¿Subida del IVA? ¡No, gracias!

Artículo en el IJM en el que me posiciono en contra de la subida del IVA.

A estas alturas no queda ni un solo analista medianamente serio que crea en la capacidad de España de reducir su déficit a un nivel inferior al 3% del PIB para 2013 como fija el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC). Actualmente ronda el 10%. Una de las medidas que el gobierno quiere tomar para alcanzar el objetivo de pagar la deuda galopante es la famosa subida del IVA: del 16% al 18% en el tipo general, del 7% al 8% en el reducido.

Antes de comentar la conveniencia o no de las subidas del IVA, se debería pensar cómo es posible haber llegado a esta situación, es decir, por qué se llega a estos gigantescos niveles de déficit. Los motivos son básicamente dos:

El primero, es el tremendo gasto público que proviene de la imparable expansión de los estados del bienestar, que suponen un continuo y progresivo avance en cuanto a la intervención y control de todos los aspectos de nuestra vida. El Estado, pilotado por el poder político de turno es actualmente el encargado de garantizarnos la cobertura de un amplio conjunto de necesidades como las pensiones, la asistencia sanitaria, la permanencia del puesto de trabajo, el pleno empleo perpetuo, la vivienda o el subsidio de paro. Y, evidentemente, pese a sus promesas y discursos sobre la gratuidad de estos servicios, éstos se deben pagar (y muy caro, por cierto).

El segundo motivo por el cuál se llega a este escenario deficitario es la inclinación y preferencia de los gobiernos a financiar ese gasto público con otras herramientas que no sean los impuestos, como por ejemplo, endeudándose o emitiendo moneda principalmente (en el caso de España, esta última vía no es viable gracias a Dios). Y es que los Estados deberían financiarse exclusivamente con los impuestos de los ciudadanos. De esta manera existiría un límite para el gasto estatal. No podrían gastar más de lo que ingresan. Al mismo tiempo son impopulares, por lo que no podrían aumentarlos ilimitada y alegremente. Sin embargo, los gobiernos desean gastar más por motivos populistas, por lo que deben recurrir a generar inflación o emitir deuda para financiarse. Además, aprovechan que el ciudadano no es plenamente consciente del impacto que tienen en su renta estas vías alternativas de financiación estatal.

Dicho esto, creo que es un grave error subir el IVA para intentar solucionar el déficit español (realmente creo que subir cualquier impuesto siempre es un error y una medida empobrecedora para todos). Para empezar, el dinero recaudado por esta subida será de unos 5.150 millones de euros, mientras que el déficit es de más de 120.000 millones de euros.

No sólo no reducirá significativamente el déficit, sino que impedirá la salida de la crisis. Este es mi principal argumento en contra de la subida del IVA. ¿Por qué? Porque dilapida la renta de los ciudadanos y empresas, con lo que evita que salden sus deudas y que puedan reestructurarse financieramente. Despilfarra los recursos necesarios para que la crisis se vaya superando progresivamente. El gobierno debería favorecer el ahorro privado, pero no para consumirlo él en nuevos programas de gasto público prescindibles y subvenciones a sectores, sino para que pueda ser puesto a disposición de los intermediarios financieros y, de esta manera, favorecer la inversión.

Si lo que quiere el gobierno es recaudar y tapar de esa forma el déficit, ¿qué mejor que estimular la recuperación cuanto antes? De esa manera podrá recaudar más porque la actividad económica y productiva será mucho mayor que la actual. Pero para ello hay que liberar recursos para que el sector privado genere riqueza. Y eso sólo se puede hacer bajando los impuestos, las trabas burocráticas, ayudando a liquidar las malas inversiones, haciendo que los factores productivos se dirijan hacia áreas más productivas y rentables y… ¡recortando notablemente el gasto público!

Por tanto, la solución no pasa por subir los impuestos, sino por que el Estado mengüe. Para empezar, podría eliminar los Planes E, reducir un 10% el sueldo de los funcionarios, eliminar ministerios (el primero el de Igualdad, que queda muy progresista y moderno en época de bonanza, pero que resulta menos gracioso con un 20% de paro), eliminar subvenciones y retirar las ayudas a sectores específicos.

Desafortunadamente, ya sabemos por experiencia que el Estado prefiere aumentar la coacción sobre ciudadanos y empresas antes que menguar lo más mínimo. Y ese es otro motivo principal por el cual no deben subir los impuestos: no volverán a bajar. Históricamente se ha demostrado que el Estado incumple la promesa de volver los impuestos a su situación anterior. Sencillamente, los impuestos no habría que subirlos ni “temporalmente” como predican algunos.

Vaya semanita: todos funcionarios

El fracaso del sistema de pensiones y la "previsión social"

Publicado en el IJM.

Con la propuesta del Ejecutivo de retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años se vuelve a abrir el debate sobre las pensiones. Lo cual no está mal, porque nos permite examinar el sistema actual y reflexionar sobre él, algo necesario en un sistema democrático. Sin embargo, el problema no es nuevo. Ya hace más de 15 años que economistas y expertos en la materia vienen planteando la necesidad de reformar el actual sistema de pensiones.

La raíz del problema es que el sistema es de reparto. Las pensiones actuales las pagan los trabajadores actuales, es decir, que los pensionistas no reciben lo que han ido ahorrando o invirtiendo, sino que viven de las cotizaciones de los que trabajan a día de hoy. Este sistema, que no deja de ser piramidal (como Madoff y Afinsa), se va sosteniendo mientras el número de cotizantes sea mucho mayor que el de pensionistas.

El problema surge cuando la pirámide poblacional se va invirtiendo debido a la baja natalidad y al aumento de la esperanza de vida, momento en el que cada vez es más difícil pagar las prestaciones, y éstas cada vez son menores. En España se estima que para 2049 habrá 15 millones de personas mayores de 65 años y diez millones de menores de 16 años, lo cual significa que más del 50 por ciento de la población no estará en edad de trabajar dentro de 40 años.

Sin embargo, este esquema piramidal, pese a ser igual de fraudulento que los demás, tiene una peculiaridad: que puede no suspender pagos. El Estado puede hacer que la pirámide no caiga. Eso sí, bajando cada vez más las pensiones (o subiendo los impuestos). Estrictamente hablando, siempre será posible garantizar su solvencia, si por solvencia entendemos que el tener o contar con medios suficientes para satisfacer las propias deudas y cumplir con los compromisos adquiridos. En el caso de las pensiones, a lo único que se ha comprometido el político es a dar una prestación, pero nadie sabe la cantidad.

El político recurrirá, por tanto, a manipulaciones constantes y sistemáticas para no dejar caer el sistema. Esto quiere decir que, si no se apuesta por cambiar el modelo, siempre se deberán ir haciendo "reformas" para evitar su inherente quiebra.

Un posible parche consiste en incrementar el número de años para cobrar la pensión, es decir, aumentar la edad de jubilación. Otro puede ser ampliar a toda la vida laboral el periodo de cómputo de la pensión. En este último caso se ve claramente como la prestación debe reducirse forzosamente, ya que el importe de la pensión tomará los primeros años de trabajo, que son aquellos en los que se cobra menos sueldo. En definitiva, es evidente que con cualquiera de estas medidas/parches nos quedará menos dinero y no se podrá contar con una pensión digna.

Las pensiones entran dentro del sistema implementado por el Estado denominado "previsión social", que se nos asegura que son un conjunto de prestaciones en beneficio de los trabajadores y de sus familiares, que tienen por objeto elevar su nivel de vida económico, social, cultural e integral. Busca generar condiciones de seguridad a los ciudadanos durante toda su vida. Un ejemplo serían las pensiones públicas, que deben atender las necesidades de la población cuando por su avanzada edad disminuya su capacidad de trabajo.

Pero la realidad es que este sistema ni protege ni prevé nada. Y por supuesto, no es social. No mejora la condición de los trabajadores; no ayuda a superar la pobreza, sino que la aumenta; no elimina las desigualdades y discriminaciones, sino que las incrementa; no consigue aplacar los riesgos en empleo, salud, educación y previsión; no protege a quienes más lo necesitan y, además, genera condiciones de más incertidumbre al término de su vida laborar activa.

Desde luego, si seguimos con la idea de que “el Estado proveerá” sólo tendremos una pobre, complicada y amargada vejez.

Chávez: el matón en acción

En el siguiente video con el matón de Chávez como protagonista, yo destacaría 3 cosas:

1) se ve claramente el tipo de Estado de Derecho que reina en Venezuela.

2) parece que Chávez se ha comido todas las arepas de Venezuela y Colombia juntas.

3) los voceros, parásitos y rémoras que aplauden y jalean a la Orca Asesina cuando devora a una inocente presa.

Venezuela devaluada

Publicado en el IJM.

No cabe duda que Hugo Chávez, presidente de Venezuela, es coherente. Este dictador con vocación de cómico no engaña a nadie; se le ve venir. No quiere saber nada de la economía capitalista y actúa en consecuencia. Todas sus acciones son consecuentes con lo que él llama “el socialismo del siglo XXI”, que a estas alturas de la película ya sabemos que viene a ser el socialismo de toda la vida.

Y ahí está la tragedia de Venezuela, porque los resultados de las medidas económicas implantadas por Chávez también acabarán siendo las del socialismo de siempre: pobreza y escasez generalizada.

El viernes 8 de enero, el gobierno de Hugo Chávez anunció la devaluación de la moneda. Posiblemente se inspiró en su admirado Lenin, que en una ocasión dijo: "¿Queréis destruir una nación? Primero destruid su moneda". Así, desde el lunes 11, comenzaron a regir dos nuevos tipos de cambio en el país. El llamado “bolívar fuerte" sufrió ajustes. Pasó de la paridad oficial actual de 2,15 bolívares por dólar, a una de 2,6 y a otra de 4,3 bolívares por dólar. Lo que significa dos devaluaciones, una de casi el 21% y otra del 100%.

¿Qué hizo la población ante esta circunstancia? Deshacerse de sus saldos de caja comprando bienes en tiendas y supermercados (¡incluso aunque no los necesitasen en ese momento!) porque sabían que se iba a producir una notable subida de precios (al doble en algunos casos) debido a que los bolívares iban a perder muchísimo poder adquisitivo.

Ante esto, Chávez no dejó pasar la ocasión para mostrar su estilo matonesco y su ineptitud económica. Aseguró que no hay ninguna razón para que nadie incremente los precios, y que no aceptaría que ningún comerciante burgués especulador (Chávez dixit) subiese los precios de los productos. Incluso instó a la población a “denunciar públicamente al especulador para que ellos [el ejército] interviniesen”. Un estilo que sólo identificamos al recordar los grandes totalitarismos del siglo XX.

Evidentemente, pese a las bobadas chavistas, los precios deben subir forzosamente debido al aumento notable de los costes. Imaginemos el caso de un comerciante que vendía a 700 bolívares un determinado producto que había adquirido previamente por 500. Si ahora ese producto le pasa a costar 1000 bolívares, resulta un poco difícil que prospere su negocio si lo sigue vendiendo a 700. Es decir, o suben los precios o desaparecen los negocios, no hay más salidas posibles.

Los ciudadanos, a su vez, por mucho que Chávez se ponga colérico, tratarán de huir de los bolívares para sustituirlos por otros activos/monedas con la intención de salvaguardar el valor de su riqueza. Los particulares acuden al mercado negro, donde pueden adquirir dólares a unos 6 ó 7 bolívares.

Menos suerte tienen las empresas extranjeras de cierto tamaño (sobre todo las españolas, colombianas y estadounidenses), que tienen que pasar obligatoriamente por el Banco de Venezuela para que les cambien sus bolívares a dólares (u otra divisa extranjera). Debido al criminal control de cambios que opera desde 2003, la Comisión Nacional de Administración de Divisas (CADIVI) procesa las demandas de conversión de moneda de las empresas. Éstas son obligadas a mostrar el origen de sus beneficios y luego solicitar la repatriación de dividendos a CADIVI. ¿Qué pasa con las empresas españolas que operan en Venezuela? Pues ha sucedido que después de la devaluación, y debido a que el Gobierno sigue teniendo la llave para que las filiales de empresas españolas paguen dividendos a sus matrices, éstas han visto reducirse a la mitad sus ingresos, beneficios, recursos y dividendos. Así de fácil. De un plumazo totalitario.

En realidad, el único que saldrá beneficiado con estas devaluaciones es el gobierno liberticida de Chávez, que al recibir más bolívares por cada dólar ingresado por petróleo, tendrá más fondos para poder cubrir el presupuesto y las numerosas obligaciones sociales de gasto que tiene. También podrá saldar y hacer frente a sus deudas, como, por ejemplo, pagar a los proveedores de servicios de la petrolera estatal PDVSA.

Y es que vivir gracias al petróleo (aporta cerca del 50% de los ingresos del presupuesto nacional y del 90% de las divisas que entran en el país) tiene un problema, a saber, que cuando los ingresos por petróleo disminuyen, dejan ver las consecuencias del socialismo chavista en Venezuela: existe escasez de agua y alimentos (la importación de alimentos se ha disparado); la inflación en 2009 fue del 25%, la acumulada es de más de 700%, y la deuda pública está cerca del 200%; las expropiaciones están a la orden del día; el número de funcionarios se ha casi triplicado; las exportaciones del sector privado venezolano son inexistentes; y han aumentado notablemente el número de pobres y enfermedades.

Y es que, desgraciadamente, lo que ese sátrapa llamado Chávez está consiguiendo con su gobierno incompetente, no es devaluar el bolívar, sino devaluar a Venezuela entera.

Habemus libro de Adrián Ravier

Acaba de ver la luz el libro de mi amigo argentino Adrián Ravier, investigador de la Fundación Friedrich von Hayek, que lleva por título “EN BUSCA DEL PLENO EMPLEO”.

Lo ha publicado Unión Editorial, que lo ha reseñado así:

“Esta obra se inscribe en la tradición iniciada por Roger W. Garrison de intentar hacer comprensible y de extender las ideas del paradigma austriaco al mainstream neoclásico. Adrián Ravier lo hace en su primer libro, sintetizando la macroeconomía austriaca del capital. En su segundo libro, presentando un estudio de economía comparada, apoyándose en la tradición austriaca para fundamentar una Curva de Phillips de pendiente positiva, que contradice los conocidos estudios de Phillips, Samuelson, Solow, Friedman, Phelps y Lucas, entre otros. En su tercer libro, ampliando el debate de «reglas versus discrecionalidad», sobre la base de los escritos de Hayek.”

Recomiendo encarecidamente su lectura a todo aquel que se interese por la macroeconomía y la teoría del ciclo austriaca. Es un libro muy completo.

Aquí podéis ver el índice.

Es interesante que también leáis el trabajo sobre curva de Phillips y la crisis de 2008 que Adrián presentó en la Asociación Argentina de Economía Política (AAEP): la curva de Phillips de pendiente positiva y la crisis de 2008.

Por último, quisiera también recomendar sus artículos en Libertad Digital y su blog: http://adrianravier.wordpress.com/

¡Feliz lectura!

Sociedad subvencionada, injusta, pobre y dependiente

Publicado en el IJM.

La sociedad actual se caracteriza por la búsqueda desesperada de subvenciones y ayudas públicas. Aunque esto es inherente a los estados modernos del bienestar, la situación se agrava notablemente en épocas de fuerte crisis económica como la actual. Sin embargo, una sociedad subvencionada es, por definición, una sociedad más pobre, menos próspera y más injusta.

Las subvenciones no dejan de ser transferencias unilaterales del Gobierno hacia particulares o hacia determinados sectores para alentar actividades económicas específicas (véase las ayudas al sector del automóvil, las subvenciones a los agricultores o las ayudas al cine español, entre otros).

El Gobierno extrae riqueza de quienes la han creado (eficientemente), y la reparten/redistribuyen entre aquellos particulares o grupos de presión que no son capaces de obtener ganancias en un mercado libre. De esta manera, las actividades subsidiadas por el Gobierno son aquellas que no podrían desarrollarse sin algún tipo de apoyo externo. Los gobiernos utilizan su legitimidad para poner el dinero de millones de ciudadanos en manos de intereses particulares, que buscan el favor y privilegio estatal para mejorar su cuenta de resultados porque no pueden satisfacer las preferencias de los consumidores en un mercado competitivo. Todo este proceso acaba desembocando en un tráfico de favores sin fin; lo que escuela de la Public Choice denomina logrolling. De esta manera se pervierte la democracia y el Estado de Derecho y la sociedad acaba siendo más injusta.

Además, la subvención no crea riqueza, sino que la destruye. Los subsidios se otorgan a particulares independientemente de la rentabilidad que tengan en el mercado. Los recursos no se asignarán eficientemente, ya que capital y mano de obra se trasladan a unas líneas de producción que en realidad no están siendo demandadas por la sociedad. Las ayudas públicas distorsionan los mercados porque se lleva a cabo una asignación de recursos distinta a la que se llevaría a cabo por los procesos de mercado mediante transacciones voluntarias. Las subvenciones incentivan a grupos a actuar como si la escasez no existiese, por lo que se resta eficacia y se maximiza la escasez. Lo cual desemboca en una sociedad menos próspera y más pobre.

También es una sociedad más dependiente y menos autónoma. Los individuos creen que el Estado debe tomar partido en las grandes cuestiones de nuestra vida, ya sea dándonos ayudas directas individuales, ya sea "salvando" a nuestro sector, o ya sea "garantizándonos" la cobertura de un amplio conjunto de necesidades como las pensiones, la asistencia sanitaria, la permanencia del puesto de trabajo, el pleno empleo perpetuo, la vivienda o el subsidio de paro, así como otros programas sociales de diversa naturaleza. Esto acaba generando una sociedad más infantil y menos autónoma, porque el parasitismo sustituye a la responsabilidad individual.

Feliz Navidad

Ya estamos en Navidad. Y mientras para algunos es tiempo de condena al capitalismo y de hacernos sentir culpables, para la gente decente es momento de celebración, de felicidad y de practicar la actividad más sana y enriquecedora: consumir… desaforadamente.

A todos los que leen esto les deseo una Feliz Navidad y un buen año 2010.

Y ya que estamos, a ver si los Reyes Magos me trae a Mariah Carey...

Los intermediarios y los agricultores (otra vez)

Publicado en el Instituto Juan de Mariana.

Cíclicamente, como si de una crisis se tratase, los agricultores sacan los tractores a la calle para reclamar ayudas para su sector. Hace unas semanas, miles de agricultores se manifestaron en Madrid convocados por las tres grandes organizaciones de ámbito estatal: Asaja, COAG y UPA. Señalan, como cada vez, que los intermediarios son los culpables de que los productos agrícolas se encarezcan desmesuradamente y denuncian sus amplios márgenes. No dudan en mostrarlos como un grupo privilegiado de especuladores que se enriquecen a costa de agricultores y consumidores. Este "argumento" (por llamarlo de alguna manera) significa no entender absolutamente nada de economía.

Veamos. La clave está en darse cuenta de que el producto que el agricultor recoge no es un bien de consumo, sino simplemente un paso intermedio en el proceso productivo. Y es que los consumidores (es decir, cualquiera de nosotros) no queremos ese bien que el agricultor acaba de recolectar. No tiene ningún valor para nosotros; no nos es de ninguna utilidad. No es un bien de consumo porque, entre otros motivos, no tenemos acceso a él y/o desconocemos su existencia.
Económicamente hablando, la manzana que el agricultor de Extremadura recoge en su campo no es el mismo bien que la misma manzana comprada por nosotros en el supermercado. Un producto sólo puede ser denominado "de consumo" cuando ha pasado por todas y cada una de las necesarias etapas de transformación del proceso productivo, se ha acercado y se ha puesto al alcance del consumidor. Mientras no sea así, ese bien "no existe" para el consumidor, y de ahí que no tenga ningún valor.

Por tanto, los agricultores son solamente una etapa más de la producción, de igual importancia que los transportistas, distribuidores, publicistas, controladores de calidad, mayoristas, minoristas y demás prestadores de servicios que son indispensables para que el producto acabado de consumo esté a disposición del consumidor.

Si no fuesen económicamente analfabetas, estas organizaciones agrícolas y de consumidores sabrían perfectamente que los intermediarios son totalmente imprescindibles. Deberían imaginarse que no me sale a cuenta desplazarme a Canarias cada vez que se me antoje un platanito; que no voy a coger el coche en dirección a Galicia cuando desee comer pulpo de calidad; que no volaré hasta Argentina o Uruguay para degustar su carne; o que no voy a ir a la Rioja para comprar el vino que necesito esta noche. Paradójicamente, los principales beneficiados de la existencia de intermediarios son precisamente los agricultores.

Si eliminamos a los intermediarios o intentamos aminorar coactivamente las ganancias de su negocio, lo único que conseguiremos es crear una escasez de alimentos, como ha sucedido en la historia en otros regímenes con economías planificadas.

Lo único que verdaderamente deberíamos exigir es que no haya barreras de entrada para realizar la actividad de intermediario, es decir, que no se pongan trabas a cualquier persona que quiera (intentar) ejercer de intermediario. Si esto es así (mercado libre), no cabe más que concluir que los profesionales que actualmente están realizando esos servicios son los más eficientes. Son los que ofrecen la mayor calidad a un menor precio. Esto es debido a que los procesos de competencia hacen que los servicios mejoren de calidad y bajen de precio, ya que los empresarios intentarán realizar su labor lo más eficazmente posible y con costes cada vez menores para imponerse a sus competidores. El que no lo consiga deberá cerrar y será expulsado del mercado.

Por tanto, si tan buen negocio es ser intermediario, ¿por qué no se dedican a ello los agricultores? ¿Es que hay alguna barrera de entrada legal que se lo prohíba?

Pero estos lobbies que dicen defender el campo español y a los consumidores pisotean y obvian las leyes más básicas de la economía para conseguir lo que verdaderamente quieren: privilegios. Por eso han centrado sus esfuerzos en exigir la intervención del Gobierno (¡cómo no!) para que regule/fije precios y márgenes de comercialización cuando se trate de productos de primera necesidad. Se entiende que los productos de primerísima necesidad son casualmente los suyos.
Y, como siempre, parece que han conseguido (o conseguirán) lo que se proponen. Es de esperar que los subsidios a los agricultores sean pagados por todos los contribuyentes de forma directa o indirecta. Directa, mediante impuestos que irán destinados a incrementar su partida presupuestaria; indirecta, al provocar que los precios que deberán pagar por los alimentos sean más elevados.

Se beneficia claramente a unos sectores en detrimento de la mayoría, que acaba pagando sus costes. Lo cual supone una curiosa manera de entender la democracia por parte de los gobernantes, ya que permiten que intereses particulares prevalezcan sobre los derechos individuales del resto de ciudadanos. Y es que una vez más se demuestra que la política está reñida con la ciencia económica más básica.

Los empresarios y las crisis

Publicado en el IJM.

Cuando hablamos de crisis económicas solemos señalar las malas inversiones que se han llevado a cabo por parte de los empresarios. En realidad, lo característico de las crisis económicas no es el hecho de que los empresarios se equivoquen al llevar a cabo sus proyectos e inversiones (cosa que ocurre en cualquier lugar y tiempo), sino que se equivoquen todos a la vez. Es decir, que ocurran errores colectivos simultáneos. Y es precisamente esta circunstancia la que debe ser explicada por una teoría del ciclo correcta.

En este sentido, la teoría del ciclo austriaca que hemos expuesto brevemente en otro artículo, explica cómo se produce esta grave descoordinación social en ámbitos como el dinero y el crédito bancario, y cuál es el papel del empresario.

Un empresario es, en sentido amplio, todo ser humano que actúa con perspicacia (alertness, en palabras de Israel Kirzner) para descubrir y darse cuenta de las oportunidades de ganancia subjetiva que surgen en su entorno, y establece un plan de acción para aprovecharse de ellas. En sentido estricto/económico, un empresario es todo aquel que guía los procesos de producción para satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores. Para ello, se arriesga adquiriendo factores de producción en el presente para vender los productos terminados en el futuro y obtener una ganancia.

La función empresarial tiene una capacidad coordinadora. Los empresarios se dan cuenta de la situación de desajuste o descoordinación que se da en el mercado debido a la inevitable dispersión y limitación del conocimiento de oferentes y demandantes y, movidos por la creencia subjetiva de que existe una oportunidad de beneficio empresarial, crean nueva información y la transmiten a lo largo del cuerpo social. De esta manera se coordinan los comportamientos desajustados de los individuos del mercado. De esta manera los empresarios coordinan los planes de los individuos de la sociedad.

Habiendo comentado estos puntos, debemos preguntarnos si existe alguna relación entre estos aspectos y el desencadenamiento de las crisis. La respuesta es que sí, y tiene su origen en la pretensión de los bancos centrales de fomentar un crecimiento estable y sostenido mediante la manipulación de la oferta monetaria y el tipo de interés. Al reducir los tipos de forma arbitraria, se fomenta que los bancos sean más flexibles y proclives a conceder créditos ya que se encuentran respaldados por los bancos centrales. Esta distorsión de los tipos de interés hace que los empresarios emprendan proyectos que ven rentables pero que en realidad no lo son (desplazando para ello capital y trabajo).

De esta manera se desencadena un proceso de descoordinación intertemporal, ya que el tipo de interés es un importante fenómeno de mercado que relaciona los bienes presentes con los bienes futuros y tiene un papel protagonista en los procesos empresariales de coordinación intertemporal porque regula la relación entre consumo, ahorro e inversión.

Vemos como, de esta forma, se pervierte/distorsiona el necesario ajuste de los comportamientos presentes y futuros que realiza la función empresarial en el mercado de intercambio de bienes presentes por bienes futuros, lo cual provoca una generalizada mala inversión de los recursos y factores productivos e imposibilita que se descubran las situaciones de desajuste que se dan en la sociedad.

Cabría también preguntarse si los empresarios pueden evitar participar en este proceso de descoordinación (que además puede suponer su ruina) rechazando los préstamos que reciben del sector bancario. Mi respuesta es que hay pocas posibilidades de que puedan conocer y anticiparse a las distorsiones señaladas anteriormente, ya que difícilmente podrán saber si el préstamo que se le ofrece procede de un aumento del ahorro real de la sociedad o, por el contrario, se trata de dinero inflacionario que han creado artificialmente gobiernos y bancos.

El endeudamiento de los Estados modernos

Publicado en el Instituto Juan de Mariana.

Es una práctica corriente y ampliamente extendida en el mundo moderno que los Estados gasten más dinero que el que recaudan debido a los compromisos políticos y sociales que asumen.

Cuando un gobierno se endeuda ocurre lo mismo que cuando lo hace una persona, familia o empresa: el contraer deudas le permite gastar más en el presente. ¿Qué es lo que haría una familia en esa situación? Lógicamente procuraría disminuir los gastos (e incrementar los ingresos si es posible) para saldar sus deudas. Esto, que resulta tan evidente para familias y empresas, no lo es si se trata del Estado.

Los gobiernos tienen una clara tendencia/preferencia a financiar sus gastos con deuda. De esta manera pueden gastar todo lo que quieran en el presente sin preocuparse mucho por las consecuencias, que vendrán en el futuro.

La forma de obtener financiación de los gobiernos es obteniendo préstamos o emitiendo bonos. En el primer caso, los gobiernos recurren a una institución financiera para obtener un préstamo, que tendrá derecho posteriormente a demandar el capital más un interés determinado. Los bonos son títulos de la deuda pública de un país emitidos por la tesorería del Estado que devengan un interés fijo y son emitidos a largo plazo (aunque existe una gran cantidad de variantes al respecto). A la llegada de la fecha de vencimiento se paga al poseedor su valor nominal. Debido al gran peso de las deudas contraídas, es habitual que, entre los gastos del Estado, se incluya una considerable partida dedicada al pago de los intereses y del capital de la deuda asumida.

En el caso de Estados Unidos, Obama se gastó 3,2 billones de dólares para llevar a cabo sus grandes planes y rescates financieros. No ha alcanzado los objetivos que se proponía, pero sí ha conseguido tener un desequilibrio presupuestario memorable. El déficit público se ha disparado y ha alcanzado cifras históricas. Para hacer frente a este déficit, el Gobierno Federal va a tener que emitir nueva deuda pública y pedir prestado al exterior una enorme cantidad de dinero para hacer frente a la necesidad de financiación sin precedentes.

La deuda pública se puede clasificar en interna o externa. La primera sería aquella cuyos acreedores son ciudadanos del propio país, mientras que la segunda sería la que está en poder de acreedores extranjeros. También suele darse el nombre de deuda externa a la denominada en moneda extranjera. La (principal) diferencia entre tener deuda en moneda extranjera o local, es que en el segundo caso se puede recurrir a emisiones suplementarias de moneda nacional para atenderla. Esta “licuación” hace que exista, evidentemente, una presión de tipo inflacionario, ya que las emisiones se producen sin respaldo de bienes producidos por el país.

Volviendo al caso de Estados Unidos. China es el principal acreedor del gobierno estadounidense junto con Japón. El gobierno chino ha considerado en el pasado que los bonos del Tesoro americano eran buenos activos (sino los mejores) para invertir en ellos. Sin embargo, la desastrosa política económica llevada a cabo por las autoridades monetarias estadounidenses, ha hecho que el dólar se deprecie enormemente. Esto ha hecho que los chinos empiecen a desconfiar en los bonos del Tesoro americano, ya que prevén que los beneficios serán cada vez menores. China reducirá (lógicamente) su compra de activos estadounidenses nominados en dólares; su tenencia de bonos irá en descenso; y diversificará sus activos con el objetivo de no tener demasiada deuda pública americana. Si los inversores extranjeros son incapaces de absorber la creciente oferta de bonos por parte del Tesoro, Estados Unidos tendría un serio problema justo en el momento en que se enfrenta a la mayor necesidad de financiación de toda su historia.

Señalar, para finalizar, que los gobiernos pueden seguir incrementando su deuda hasta el punto en que no haya nadie capaz/dispuesto a seguir prestando por el riesgo de incumplimiento. Es decir, los estados también pueden caer en default. Y es que las políticas keynesianas que abogaban por presupuestos deficitarios como remedio para activar el crecimiento económico, han contribuido enormemente al endeudamiento y colapso de los estados modernos.

Obama y las hijas de ZP. Sin comentarios...

sdf
Algún insensible ha insinuado que la fotografía guarda relación con la Familia Adams. Desde luego, hay que ser antipatriota!!

Bueno, muestro la fotografía ya que parece que Zapatero se ha enfadado y tiene intención de censurarlas. Claro que uno se pregunta cómo pretende salvaguardar la intimidad de sus hijas llevándolas a un viaje oficial...

Ah, se me olvidaba el comentario liberal. Adivinanza: ¿con qué dinero ha pagado Zapatero el viaje de sus nenas?

Actualización: spartan me recomienda un video en los comentarios. Vaya diferencia entre los asesores de Obama y los de nuestro Zapaterito Prodigioso...

(clicar encima de la foto para verla ampliada... merece la pena)



















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sdf

La prostitución en las calles

Publicado en el Instituto Juan de Mariana.

La prostitución vuelve a ser noticia después de la publicación de fotografías en las que se observa la práctica explícita de la prostitución en plena vía pública en la zona de la Boqueria en el Raval de Barcelona. En ellas se puede ver a jóvenes mujeres inmigrantes manteniendo sexo con clientes.

Como los gobiernos legislan a golpe de titular, han tenido que ponerse a pensar sobre el tema, llegando a una montaña burocrática de propuestas arbitrarias (algunas verdaderamente ridículas) para esconder y difuminar el problema. Evidentemente, la experiencia nos hace pensar que no arreglarán absolutamente nada.

Desde mi punto de vista, la solución pasa por dos cuestiones: la legalización de la prostitución y la clara definición de la titularidad de las calles.

Primeramente, la prostitución debe ser aceptada como una profesión y debe ser legalizada. Una prostituta es simplemente una persona que intercambia voluntariamente servicios sexuales a cambio de dinero. La relación entre prostituta y cliente se establece porque ambos creen subjetivamente que saldrán beneficiados con el intercambio. Si el intercambio (practicar sexo a cambio de dinero) no viola los derechos de nadie, nadie tiene derecho a inmiscuirse y prohibir por la fuerza un acuerdo voluntario y libre entre dos personas.

Es totalmente legítimo que las personas mantengan relaciones sexuales con quien consideren oportuno siempre que las dos partes estén de acuerdo. Ninguna opción moral concreta puede utilizarse para justificar la prohibición y la ilegalización de la prostitución. En este sentido, la posibilidad de prostituirse es un derecho humano independientemente de si lo consideramos indeseable desde el punto de vista moral. La prostituta tiene todo el derecho de explotar su cuerpo como quiera. Si el Estado prohíbe la prostitución está convirtiendo actividades pacíficas en criminales.

Por otro lado, la prohibición nunca ha conseguido que la prostitución cese. Lo único que ha hecho ha sido desprotegerlas porque las ha dejado sin derechos (ni obligaciones), además de obligarlas a trabajar en malas condiciones de seguridad, limpieza, higiene y tranquilidad. Sobre la necesidad de legalizar la prostitución y las consecuencias de su prohibición hablé más en detalle en otro artículo.

En cuanto a la prostitución en las calles, lo primero que conviene señalar es que es discutible que a las calles sólo se les deba dar el uso transitar por ellas y no otros posibles usos como pueden ser el de comerciar, mendigar, vivir, prostituirse, hacer grafittis o colgar carteles. Esto es así porque la sociedad no es un bloque compacto homogéneo, sino que las personas tienen distintos gustos y preferencias dependiendo de sus valores morales.

El problema surge porque estamos hablando de un bien cuya utilización/consumo es compartido por muchas personas. En el caso concreto de la prostitución, habrá gente que considere su práctica en la calle como una cosa normal y corriente, mientras que habrá otros que lo considerarán degradante y no desearán pasear con sus hijos (o sin ellos) por calles en las que se puedan ver prostitutas.

Ante esta situación, creo que el debate que surge está mal planteado. Normalmente la discusión gira en torno a la moralidad o no de la práctica de la prostitución. ¿Debe prohibirse del todo? ¿Debe permitirse pero no en la calle? ¿Sólo en lugares determinados? Pese a ser cuestiones importantes que se plantean automáticamente, en mi opinión son secundarias de cara a solucionar el problema, ya que el debate debería estar dirigido a reflexionar sobre la titularidad de las calles. Todas las preguntas anteriores se resuelven al tratarse este aspecto, ya que el titular será quién imponga las reglas y normas morales que han de cumplirse.

Pues bien, ¿de quién son los bienes públicos? ¿A quién pertenecen (realmente)? Aunque parezca que nos pertenece a todos los ciudadanos y que, por tanto, no hay propietarios reconocibles, en realidad sí que los hay: el gobierno (o ayuntamiento). Los gobiernos son los que deciden los usos de las calles. A efectos prácticos son los verdaderos dueños y propietarios, pese a que se denomine a esos bienes “públicos” o “colectivos” para dar la sensación de que tenemos la posibilidad de influir en las decisiones.

Lo que suele suceder en estas ocasiones es que el gobierno asume un rol totalmente pasivo hasta que se forma un conflicto o problema social. Y en ese momento decide actuar. Pero si ya hemos comentado que existen infinidad de diversas preferencias en la sociedad, ¿en base a qué criterios va a actuar?

No solamente su actuación es arbitraria, sino que está guiada y comandada por los grupos de presión. La decisión no es colectiva, no la toman los ciudadanos, sino que la toman grupúsculos de presión, que son pequeños en número pero muy organizados que ejercen presión sobre los políticos. Los distintos grupos intentar presionar para imponer su moral particular. Unos estarán a favor de la legalización y otros totalmente en contra; unos desearán que se pueda ejercer en la calle y otros en lugares apartados. En cualquier caso, su poder e influencia decantarán las acciones de los gobernantes. Y el ciudadano, inconsciente de este hecho, se sitúa (aunque no quiera) del lado de alguno de ellos.

La realidad es que no es posible determinar a priori los usos que se les dará a las calles si no son de titularidad privada, es decir, si no tienen un dueño claro y reconocible. La titularidad privada podría recaer en una comunidad de vecinos, personas individuales, empresas o asociaciones de comerciantes, entre otros.

La solución pasa por establecer derechos de propiedad claros que permitan evitar y solucionar conflictos entre las personas, y dejar que los procesos de mercado, espontánea y evolutivamente, acaben estableciendo qué opciones son las preferidas por un grupo de personas. De esa manera, los propietarios de la calle podrán decidir si se puede ejercer la prostitución, si no se puede ejercer en absoluto, o si solamente se puede ejercer en unas determinadas zonas.

Esta es la única manera de averiguar realmente cuál es el fin más adecuado que los propietarios creen que debe tener un bien (en este caso, las calles). Es la única posibilidad de conciliar pacíficamente distintas subjetividades. Mientras siga sin realizarse mediante este proceso, la decisión será política, es decir, coactiva y arbitraria. Y los problemas persistirán aunque se intenten enmascarar o tapar.

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Telma Ortiz “La Cooperante”: borboneando, que es gerundio

Sobre el nombramiento "a dedo" de Telma Ortiz en el Ayuntamiento de Barcelona. Publicado en Asturias Liberal y Aragón Liberal.

Uno no gana para sustos déspotas y totalitarios. De una de éstas no saldremos, para qué engañarnos. Hete aquí que Telma Ortiz, hermana de la princesa Leti, se incorpora al Ayuntamiento de Barcelona como subdirectora del Proyecto del Departamento de Relaciones Internacionales con el objetivo de fortalecer los vínculos de Barcelona con Asia y el área del Pacífico.

Lo primero que uno piensa es de dónde debe provenir la utilidad de que Barcelona tenga un departamento de relaciones internacionales. La verdad es que es difícil ver el interés de tener pseudo-embajadas barcelonesas esparcidas por todo el mundo (hasta ahora en países iberoamericanos; algunos africanos como Guinea, Sahara y Etiopía; y europeos como Bosnia y especialmente Sarajevo).

Lo lógico sería que, en tiempos de crisis, la Administración rebajase sus costes/gastos y aligerase su estructura para que el dinero destinado a esos proyectos se quedase en los bolsillos de los contribuyentes. Y, sin embargo, lo que se lleva a cabo es una ampliación del arco de países beneficiarios, ya que Asia nunca fue objetivo de ese departamento.

El puesto que ocupará Telma Ortiz es, por tanto, un cargo de nueva creación ya que no existía previamente en el Consistorio. Josep Roca, director del Área Internacional la ha fichado sin concurso. La remuneración de esta categoría profesional puede oscilar entre 20.649 y 62.699 euros. Los puestos de subdirector en las administraciones públicas son puestos de nivel 30, de los más altos de la Administración, reservados a funcionarios de categoría superior y amplia calificación y experiencia.

Lo condenable de la situación es que ha sido nombrada “a dedo”, es decir, que no ha accedido a la función mediante los controles oportunos. No ha superado ninguna prueba, examen u oposición. De hecho, parece ser que se presentó a las oposiciones de AECI (Agencia Española de Cooperación Internacional), dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, y no solamente no aprobó, sino que su clasificación fue considerablemente baja. A esto hay que añadirle el hecho de que es dudoso que reúna todos los requisitos para acceder al puesto público, como por ejemplo, el nivel C de catalán.

Es fácil concluir que se le ha nombrado por ser quién es, es decir, un miembro de la Familia Real. Vamos, es lo que se suele denominar coloquialmente un “enchufe”. Lo cual constituye un insulto monumental a todos los opositores del país, además de suponer una desigualdad ante la ley y una falta de respeto a todos los ciudadanos.

Si la chica tiene capacidad o no para desempeñar el cargo es otra cuestión. La verdad es que dicen que es una chica con unas capacidades limitadas y una trayectoria mediocre hasta que su hermana se convirtió en princesa. De todas formas, si tantas cualidades y capacidades tiene La Gran Cooperante, ¿por qué no se ha interesado en ella ninguna ONG, fundación o empresa privada?

Lo que no se entiende es como el Rey, consciente de que un miembro de la Familia Real no puede ostentar cargos públicos ni inscribirse en un partido político, no la haya colocado en una empresa privada en vez de una pública.

Y es que el Rey tiene una evidente responsabilidad en todo esto: o bien ha influido directamente en que se coloque a la hermana de Leti en el puesto, o bien no impide que esta señorita acceda a un puesto público aprovechándose de sus vínculos con la Casa Real.

En cualquiera de los dos casos, permite que se imponga el privilegio por delante del mérito, lo cual significa que está consistiendo que se beneficie a unos españoles y se perjudique a otros. Está promoviendo la desigualdad entre los españoles directa o indirectamente. Y esto conlleva un descrédito grave para la Familia Real.

No creo que la institución de la Monarquía quede muy bien parada. Este tipo de sucesos lamentables constituyen una de las mejores campañas anti-monarquía. Uno no puede dejar de preguntarse qué clase de asesores tiene la monarquía española. ¿Qué ejemplo constituye la Monarquía para los españoles en este momento? No quiero entrar aquí en el eterno debate de monarquía o república. Quizás en otro momento. Lo que quiero señalar, y de lo que estoy totalmente seguro, es que la institución de la monarquía se resiente fuertemente cuando surgen este tipo de hechos.

Y es justo que así sea. Es justo que quien promueva, apoye o no haga nada para evitar la injusticia y la desigualdad, caiga en descrédito y su popularidad se desplome. Ya se trate de políticos, monarcas o presidentes de repúblicas.

En este sentido, el creciente empeño que tiene la Monarquía española de acabar en un museo tampoco nos va mal a los liberales, ya que revela que la verdadera naturaleza de los dirigentes no es la de seres angelicales cuyo único fin en la vida es preocuparse de nuestro bienestar, nuestra autorrealización y nuestra felicidad.

Aunque, en realidad, es lógico pensar que los más felices con estos acontecimientos son los republicanos, que ven como con este nombramiento “a dedo” cae el prestigio que había conseguido la Monarquía durante tantos años. Y es que para bien o para mal, tanto si nos gusta o no, creo que la III República está un poco más cerca.

Más quiebras y menos bancos centrales

En este artículo publicado en Tribuna Libre de Libertad Digital hablo sobre como los bancos centrales han causado la crisis mediante la manipulación arbitraria de los tipos de interés y, además, no han permitido que los procesos de mercado depuren y eliminan las malas prácticas bancarias.

A estas alturas de la crisis financiera actual parece imposible negar la (mala) influencia que han tenido las autoridades monetarias en el desencadenamiento y prolongación de la misma. Por un lado, los bancos centrales han dado comienzo a la crisis mediante la manipulación arbitraria de los tipos de interés, y por otro, no han permitido que los procesos de mercado depuren y eliminan las malas prácticas bancarias que llevaron a cabo, como veremos a continuación.

Tipos de interés e insolvencia bancaria

Los bancos centrales, al reducir los tipos de forma arbitraria, fomentaron que los bancos fuesen más flexibles y proclives a conceder créditos ya que, en última instancia, se encontraban respaldados por ellos. Esta reducción de tipos hizo que los empresarios viesen como rentables negocios que, en realidad, no lo eran. Emprendieron nuevos proyectos de inversión más largos, contratando a trabajadores y comprando bienes de capital.

Se les indujo a actuar como si el ahorro de la sociedad se hubiera incrementado, cuando se trataba de dinero inflacionario que habían creado artificialmente gobiernos y bancos. En un determinado momento, los empresarios comprobaron que se habían equivocado a la hora de invertir.

Principalmente, se dieron cuenta de sus malas inversiones al observar los grandes beneficios que estaban obteniendo las industrias de bienes de consumo. El consumo de bienes de primer orden (bienes de consumo) de la sociedad había aumentado tanto que no se liberaban los recursos necesarios para concluir esos proyectos iniciados.

Concluyeron, por tanto, que había sido un error el llevar recursos productivos del consumo hacia las industrias de bienes de capital. Por tanto, vemos cómo los gobiernos y los bancos centrales han tenido una influencia directa en esta crisis, al hacer que los empresarios reciban señales falsas y que las entidades de crédito extiendan el crédito sin respaldo de ahorro voluntario.

Este proceso ha terminado en malas inversiones, iliquidez e insolvencias. El problema que se presenta actualmente a los bancos es de insolvencia (y no de liquidez), ya que son incapaces de hacer frente a sus deudas. El valor de éstas, está muy por encima del valor de sus activos (que están inflados).

La mala práctica bancaria: el descalce de plazos

En su momento, las entidades de crédito se aprovecharon de los bajos tipos de interés para adquirir deuda a corto plazo para invertir a largo. Pues bien, las crisis financieras se producen por llevar a cabo esta mala práctica bancaria: el descalce de vencimientos o de plazos (maturity mismatch). Es una práctica muy habitual y característica de la banca actual. De hecho, podríamos afirmar que las entidades de crédito son instituciones que se dedican a la transformación de plazos.

El descalce de vencimientos supone un desequilibrio temporal, ya que las entidades de crédito invierten a largo plazo con deuda a muy corto plazo. Por ejemplo, se produce cuando una entidad se financia con depósitos, préstamos o pagarés para financiar sus activos invertidos a muy largo plazo (cartera de hipotecas a 25 años).

Es decir, decimos que un banco padece un descalce de vencimientos cuando el plazo de los instrumentos (o valores) con el que se financia es diferente al plazo de los préstamos (o activos) en los que ha invertido. Lo ideal y conveniente sería que los activos y pasivos casasen o, lo que es lo mismo, que las inversiones a largo plazo se financiasen con fondos a largo plazo.

Los maturity mismatches tienen varios riesgos. El primero de ellos es que se produzca una situación en la que el tipo de interés de sus depósitos suba enormemente (por lo que la financiación se encarece), pero el tipo de interés de sus activos o préstamos no cambie por tratarse de instrumentos a largo plazo. En este caso, las entidades no podrían modificar los préstamos hipotecarios que han concedido (como sucedió a las Savings & Loans Associations norteamericanos en los años 80).

Otro riesgo del descalce de vencimientos es que los bancos no puedan renovar los depósitos a largo plazo, y no puedan vender los activos en los que invirtió. Sin embargo, las entidades de crédito consideran que este riesgo no es importante porque los depósitos están garantizados (hasta cierto punto) por el Fondo de Garantía de Depósitos, y porque pueden recurrir al Banco Central para obtener financiación a corto plazo.

La banca central, prestamista de última instancia

Y he aquí el principal motivo de la persistencia de estas malas prácticas bancarias: la posibilidad de recibir financiación de los Bancos Centrales. Esto es así porque los bancos centrales actúan como "prestamistas de última instancia" de los bancos comerciales y otras instituciones financieras.

La justificación de esta función es proveer liquidez a los bancos en problemas para impedir el contagio entre bancos y evitar los pánicos bancarios generalizados. De esta manera, según se dice, se frenarían las crisis sistémicas en el sector bancario.

Ya durante los años 90 las intervenciones de los bancos centrales con el objeto de evitar la quiebra de entidades financieras y garantizar la estabilidad del sistema financiero se multiplicaron pero, en cualquier caso, los fenómenos acontecidos en la crisis actual han dejado patente la total incapacidad de los bancos centrales (y los gobiernos) de hacer frente a una crisis financiera generalizada.

La intervención de los bancos centrales dificulta e impide la depuración de errores que se llevaría a cabo dejando actuar a los procesos de mercado. Y es que los bancos comerciales incurren en riesgos excesivos, ya que esperan y confían ser rescatados por el Banco Central en caso de necesidad.

Y este "riesgo moral" se refiere tanto a los bancos como a los depositantes, ya que ambos tomarán más riesgos de los que asumirían en caso de no existir la posibilidad de ser rescatados en situaciones adversas por parte del Banco Central.

Desde luego, no parece muy conveniente ayudar a los bancos cuyos problemas surgieron de una conducta poco prudente. Si un banco tiene problemas de liquidez, debe acudir al interbancario (que no deja de ser un seguro del mercado). Un banco claramente solvente que experimenta problemas de liquidez puede obtener créditos en el mercado interbancario. De ahí deducimos que si un banco no consigue créditos en el interbancario, significa que no solamente es ilíquido sino que, además, es insolvente.

Pues bien, curiosamente, la función del prestamista de última instancia es apoyar a los bancos que se encuentran en esta situación de clara insolvencia. Es decir, ¡su función es prestar a quienes nadie más quiere prestar! Y, evidentemente, el Banco Central se enfrentará a pérdidas, ya que es poco probable que preste contra activos de buena calidad.

El papel de las quiebras en un mercado libre

Sencillamente, los bancos insolventes que no conseguirían créditos deberían tender a desaparecer. Las quiebras son un punto principal en el funcionamiento de una economía de libre mercado. Cuando un banco se encuentra en un proceso de quiebra, los activos que están en posesión del deudor deberían ser repartidos entre sus acreedores (depositantes a largo plazo).

Si el banco llega a la fase final del proceso de quiebra significa que ha fracasado en el mercado, es decir, que el banco no es capaz de encontrar proyectos capaces de conseguir financiación ni créditos para saldar sus deudas.

Éste es el único mecanismo para que los individuos no corran más riesgos en sus actividades económicas y las malas prácticas se depuren o eliminen. Si este mecanismo de cierre/quiebra se dificulta o se bloquea por parte del Estado, continuarán existiendo estos bancos ineficientes en el aparato productivo de la sociedad, y se incentivaría el otorgamiento temerario de créditos a la vez que se fomentaría el surgimiento de nuevas crisis financieras.

Prudencia en ausencia de bancos centrales

Si se eliminasen los préstamos y rescates bancarios por parte de los bancos centrales y los gobiernos, los bancos actuarían de forma más prudente y responsable. En un mercado libre sería importante ofrecer garantías. Veamos los casos de las reservas y los riesgos de incumplimiento de pagos.

Las reservas: como hemos visto, el negocio de las entidades de crédito reside en prestar lo que reciben cobrando intereses. En este sentido, les interesaría prestar todos los depósitos que reciben, ya que el mantener reservas no genera ingresos. Sin embargo, deben tener reservas para hacer frente a posibles retiros de los depositantes.

Si las autoridades monetarias no acudiesen en su ayuda con préstamos masivos, los bancos se asegurarían de tener el efectivo suficiente para pagar a sus depositantes en caso de darse un retiro de depósitos, ya que de no ser así se enfrentarían a la posibilidad de cerrar o tener que pagar los costes asociados al retiro inesperado de depósitos. Estos costes vendrían de tener que cancelar créditos, vender una parte de sus valores privados, vender préstamos o pedir prestado a otros bancos (o instituciones).

Incumplimiento de pagos: en ausencia de bancos centrales, los bancos seguirían tratando de encontrar clientes que pagasen tasas de interés altas, pero prestarían mucha atención a su solvencia . Minimizarían el riesgo de incumplimiento de pagos, ya que adquirirían activos seguros. Vigilarían mucho más a quién se le concede un préstamo.

Conclusión

La intervención monetaria directa e indirecta de las autoridades monetarias en los mercados financieros ha propiciado la actual crisis económica. Directamente, mediante la manipulación de los tipos de interés. Indirectamente, fomentando las malas prácticas bancarias y evitando su depuración.

La supresión de las intervenciones monetarias por parte de los bancos centrales, así como la eliminación de los privilegios públicos que los gobiernos dan a las entidades de crédito, constituyen un requisito imprescindible para disminuir el número e intensidad de las crisis financieras y conseguir una estabilidad en el sistema financiero internacional.