Los sindicatos y su representación

Publicado en el Instituto Mises de Barcelona.

Una de las razones que esgrimen los sindicatos para justificar su existencia (mantenimiento mediante subvenciones) es que nos representan a todos los trabajadores.

Esto presenta ya, inicialmente, un problema de legitimidad. Básicamente porque sólo están afiliados entre el 10 y el 15% de los trabajadores. Un apoyo verdaderamente minoritario. Para que se pudiese hablar de representar a los trabajadores (si es que se pudiera) se necesitaría al menos el 80-90% de afiliación. Qué menos que eso. Y aún así sería injusto para el 10-20% restante, a los que se les debería permitir prescindir de ellos y de su representación.

La realidad es que entre el 85 y el 90% de los españoles no expresa su deseo de que los sindicatos le representen. Esta amplia mayoría no debe encontrar necesaria ni útil la acción de los sindicatos. De lo contrario, los apoyaría afiliándose y pagando su cuota.

Esta falta de apoyo me parece lógica. Porque, ¿para qué necesitamos la intervención de los sindicalistas en las relaciones laborales? ¿Es que los trabajadores no podemos tomar decisiones ni representarnos a nosotros mismos? ¿Acaso estamos en pleno siglo XIX? ¿No se ha desarrollado suficiente el Estado de Derecho?

Dicen que los sindicatos existen para defender los derechos de los trabajadores de posibles injusticias. Ya, muy bien. ¿Y para qué existe el Derecho Laboral y los abogados laboralistas? Diría yo que el Derecho Laboral es el conjunto de principios y normas jurídicas que regulan las relaciones entre empleador, trabajador y el Estado. Por tanto, si tenemos unas leyes laborales definidas y disponemos de infinidad de abogados laboralistas, ¿qué pintan los sindicatos? ¿Si la empresa incumple cualquier acuerdo voluntario al que hayamos llegado mediante un contrato voluntario, para qué necesito a un sindicalista si tengo un abogado laboralista especialista? Un abogado laboralista que no defiende cualquier derecho arbitrario que se nos pueda ocurrir (como los sindicatos), sino que defiende el cumplimiento de los contratos libremente pactados.

Todos vemos con normalidad el elegir un abogado para defendemos de injusticias que podamos sufrir en las demás parcelas de nuestra vida. Nadie entendería que un tercero interviniese en un conflicto entre dos partes determinando nuestra posición sin nuestro consentimiento. Es completamente absurdo y, sobre todo, liberticida. Parece de sentido común, que yo debo tener la libertad de elegir quién me defiende y cómo. Esto, desde luego, no debería ser diferente en cuanto a las relaciones laborales.

Si a esto se le une que la existencia de los sindicatos hace que yo no pueda negociar libremente con la empresa las condiciones de mi contrato, no queda más remedio que concluir que cualquier intento o amago de justificar la legitimidad de los sindicatos es defender lo indefendible.

El 29-S no es suficiente

Publicado en el IJM.

Partiendo de la base de que no me parece que una huelga general convocada por unos sindicatos estatales acabe siendo beneficiosa para las personas ni para la economía de un país en absoluto, sí que creo que la huelga del día 29 ha tenido algún aspecto positivo (aunque no suficiente como explicaré después). A saber: que la gente ha podido comprobar el modus operandi real de los sindicatos. No el teórico, sino el real.

Empezando con su retórica marxista rancia y caduca del siglo XIX. Desde luego, hay que estar muy trasnochado para hablar de “transformar las estructuras de poder”, de “explotación y opresión de los obreros por parte del capital”, de los “conflictos de clase” o de la “solidaridad de la clase obrera”. La gente del siglo XXI los percibe como meros clichés carentes de toda relación con la realidad.

Además, el pasado día 29 se pudo saber exactamente la función de los piquetes: intimidar y coaccionar a personas libres. La mayoría de los trabajadores han sufrido esta forma de hacer de los sindicatos, y se han dado cuenta de sus métodos violentos e injustos. De poco vale que se le aplique el adjetivo de “informativo”. Porque, ¿de qué nos quieren informar? ¿De que se ha convocado una huelga? ¿De los motivos de la misma? Entiendo que ellos están situados en pleno siglo XVIII, pero los demás terrícolas estamos viviendo en plena sociedad de la información y la tecnología. No solamente no necesitamos que nos informen justo el día de la huelga, sino que además han tenido mucho tiempo para ello.

Es fácil comprender que son meras excusas para intentar enmascarar las agresiones sindicales. La violencia de los piquetes y sindicalistas no siempre es física. También es verbal o psicológica, intimidando y amenazando con represalias o venganzas a aquellos trabajadores que expresen su deseo de ir a trabajar el día de la huelga.

Es curioso que a los sindicalistas se les llene la boca hablando de Estado de Derecho, cuando en realidad son un grupo muy minoritario de la sociedad que utiliza métodos violentos para coaccionar a los que no piensan como ellos. Curiosa manera de defender al trabajador.

Sólo por esto, creo que la huelga no ha sido en vano. Pero es insuficiente. La aristocracia sindical no perderá poder sobre la sociedad hasta que se les derrote moral e intelectualmente.

Moralmente, por dos razones. Primero, porque su existencia se debe única y exclusivamente a las subvenciones. Sólo en 2009 el gobierno destinó a los sindicatos la friolera de 193 millones de euros (para comprar su silencio por el 20% de paro, se supone). En una sociedad libre, las organizaciones y empresas se financian voluntariamente, pero los sindicatos saben perfectamente que ellos no se pueden regir por reglas de libre mercado, voluntariedad y la libertad de elección. Ellos deben seguir una estrategia de coacción y obligatoriedad (a través de medios políticos), porque con simplemente un 10-15% de trabajadores afiliados les sería imposible existir. La sociedad le está diciendo a este tipo de organización que no es útil, que no es rentable y que está desperdiciando los valiosos recursos escasos de que dispone (capital y trabajo) en unos proyectos deficientes en lugar de destinarlos a otros más demandados y prioritarios. Y esto va ligado con la segunda razón moral: con un 10-15% de afiliados, representan y toman decisiones por el 85% de los trabajadores españoles. Si esto es libertad y si esto es defender la libre voluntad del trabajador, ¡venga Dios y lo vea!

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El Wall Street Journal no nos deja muy bien...

Pese a los cuatro topicazos que sueltan en el video (como que sólo estamos de fiesta), estoy de acuerdo sustancialmente con gran parte de su contenido e ideas principales.

¿Aumentar la tributación a las SICAV?

Publicado en el IJM.

Verdaderamente, la socialdemocracia llega a mermar las capacidades intelectuales de (muchos de) sus súbditos. Distorsiona el sentido común de maneras insospechadas. Si no, no es fácil explicar que la mayoría de la gente se crea que subir los impuestos a las rentas muy altas es una medida positiva para la economía y para el país en general.

Uno de los mayores ataques lo sufren las sociedades de inversión de capital variable, las SICAV. Estos instrumentos de inversión han sido objeto de polémica casi desde su creación. Son instituciones de inversión colectiva que adoptan forma de Sociedad Anónima y que tienen por objetivo la captación de fondos de los accionistas, que invierten en la sociedad para gestionarlos y proporcionarles el mayor rendimiento posible. Se trata de una figura constituida para gestionar el patrimonio de los inversores con un nivel de activos elevado.

El punto más polémico es que estas sociedades, como el resto de las sociedades que gestionan fondos de inversión, tributan al 1% en el impuesto de sociedades, lo cual supone una ventaja fiscal importante.

No les falta tiempo a los lumbreras económicos de los gobiernos y de múltiples medios de comunicación para proponer una subida del Impuesto de Sociedades a todas las instituciones de inversión colectiva, desde el 1% actual hasta el 18%. Esta medida, dicen, tendría un efecto recaudatorio de más de 15.000 millones de euros.

Esto no deja de ser wishfull thinking típicamente liberticida e intervencionista. La realidad es que el ser humano no permanece inmóvil e impasible ante un cambio de circunstancias en su entorno. ¿Qué significa esto aplicado a las SICAV? Pues simplemente, que los inversores, que son personitas de carne y hueso como usted y como yo, ante una subida espectacular del gravamen lo que van a hacer es evitar sufrirla. Por el comprensible hecho de que no desean que el gobierno de turno dilapide su fortuna en obras públicas y financiando a grupos de presión.

Estos pasos en falso de los gobiernos solamente empobrecen a sus poblaciones. Para muestra, un botón: recientemente supimos que el 70% de las grandes fortunas abandonan el País Vascodebido a la decisión del gobierno autonómico de elevar la tributación de las SICAV del 1% al 28% en el Impuesto de Sociedades. 65 de las 92 SICAV que había domiciliadas en Vizcaya, Guipúzcoa y Álava al inicio de 2010 se han registrado en otras comunidades, principalmente Madrid. Unos 420 millones de euros han dejado el País Vasco. Y se estima que para finales de año, las 27 sociedades que quedan en el País Vasco también hagan las maletas y abandonen la región.

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El humor de Ronald Reagan

Una de las cosas que destacaban a Ronald Reagan (probablemente el mejor presidente del siglo XX) fue su humor. Dejo varios videos.


“Se supone que la política es la segunda profesión más vieja del mundo. Estoy empezando a darme cuenta de que se parece mucho a la primera.”

"Las 9 palabras más terroríficas en el lenguaje: 'soy del gobierno y estoy aquí para ayudarle'".

“La recesión se produce cuando el vecino pierde su trabajo; la depresión, cuando el que lo pierde es uno mismo; y la recuperación, cuando quien lo pierde es Jimmy Carter.”

"¿Cómo puede un presidente no ser un actor?" cuando fue preguntado "¿cómo un actor ha llegado a presidente?

Recomendaciones (en honor a Paco Capella)

Siempre es de admirar que alguien se juegue su tranquilidad laboral (digámoslo así) para ser coherente con las ideas que defiende.

Así que, siguiendo una práctica habitual en su blog, voy a hacer unas cuantas recomendaciones de sus escritos y entrevistas sobre el tema de los controladores:

(2010-08-03) Huelga de controladores aéreos. Libertad Digital.

Estos abultados salarios se han conseguido mediante la elevación de la demanda de controladores y la restricción de su oferta, fenómenos que no han sido ajenos a la presión sindical y a su capacidad de hacer daño al dejar de prestar un servicio esencial difícilmente sustituible (la unión hace la fuerza, especialmente en un monopolio público como éste). Los propios controladores decidían de forma casi unilateral cuántos eran necesarios durante cada turno en cada dependencia (las configuraciones de referencia, con cantidades a mi juicio infladas y exageradas porque prácticamente siempre solía cobrar personal, a menudo se abrían sectores no estrictamente necesarios y las horas efectivamente trabajadas estaban lejos del límite reglamentario). Dada la limitación de horas a trabajar por convenio (1.200 anuales) se programaban grandes cantidades de horas extra.

(2010-08-06) Los salarios de los controladores. Libertad Digital.

(2010-08-09) Dar o no dar directos a los aviones. Libertad Digital.

(2010-08-12) No habrá huelga... por ahora. Libertad Digital.

Pretendiendo haber hecho "un ejercicio de responsabilidad" y "demostrado un gran sentido de Estado", el sindicato USCA ha decidido no hacer, al menos en agosto, una huelga que amenazaba con provocar el caos aéreo en plena temporada turística. Tal vez han olvidado que en las Islas Canarias la temporada alta va mucho más allá del verano. Y que el turismo no es la única razón de ser del transporte aéreo. Quizás su sentido de Estado y su responsabilidad no son suficientes como para renunciar de forma indefinida al daño que pueden hacer con una huelga en un sector profesional tan peculiar. Llevan demasiado tiempo acostumbrados a conseguir sus objetivos mediante medidas de presión y les va a costar adaptarse a circunstancias en las cuales la profesión debe abrirse a la competencia y el salario debe estar estrechamente ligado a la productividad.

Entrevista en ABC

—¿Es justo un parón como el previsto?
—Rotundamente no, por eso hago esto. Primero, el sector turístico español no se merece una amenaza de huelga como esta. Y segundo, los controladores aéreos hemos sido unos privilegiados; incluso ahora, en condiciones menos favorables, lo seguimos siendo. Además, están pagando justos por pecadores: no todos los sueldos han sido tan gigantescos como los que dijo el ministro José Blanco, pero las cifras que dio sí eran ciertas: el salario medio era de 330.000 euros, y había gente que ganaba más. Por eso que algunos digan ahora que sólo cobramos 100.000 euros... Estamos hablando de una asociación muy cerrada que se preocupa muchísimo solo de ellos mismos. Sí, somos 2.400 familias, pero el país son 45 millones de personas. Que piensen en el resto del país.

—¿Pero cómo se ha llegado a esta situación?
—Pues porque son los únicos con la competencia para dar un servicio tan esencial como este. Ellos dirigen la escuela y en parte establecen el filtro para decir cuántos controladores. Y son los que deciden, casi de forma unilateral, cuántos controladores hay en cada turno. Eso originó una situación en la que siempre había más gente de la
necesaria en la torre de control, cobrando, por supuesto, esas horas extras en las que no se trabaja al cien por cien de lo podría haber exigido AENA. También ha favorecido esta situación la ultraactividad del convenio colectivo: es tan bueno que ahora no se va a
renunciar a nada de lo conquistado, siempre se va a pedir más. Todo esto se desmelenó hace cinco años, más o menos, cuando Barajas empezó a operar con las cuatro pistas y no se sabía cuáles iban a ser las necesidades en la torre de control. Para saberlo, AENA, evidentemente, preguntó a los controladores. Y como ellos deciden cuánta gente hace falta...

—¿Pues son ellos los que dicen que si no se atienden sus demandas se está poniendo en peligro la seguridad de los pasajeros?
—Esas son acusaciones muy graves. Están vendiendo el miedo, asustando a la gente. Es su estrategia, una campaña de imagen que utilizan para presentarse como víctimas ante la sociedad y responsables únicos de la seguridad de la aviación. Exageran cada vez que hacen declaraciones públicas en las que dicen sentirse esclavizados y denigrados. Yo
no me siento así, así que nada de eso, a mi jucio, es cierto.

Un controlador ve "alucinante" el rechazo a la propuesta de AENA y dice que hubo huelgas de celo. El Economista

El antiguo miembro de USCA subraya que la huelga "es un derecho de los trabajadores", pero también la considera "una medida de presión", especialmente si no se concreta en una fecha, ya que ello genera "una incertidumbre brutal, enormemente dañina para el sector turístico".

En este sentido, apoya una posible modificación de la Ley de Huelga para restringir el uso de este derecho por parte de los controladores y otros colectivos sensibles de causar un gran perjuicio, "igual que ocurre en el caso de los militares".

Recomendaciones de Paco en su blog sobre el tema:

Encuentro con Juan Ignacio Lema, presidente de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)

No habrá huelga, editorial de El País

Los controladores toman tierra (con retraso)

Abaratamiento del despido: prosperidad y justicia

Publicado en el IJM.

Si hay alguna acción imprescindible para mitigar el impacto de la crisis actual y conseguir salir lo antes posible de ella, ésa es la reforma del mercado de trabajo. Es, sin duda, la más necesaria para la economía española y no admite más dilación, ya que está relacionada con el déficit público y la recuperación del sistema financiero.

En su incompetencia, el ejecutivo de Zapatero, influido por una mentalidad claramente keynesiana, ha esperado para hacer una insuficiente reforma laboral. Ahora, en plena crisis, con más de 4 millones de parados (tasa de paro del 20%) y un déficit de más del 10% del PIB, quizás habrá caído en la cuenta de la necesidad de hacer reformas en el mercado laboral, después de que la situación sea tan insoportable que ya no hay muchos inversores dispuestos a prestarnos dinero, es decir, que ya no puede seguir endeudándose más.

Y ciertamente, realizar una reforma en época de crisis siempre es más costoso y doloroso que hacerlo cuando realmente se deben llevar a cabo las reformas, esto es, en las épocas de bonanza. (Aznar podría tomar buena nota de esto). Pero ya conocemos la inclinación de los gobiernos (en especial el de Zapatero) de legislar a porrazo de urgencia. Pero lo crucial con la reforma laboral no es hacerla rápido, sino hacerla bien.

Bajo mi punto de vista, una buena reforma laboral es aquella que permite reducir los costes laborales,que son el coste total en que incurre el empleador por la utilización de factor trabajo.

Se pueden destacar tres principalmente: los costes salariales, las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social y las percepciones no salariales (entre las que se encuentran las indemnizaciones por despido). De estos tres costes, hay dos cuyas reformas son prioritarias: las cotizaciones a la Seguridad Social y las indemnizaciones por despido.

Me voy a centrar en la segunda, el abaratamiento del despido, porque creo que es la más significativo para la empresa. (En cuanto a la necesaria reducción de la cotizaciones a la Seguridad Social por parte de la empresa, hay que decir que realmente sería un beneficio para el trabajador y no tanto para la empresa, ya que lo que la empresa no pagase a la Seguridad Social se lo debería ofrecer necesariamente al trabajador para competir por el factor trabajo, por lo que sus costes laborales acabarían siendo los mismos).

Abaratar el despido hace que la contratación de nuevos trabajadores aumente automáticamente. Esto, que inicialmente puede resultar paradójico, es de fácil explicación: el empresario estará más dispuesto a contratar a nuevos trabajadores si sabe que en tiempos difíciles éstos no supondrán una carga pesadísima (muchas veces insuperable).

Lo que puede llevar a un empresario a querer despedir a un trabajador puede ser la mala situación económica de la empresa o la mala actitud y rendimiento del trabajador (ciertamente, todos conocemos casos en que un empleado que lleva muchos años en la empresa deja de rendir lo que se le supone y en muchos casos hasta genera discordia y conflictos con sus compañeros, pero la empresa no puede despedirlo por los altos costes que supondría su despido).

Desde luego, el poder llegar a estas dos situaciones y tener que asumir los altos costes de la indemnización de despido supone para el empresario un escenario poco alentador y arriesgado de cara a la contratación de trabajadores. Sin embargo, si el empresario sabe que no deberá incurrir en esos elevados costes laborales en caso de que la situación se torne mala, será mucho más proclive a incorporar nuevos trabajadores a la plantilla. Es de sentido común.

En este sentido, hay que darse cuenta que el abaratamiento del despido y el aumento de la contratación son dos caras de la misma moneda. Un marco laboral más flexible no hace que los empleados sean echados, sino que sean contratados.

Realmente, lo perjudicial de la situación no es que existan las indemnizaciones por despido, sino que éstas no se puedan pactar voluntariamente por las partes. Aquí reside el problema.

Las actuales indemnizaciones de despido suponen una injusticia tanto para la empresa como para el trabajador. Para la empresa, porque el único criterio que debería tener en consideración un empresario a la hora de despedir a un trabajador es su productividad, es decir, si cumple bien o mal las tareas pactadas con él en su momento, y no cuanto tiempo lleve en la empresa. Y para el trabajador porque, debido a que las indemnizaciones de despido están ligadas al tiempo de permanencia, en situaciones de dificultad económica para la empresa se acaba despidiendo a personas más jóvenes o que llevan menos tiempo en la empresa por el único motivo de que cuesta menos despedirlas, aunque estén mejor preparadas o su productividad sea mejor. Además, cualquier empresa responsable hace provisiones en previsión de las futuras indemnizaciones de despido que le puedan surgir, y esto se hace con cargo al salario de los trabajadores.

Ciertamente, el abaratar el despido es una medida antipopular en una sociedad tan dependiente del Estado como la actual, que no ha caído en la cuenta de las nefastas consecuencias para la persona que tiene que el Estado se adueñe ilegítimamente de los asuntos principales de nuestra vida (como, por ejemplo, el trabajo: nuestra libertad para contratar y ganarnos el sustento).

Pero el gobierno debería recapacitar qué interesa más, su popularidad o la prosperidad económica del país. Y ciertamente, sin la eliminación de las indemnizaciones de despido, España será un país menos prospero y, sobre todo, más injusto.

NRA Tribute to Charlton Heston

NRA Tribute to Charlton Heston:
(via Jorge Valin)




NRA: The Untold Story of Gun Confiscation After Katrina:




minuto 3:14 - "they took something they didn´t have the right to take"

Second Amendment to the United States Constitution:
"A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed."

Los especuladores huyen de Zapatero

Publicado en el IJM.

El Gobierno, sus adláteres y un gran número de intelectuales no han tardado en acusar a los especuladores de ser los culpables del sobrecoste en la financiación del estado y la caída de la bolsa. Con lo fácil que hubiera sido para el Gobierno mirarse al espejo para encontrar al culpable… Pero ya sabemos que es más fácil (y sobre todo más conveniente) para la casta política inventarse un chivo expiatorio sobre cuya cabeza se puedan cargar todas las culpas del pueblo y expulsarlo al desierto entre el griterío y las imprecaciones del pueblo contra él.

Y es que la condena de la especulación es un recurso que los políticos suelen llevar a cabo cada vez que la economía no funciona como ellos quisieran, es decir, cuando la realidad no se ajusta a sus deseos e intenciones políticas… El especulador suele aparecer siempre como el malo de la película, como un agente que crea escasez y pobreza aprovechándose de las necesidades de la sociedad. Vemos en los medios de comunicación como se les acusa de hacer que el precio de la gasolina, la comida y las viviendas aumenten constantemente. Al hacerlos parecer los enemigos públicos número uno, es fácil proponer que la especulación deba ser regulada e incluso prohibida.

Pero lejos de ser así, los especuladores son imprescindibles en la sociedad y la economía.

Todos, sin excepción, especulamos en el mercado debido al conocimiento incompleto que tenemos del futuro. En este sentido Ludwig von Mises decía “los capitalistas, los terratenientes y los trabajadores, todos ellos, por fuerza, son especuladores”. El inversor que compra unas acciones en lugar de otras porque cree que obtendrá más ganancias, especula de la misma manera que un agricultor que este año plante patatas en vez de arroz porque piensa que le será más rentable.

Especulamos económicamente, ya que debemos prever nuestras futuras necesidades. Por ejemplo: cuando compramos más leche esta semana porque sabemos que será más cara la semana que viene; cuando adquirimos bienes antes de julio porque en ese momento subirá el IVA; cuando compramos un casa porque vemos que puede revalorizarse y podremos venderla a un mayor precio; cuando pagamos un seguro de vida, médico o de coche aunque nunca lo utilicemos, etc.

No solamente eliminar la especulación es técnicamente imposible, sino que tendría consecuencias negativas para la sociedad.

El especulador tiene un papel fundamental en la economía básicamente por dos razones. Primero, porque reasigna recursos en el tiempo. Lo cual permite beneficiarse tanto al especulador como a los consumidores, ya que permite distribuir la oferta de bienes a través del tiempo. Si un especulador piensa/descubre que existirá una escasez en el futuro de petróleo, lo comprará hoy a precios bajos para venderlo en el futuro a precios mayores cuando exista esa escasez. Traspasa los periodos de abundancia relativa a los de escasez.

Segundo, el especulador cumple una función de estabilización de precios. El especulador (exitoso) compra cuando ve que los precios aparecen subvalorados, haciendo subir los precios. Por el contrario, vende cuando los precios están sobrevalorados, por lo que hace que el precio baje. De esta manera nivela los precios.

Los especuladores, o inversores como se les debería llamar, basan su acción en la previsión y en la anticipación. Están dispuestos a asumir riesgos (porque no pueden adivinar el futuro) en base a la información que disponen en ese momento. Y las noticias provenientes de España sobre las acciones de su gobierno no incitan mucho a invertir y apostar por ella. La mala atmósfera financiera española hace que los inversores teman interferencias arbitrarias en su capital y ganancias.

Como he dicho al principio, si el Gobierno quiere conocer al culpable de la situación, sólo hace falta que se mire al espejo. Así de fácil. En lugar de acusar a los especuladores de antipatriotas o desestabilizadores cuando mueven el capital financiero del país, deberían darse cuenta que lo hacen para protegerlo de la atroces medidas económicas que lleva a cabo el Gobierno español. Está claro que nuestros políticos no entienden el funcionamiento de los mercados. Cierto es que los mercados tienen un funcionamiento complejo que Zapatero (ni nadie) podrá aprender en dos tardes. Pero lo que sí que debería estudiar Zapatero son los motivos de la falta de credibilidad de su Ejecutivo. Igual así conseguiría que los inversores no huyesen despavoridos de España.

¿Seguro que la subida del IVA no creará distorsiones?

Artículo en el IJM.

Según afirmó Elena Salgado, ministra nada menos que de Economía, la inminente subida del IVA del próximo julio no causará distorsiones y efectos perjudiciales en la economía española. Uno no puede dejar de sorprenderse de que afirmaciones como ésta salgan de la boca de una ministra de Economía, que idealmente debiera ser la persona que más sabe de economía de España o, al menos, la que mejor asesores económicos tuviera.

Antes de entrar a comentar las distorsiones, hay que decir que la subida del IVA (o de cualquier otro impuesto) no solamente creará numerosas y perjudiciales distorsiones en nuestra economía, sino que no solucionará en ningún caso el problema de nuestro déficit, como ya comenté en un anterior artículo.

Dicho esto, lo que está claro, al menos económicamente hablando, es que el incremento del impuesto se trasladará a precios. En otras palabras, los comerciantes se verán en la obligación de “cobrar” la subida al consumidor. El gran afectado es el consumidor, como (casi) siempre.

Por lo tanto, aquí tenemos la primera gran distorsión: en el escenario actual de crisis económica, la subida del IVA va a causar que sea más difícil salir de esta crisis. Incluso la Comisión Europea advirtió que la tímida recuperación que se esperaba para el segundo trimestre se vería truncada por la subida del impuesto. Se estima que costará 1.000 euros anuales a cada familia. Nada menos. Y esto significa que las personas tendrán menos recursos para hacer frente a sus deudas y reestructurarse financieramente. Lo cual significa que seguiremos en recesión. Eso sin contar que la subida del IVA no “la pagarán los ricos” (como se suele decir demagógicamente), sino que recaerá sobre las rentas más bajas y los pensionistas. ¿Pretende la ministra Salgado hacernos creer que esto no supone una tremenda distorsión?

Además, ¿no habían quedado nuestros queridos gobernantes, consejeros y economistas keynesianos que lo que había que promover era el consumo? Si la demanda es débil ya de por sí, una persona sensata se preguntaría cómo pretenden estimularla castigando el consumo con la subida del IVA. El sentido común nos dice que si los bienes y servicios son más caros y nuestra renta permanece constante, no podremos adquirir el mismo número de bienes que adquiríamos antes (o tendremos que endeudarnos más todavía…). Si yo antes destinaba 100 euros a comprar una serie de bienes y ahora estos mismos bienes cuestan 110, está claro que me veré forzado a comprar menos cantidad. Zapatero, que ya sabemos que nació con otra lógica cerebral, afirmó que “[la subida del IVA] es la medida que ahora menos daño hace al consumo y a la recuperación de la actividad”.

La ministra Salgado, no obstante, nos intenta convencer de que sólo un 50% de la subida se trasladará a precios. Quizás sea así, quién sabe. Pero si los empresarios no repercuten el 100% de la subida al consumidor es porque no pueden hacerlo debido a que la gente no consumiría lo mismo, con lo que deberán absorber el incremento del impuesto ellos mismos, con las consiguientes pérdidas y reducciones de márgenes. En algunos casos eso significará una pérdida de competitividad y la descapitalización de la empresa, y en otros casos se traducirá en el cierre de la empresa y la destrucción de empleo.

Desconozco si la ministra considera esto una distorsión, pero en cualquiera de los dos casos, significará un descenso en la actividad económica. Y es que los impuestos siempre suponen un castigo a los que producen, que son el motor del crecimiento económico y son los que aumentan el nivel de vida de todos, haciendo que el país sea más rico y próspero. El resultado es un nivel de vida más bajo y menores oportunidades de empleo. Cosa que pagan los trabajadores, los accionistas y los consumidores, empobreciéndose la sociedad en su conjunto. El Estado debería premiar a los emprendedores y productores que innovan, invierten, trabajan y crean, porque son ellos los creadores de riqueza.

Por eso, cuando desde el gobierno se nos dice que no queda más remedio que subir los impuestos porque el Estado no ingresa lo suficiente, habría que recordarles que la recaudación del Estado no se ha reducido porque los impuestos sean bajos, sino porque se ha dilapidado/hundido la actividad económica.

La ministra Salgado nos muestra lo que un buen político demagogo (valga la redundancia) no puede olvidar bajo ningún concepto: nunca valorar y reflexionar acerca de los posibles efectos secundarios de sus decisiones; pensar que, después de que ellos metan la manaza en la economía, todo va a quedar igual, nada se va a alterar, todas las variables permanecerán constantes. Lo cual significa pensar que el ser humano no reacciona ante un cambio de circunstancias, que no le afecta nada, que actuará igual pase lo que pase en su entorno. Curiosa manera de entender la economía y la naturaleza humana…

Y mientras tanto, Zapatero con su peculiar lógica cerebral va afirmando que “empezamos a dejar atrás la recesión”.

Un oyente de Protagonistas se desahoga...

¿Subida del IVA? ¡No, gracias!

Artículo en el IJM en el que me posiciono en contra de la subida del IVA.

A estas alturas no queda ni un solo analista medianamente serio que crea en la capacidad de España de reducir su déficit a un nivel inferior al 3% del PIB para 2013 como fija el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC). Actualmente ronda el 10%. Una de las medidas que el gobierno quiere tomar para alcanzar el objetivo de pagar la deuda galopante es la famosa subida del IVA: del 16% al 18% en el tipo general, del 7% al 8% en el reducido.

Antes de comentar la conveniencia o no de las subidas del IVA, se debería pensar cómo es posible haber llegado a esta situación, es decir, por qué se llega a estos gigantescos niveles de déficit. Los motivos son básicamente dos:

El primero, es el tremendo gasto público que proviene de la imparable expansión de los estados del bienestar, que suponen un continuo y progresivo avance en cuanto a la intervención y control de todos los aspectos de nuestra vida. El Estado, pilotado por el poder político de turno es actualmente el encargado de garantizarnos la cobertura de un amplio conjunto de necesidades como las pensiones, la asistencia sanitaria, la permanencia del puesto de trabajo, el pleno empleo perpetuo, la vivienda o el subsidio de paro. Y, evidentemente, pese a sus promesas y discursos sobre la gratuidad de estos servicios, éstos se deben pagar (y muy caro, por cierto).

El segundo motivo por el cuál se llega a este escenario deficitario es la inclinación y preferencia de los gobiernos a financiar ese gasto público con otras herramientas que no sean los impuestos, como por ejemplo, endeudándose o emitiendo moneda principalmente (en el caso de España, esta última vía no es viable gracias a Dios). Y es que los Estados deberían financiarse exclusivamente con los impuestos de los ciudadanos. De esta manera existiría un límite para el gasto estatal. No podrían gastar más de lo que ingresan. Al mismo tiempo son impopulares, por lo que no podrían aumentarlos ilimitada y alegremente. Sin embargo, los gobiernos desean gastar más por motivos populistas, por lo que deben recurrir a generar inflación o emitir deuda para financiarse. Además, aprovechan que el ciudadano no es plenamente consciente del impacto que tienen en su renta estas vías alternativas de financiación estatal.

Dicho esto, creo que es un grave error subir el IVA para intentar solucionar el déficit español (realmente creo que subir cualquier impuesto siempre es un error y una medida empobrecedora para todos). Para empezar, el dinero recaudado por esta subida será de unos 5.150 millones de euros, mientras que el déficit es de más de 120.000 millones de euros.

No sólo no reducirá significativamente el déficit, sino que impedirá la salida de la crisis. Este es mi principal argumento en contra de la subida del IVA. ¿Por qué? Porque dilapida la renta de los ciudadanos y empresas, con lo que evita que salden sus deudas y que puedan reestructurarse financieramente. Despilfarra los recursos necesarios para que la crisis se vaya superando progresivamente. El gobierno debería favorecer el ahorro privado, pero no para consumirlo él en nuevos programas de gasto público prescindibles y subvenciones a sectores, sino para que pueda ser puesto a disposición de los intermediarios financieros y, de esta manera, favorecer la inversión.

Si lo que quiere el gobierno es recaudar y tapar de esa forma el déficit, ¿qué mejor que estimular la recuperación cuanto antes? De esa manera podrá recaudar más porque la actividad económica y productiva será mucho mayor que la actual. Pero para ello hay que liberar recursos para que el sector privado genere riqueza. Y eso sólo se puede hacer bajando los impuestos, las trabas burocráticas, ayudando a liquidar las malas inversiones, haciendo que los factores productivos se dirijan hacia áreas más productivas y rentables y… ¡recortando notablemente el gasto público!

Por tanto, la solución no pasa por subir los impuestos, sino por que el Estado mengüe. Para empezar, podría eliminar los Planes E, reducir un 10% el sueldo de los funcionarios, eliminar ministerios (el primero el de Igualdad, que queda muy progresista y moderno en época de bonanza, pero que resulta menos gracioso con un 20% de paro), eliminar subvenciones y retirar las ayudas a sectores específicos.

Desafortunadamente, ya sabemos por experiencia que el Estado prefiere aumentar la coacción sobre ciudadanos y empresas antes que menguar lo más mínimo. Y ese es otro motivo principal por el cual no deben subir los impuestos: no volverán a bajar. Históricamente se ha demostrado que el Estado incumple la promesa de volver los impuestos a su situación anterior. Sencillamente, los impuestos no habría que subirlos ni “temporalmente” como predican algunos.

Vaya semanita: todos funcionarios

El fracaso del sistema de pensiones y la "previsión social"

Publicado en el IJM.

Con la propuesta del Ejecutivo de retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años se vuelve a abrir el debate sobre las pensiones. Lo cual no está mal, porque nos permite examinar el sistema actual y reflexionar sobre él, algo necesario en un sistema democrático. Sin embargo, el problema no es nuevo. Ya hace más de 15 años que economistas y expertos en la materia vienen planteando la necesidad de reformar el actual sistema de pensiones.

La raíz del problema es que el sistema es de reparto. Las pensiones actuales las pagan los trabajadores actuales, es decir, que los pensionistas no reciben lo que han ido ahorrando o invirtiendo, sino que viven de las cotizaciones de los que trabajan a día de hoy. Este sistema, que no deja de ser piramidal (como Madoff y Afinsa), se va sosteniendo mientras el número de cotizantes sea mucho mayor que el de pensionistas.

El problema surge cuando la pirámide poblacional se va invirtiendo debido a la baja natalidad y al aumento de la esperanza de vida, momento en el que cada vez es más difícil pagar las prestaciones, y éstas cada vez son menores. En España se estima que para 2049 habrá 15 millones de personas mayores de 65 años y diez millones de menores de 16 años, lo cual significa que más del 50 por ciento de la población no estará en edad de trabajar dentro de 40 años.

Sin embargo, este esquema piramidal, pese a ser igual de fraudulento que los demás, tiene una peculiaridad: que puede no suspender pagos. El Estado puede hacer que la pirámide no caiga. Eso sí, bajando cada vez más las pensiones (o subiendo los impuestos). Estrictamente hablando, siempre será posible garantizar su solvencia, si por solvencia entendemos que el tener o contar con medios suficientes para satisfacer las propias deudas y cumplir con los compromisos adquiridos. En el caso de las pensiones, a lo único que se ha comprometido el político es a dar una prestación, pero nadie sabe la cantidad.

El político recurrirá, por tanto, a manipulaciones constantes y sistemáticas para no dejar caer el sistema. Esto quiere decir que, si no se apuesta por cambiar el modelo, siempre se deberán ir haciendo "reformas" para evitar su inherente quiebra.

Un posible parche consiste en incrementar el número de años para cobrar la pensión, es decir, aumentar la edad de jubilación. Otro puede ser ampliar a toda la vida laboral el periodo de cómputo de la pensión. En este último caso se ve claramente como la prestación debe reducirse forzosamente, ya que el importe de la pensión tomará los primeros años de trabajo, que son aquellos en los que se cobra menos sueldo. En definitiva, es evidente que con cualquiera de estas medidas/parches nos quedará menos dinero y no se podrá contar con una pensión digna.

Las pensiones entran dentro del sistema implementado por el Estado denominado "previsión social", que se nos asegura que son un conjunto de prestaciones en beneficio de los trabajadores y de sus familiares, que tienen por objeto elevar su nivel de vida económico, social, cultural e integral. Busca generar condiciones de seguridad a los ciudadanos durante toda su vida. Un ejemplo serían las pensiones públicas, que deben atender las necesidades de la población cuando por su avanzada edad disminuya su capacidad de trabajo.

Pero la realidad es que este sistema ni protege ni prevé nada. Y por supuesto, no es social. No mejora la condición de los trabajadores; no ayuda a superar la pobreza, sino que la aumenta; no elimina las desigualdades y discriminaciones, sino que las incrementa; no consigue aplacar los riesgos en empleo, salud, educación y previsión; no protege a quienes más lo necesitan y, además, genera condiciones de más incertidumbre al término de su vida laborar activa.

Desde luego, si seguimos con la idea de que “el Estado proveerá” sólo tendremos una pobre, complicada y amargada vejez.

Chávez: el matón en acción

En el siguiente video con el matón de Chávez como protagonista, yo destacaría 3 cosas:

1) se ve claramente el tipo de Estado de Derecho que reina en Venezuela.

2) parece que Chávez se ha comido todas las arepas de Venezuela y Colombia juntas.

3) los voceros, parásitos y rémoras que aplauden y jalean a la Orca Asesina cuando devora a una inocente presa.

Venezuela devaluada

Publicado en el IJM.

No cabe duda que Hugo Chávez, presidente de Venezuela, es coherente. Este dictador con vocación de cómico no engaña a nadie; se le ve venir. No quiere saber nada de la economía capitalista y actúa en consecuencia. Todas sus acciones son consecuentes con lo que él llama “el socialismo del siglo XXI”, que a estas alturas de la película ya sabemos que viene a ser el socialismo de toda la vida.

Y ahí está la tragedia de Venezuela, porque los resultados de las medidas económicas implantadas por Chávez también acabarán siendo las del socialismo de siempre: pobreza y escasez generalizada.

El viernes 8 de enero, el gobierno de Hugo Chávez anunció la devaluación de la moneda. Posiblemente se inspiró en su admirado Lenin, que en una ocasión dijo: "¿Queréis destruir una nación? Primero destruid su moneda". Así, desde el lunes 11, comenzaron a regir dos nuevos tipos de cambio en el país. El llamado “bolívar fuerte" sufrió ajustes. Pasó de la paridad oficial actual de 2,15 bolívares por dólar, a una de 2,6 y a otra de 4,3 bolívares por dólar. Lo que significa dos devaluaciones, una de casi el 21% y otra del 100%.

¿Qué hizo la población ante esta circunstancia? Deshacerse de sus saldos de caja comprando bienes en tiendas y supermercados (¡incluso aunque no los necesitasen en ese momento!) porque sabían que se iba a producir una notable subida de precios (al doble en algunos casos) debido a que los bolívares iban a perder muchísimo poder adquisitivo.

Ante esto, Chávez no dejó pasar la ocasión para mostrar su estilo matonesco y su ineptitud económica. Aseguró que no hay ninguna razón para que nadie incremente los precios, y que no aceptaría que ningún comerciante burgués especulador (Chávez dixit) subiese los precios de los productos. Incluso instó a la población a “denunciar públicamente al especulador para que ellos [el ejército] interviniesen”. Un estilo que sólo identificamos al recordar los grandes totalitarismos del siglo XX.

Evidentemente, pese a las bobadas chavistas, los precios deben subir forzosamente debido al aumento notable de los costes. Imaginemos el caso de un comerciante que vendía a 700 bolívares un determinado producto que había adquirido previamente por 500. Si ahora ese producto le pasa a costar 1000 bolívares, resulta un poco difícil que prospere su negocio si lo sigue vendiendo a 700. Es decir, o suben los precios o desaparecen los negocios, no hay más salidas posibles.

Los ciudadanos, a su vez, por mucho que Chávez se ponga colérico, tratarán de huir de los bolívares para sustituirlos por otros activos/monedas con la intención de salvaguardar el valor de su riqueza. Los particulares acuden al mercado negro, donde pueden adquirir dólares a unos 6 ó 7 bolívares.

Menos suerte tienen las empresas extranjeras de cierto tamaño (sobre todo las españolas, colombianas y estadounidenses), que tienen que pasar obligatoriamente por el Banco de Venezuela para que les cambien sus bolívares a dólares (u otra divisa extranjera). Debido al criminal control de cambios que opera desde 2003, la Comisión Nacional de Administración de Divisas (CADIVI) procesa las demandas de conversión de moneda de las empresas. Éstas son obligadas a mostrar el origen de sus beneficios y luego solicitar la repatriación de dividendos a CADIVI. ¿Qué pasa con las empresas españolas que operan en Venezuela? Pues ha sucedido que después de la devaluación, y debido a que el Gobierno sigue teniendo la llave para que las filiales de empresas españolas paguen dividendos a sus matrices, éstas han visto reducirse a la mitad sus ingresos, beneficios, recursos y dividendos. Así de fácil. De un plumazo totalitario.

En realidad, el único que saldrá beneficiado con estas devaluaciones es el gobierno liberticida de Chávez, que al recibir más bolívares por cada dólar ingresado por petróleo, tendrá más fondos para poder cubrir el presupuesto y las numerosas obligaciones sociales de gasto que tiene. También podrá saldar y hacer frente a sus deudas, como, por ejemplo, pagar a los proveedores de servicios de la petrolera estatal PDVSA.

Y es que vivir gracias al petróleo (aporta cerca del 50% de los ingresos del presupuesto nacional y del 90% de las divisas que entran en el país) tiene un problema, a saber, que cuando los ingresos por petróleo disminuyen, dejan ver las consecuencias del socialismo chavista en Venezuela: existe escasez de agua y alimentos (la importación de alimentos se ha disparado); la inflación en 2009 fue del 25%, la acumulada es de más de 700%, y la deuda pública está cerca del 200%; las expropiaciones están a la orden del día; el número de funcionarios se ha casi triplicado; las exportaciones del sector privado venezolano son inexistentes; y han aumentado notablemente el número de pobres y enfermedades.

Y es que, desgraciadamente, lo que ese sátrapa llamado Chávez está consiguiendo con su gobierno incompetente, no es devaluar el bolívar, sino devaluar a Venezuela entera.

Habemus libro de Adrián Ravier

Acaba de ver la luz el libro de mi amigo argentino Adrián Ravier, investigador de la Fundación Friedrich von Hayek, que lleva por título “EN BUSCA DEL PLENO EMPLEO”.

Lo ha publicado Unión Editorial, que lo ha reseñado así:

“Esta obra se inscribe en la tradición iniciada por Roger W. Garrison de intentar hacer comprensible y de extender las ideas del paradigma austriaco al mainstream neoclásico. Adrián Ravier lo hace en su primer libro, sintetizando la macroeconomía austriaca del capital. En su segundo libro, presentando un estudio de economía comparada, apoyándose en la tradición austriaca para fundamentar una Curva de Phillips de pendiente positiva, que contradice los conocidos estudios de Phillips, Samuelson, Solow, Friedman, Phelps y Lucas, entre otros. En su tercer libro, ampliando el debate de «reglas versus discrecionalidad», sobre la base de los escritos de Hayek.”

Recomiendo encarecidamente su lectura a todo aquel que se interese por la macroeconomía y la teoría del ciclo austriaca. Es un libro muy completo.

Aquí podéis ver el índice.

Es interesante que también leáis el trabajo sobre curva de Phillips y la crisis de 2008 que Adrián presentó en la Asociación Argentina de Economía Política (AAEP): la curva de Phillips de pendiente positiva y la crisis de 2008.

Por último, quisiera también recomendar sus artículos en Libertad Digital y su blog: http://adrianravier.wordpress.com/

¡Feliz lectura!

Sociedad subvencionada, injusta, pobre y dependiente

Publicado en el IJM.

La sociedad actual se caracteriza por la búsqueda desesperada de subvenciones y ayudas públicas. Aunque esto es inherente a los estados modernos del bienestar, la situación se agrava notablemente en épocas de fuerte crisis económica como la actual. Sin embargo, una sociedad subvencionada es, por definición, una sociedad más pobre, menos próspera y más injusta.

Las subvenciones no dejan de ser transferencias unilaterales del Gobierno hacia particulares o hacia determinados sectores para alentar actividades económicas específicas (véase las ayudas al sector del automóvil, las subvenciones a los agricultores o las ayudas al cine español, entre otros).

El Gobierno extrae riqueza de quienes la han creado (eficientemente), y la reparten/redistribuyen entre aquellos particulares o grupos de presión que no son capaces de obtener ganancias en un mercado libre. De esta manera, las actividades subsidiadas por el Gobierno son aquellas que no podrían desarrollarse sin algún tipo de apoyo externo. Los gobiernos utilizan su legitimidad para poner el dinero de millones de ciudadanos en manos de intereses particulares, que buscan el favor y privilegio estatal para mejorar su cuenta de resultados porque no pueden satisfacer las preferencias de los consumidores en un mercado competitivo. Todo este proceso acaba desembocando en un tráfico de favores sin fin; lo que escuela de la Public Choice denomina logrolling. De esta manera se pervierte la democracia y el Estado de Derecho y la sociedad acaba siendo más injusta.

Además, la subvención no crea riqueza, sino que la destruye. Los subsidios se otorgan a particulares independientemente de la rentabilidad que tengan en el mercado. Los recursos no se asignarán eficientemente, ya que capital y mano de obra se trasladan a unas líneas de producción que en realidad no están siendo demandadas por la sociedad. Las ayudas públicas distorsionan los mercados porque se lleva a cabo una asignación de recursos distinta a la que se llevaría a cabo por los procesos de mercado mediante transacciones voluntarias. Las subvenciones incentivan a grupos a actuar como si la escasez no existiese, por lo que se resta eficacia y se maximiza la escasez. Lo cual desemboca en una sociedad menos próspera y más pobre.

También es una sociedad más dependiente y menos autónoma. Los individuos creen que el Estado debe tomar partido en las grandes cuestiones de nuestra vida, ya sea dándonos ayudas directas individuales, ya sea "salvando" a nuestro sector, o ya sea "garantizándonos" la cobertura de un amplio conjunto de necesidades como las pensiones, la asistencia sanitaria, la permanencia del puesto de trabajo, el pleno empleo perpetuo, la vivienda o el subsidio de paro, así como otros programas sociales de diversa naturaleza. Esto acaba generando una sociedad más infantil y menos autónoma, porque el parasitismo sustituye a la responsabilidad individual.