En este artículo publicado en el IJM comento los sucesos acontecidos en Honduras señalando que tanto Zelaya como los golpista incumplieron el orden constitucional.
Manuel Zelaya, el depuesto presidente de Honduras, pretendía manipular la Constitución hondureña para eternizarse en el poder. Todo a imagen y semejanza del presidente venezolano Hugo Chávez, por el que Zelaya se sintió atraído justo desde el momento en que ganó las elecciones hondureñas. Prueba de ello fue que no tardase en proclamarse socialista y amigo de Hugo Chávez una vez aterrizó democráticamente en el poder hondureño.
Zelaya fue advertido repetidamente por la Corte Suprema de la ilegalidad de su referéndum, ya que la Constitución de la República de Honduras prohíbe explícitamente la reelección presidencial (artículo 239). Cuando la Asamblea Nacional Constituyente aprobó la Constitución en 1982, estableció que varios artículos fuesen irreformables o “pétreos” mediante el artículo 374. No sólo prohíbe que se reforme dicho artículo, sino que también manda castigar a quien proponga dicha reforma. Teniendo esto claro, es evidente que las intenciones de Zelaya de utilizar un referéndum (“encuesta de opinión”, según él) para posibilitar la reelección eran claramente inconstitucionales.
La situación se agravó definitivamente cuando Zelaya ordenó a las Fuerzas Armadas que llevasen a cabo la logística del referéndum. El general Romeo Vásquez se negó por considerarlo inconstitucional y fue destituido de su cargo, lo que motivó el posterior golpe de estado.
Porque lo que sucedió en Honduras sí fue un golpe de estado. El general Romeo Vásquez tomó el poder político de forma violenta vulnerando las normas y leyes vigentes. Será difícil encontrar ningún artículo en la Constitución y leyes hondureñas que establezca que cuando un presidente actúa inconstitucionalmente los militares puedan entrar en su habitación a punta de pistola y expulsarlo a otro país sin haber sido juzgado y condenado en juicio legal.
Y es que la amenaza a la democracia constitucional que representaba Zelaya no se debería haber resuelto mediante golpes de estado bananeros, sino haciendo prevalecer el orden constitucional, es decir, siguiendo fielmente lo que las leyes hondureñas establecen para juzgar el delito del presidente. La Corte Suprema debería haber declarado el referéndum como ilegal y convocado al Congreso de la Nación para detener a Zelaya y destituirlo de su cargo. En definitiva, este proceso se tendría que haber realizado de forma legal y transparente, y no mediante un golpe de estado surgido de la conspiración de los adversarios políticos de Zelaya y los militares. La ley no se defiende violentándola. Nadie debe estar por encima de la ley.
Y éste es el gran problema de América Latina y de otros lugares del mundo (incluyendo países del Primer Mundo): la continua violación o ausencia del Estado de Derecho. La democracia sin un Estado de Derecho que garantice y respete los derechos individuales naturales del hombre (vida, propiedad y contratos) no logra generar paz y prosperidad. En América Latina observamos continuamente lo contrario: violencia y pobreza. Violencia, porque no hay un poder judicial que haga valer los derechos del individuo y limite al poder político. Pobreza, porque la economía de mercado no puede funcionar sin la protección de los derechos de propiedad, vida y contratos.
Quizás en Latinoamérica se debiera tener muy presente a Juan Bautista Alberdi, lúcido liberal argentino, que en La Omnipotencia del Estado es la Negación de la Libertad Individual (1880) escribió lo siguiente:
“El Estado se hace fabricante, constructor, empresario, banquero, comerciante, editor, y se distrae así de su mandato esencial y único, que es proteger a los individuos de que se compone contra toda agresión interna y externa. En todas las funciones que no son de la esencia del gobierno obra como ignorante y como un concurrente dañino de los particulares, empeorando el servicio del país, lejos de servirlo mejor.”
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