue destituido de su cargo, lo que motivó el posterior golpe de estado.

Porque lo que sucedió en Honduras sí fue un golpe de estado. El general Romeo Vásquez tomó el poder político de forma violenta vulnerando las normas y leyes vigentes. Será difícil encontrar ningún artículo en la Constitución y leyes hondureñas que establezca que cuando un presidente actúa inconstitucionalmente los militares puedan entrar en su habitación a punta de pistola y expulsarlo a otro país sin haber sido juzgado y condenado en juicio legal.

Y es que la amenaza a la democracia constitucional que representaba Zelaya no se debería haber resuelto mediante golpes de estado bananeros, sino haciendo prevalecer el orden constitucional, es decir, siguiendo fielmente lo que las leyes hondureñas establecen para juzgar el delito del presidente. La Corte Suprema debería haber declarado el referéndum como ilegal y convocado al Congreso de la Nación para detener a Zelaya y destituirlo de su cargo. En definitiva, este proceso se tendría que haber realizado de forma legal y transparente, y no mediante un golpe de estado surgido de la conspiración de los adversarios políticos de Zelaya y los militares. La ley no se defiende violentándola. Nadie debe estar por encima de la ley.

Y éste es el gran problema de América Latina y de otros lugares del mundo (incluyendo países del Primer Mundo): la continua violación o ausencia del Estado de Derecho. La democracia sin un Estado de Derecho que garantice y respete los derechos individuales naturales del hombre (vida, propiedad y contratos) no logra generar paz y prosperidad. En América Latina observamos continuamente lo contrario: violencia y pobreza. Violencia, porque no hay un poder judicial que haga valer los derechos del individuo y limite al poder político. Pobreza, porque la economía de mercado no puede funcionar sin la protección de los derechos de propiedad, vida y contratos.

Quizás en Latinoamérica se debiera tener muy presente a Juan Bautista Alberdi, lúcido liberal argentino, que en La Omnipotencia del Estado es la Negación de la Libertad Individual (1880) escribió lo siguiente:

“El Estado se hace fabricante, constructor, empresario, banquero, comerciante, editor, y se distrae así de su mandato esencial y único, que es proteger a los individuos de que se compone contra toda agresión interna y externa. En todas las funciones que no son de la esencia del gobierno obra como ignorante y como un concurrente dañino de los particulares, empeorando el servicio del país, lejos de servirlo mejor.”